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Para los colombianos es claro que una eventual reforma pensional terminará por cambiar la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) tal como la conocemos. Todas las propuestas de gremios, centros de pensamiento y académicos plantean la necesidad de hacer cambios profundos en el Régimen de Prima Media (RPM), conocido también como el pilar público de nuestro sistema. La cuestión es hasta dónde llevar esa transformación.
Dos de las más recientes proposiciones generaron un gran debate nacional: una por sugerir volver Colpensiones una administradora de fondos de pensiones más y ponerla a competir con las que ya existen, como Protección o Colfondos, por mencionar algunos (propuesta de reforma de Asofondos), y otra por plantear la posibilidad de marchitar Colpensiones, suspendiendo las nuevas afiliaciones, hasta hacerlo desaparecer, eventualmente, tras cumplirles a los actuales beneficiarios (propuesta de ANIF).
La posición de este Gobierno no es clara, pues ni siquiera se conoce una propuesta formal de reforma pensional. Aun así son varios los analistas que han leído entre líneas el discurso del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y han asegurado que la intención del Gobierno es eliminar el Régimen de Prima Media. En cada ocasión, el Ejecutivo ha salido a desmentir esta versión alegando que apenas se está discutiendo el contenido de la normativa. Lo que sí han dicho varios funcionarios es que es necesario modificar esta modalidad de pensión, caracterizada por otorgar millonarios subsidios.
En este escenario aparece una nueva propuesta de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), que ya había hecho una serie de recomendaciones cuando el economista Leonardo Villar estaba en la Dirección. Ahora, con Luis Fernando Mejía como cabeza del centro de pensamiento, dicha proposición se replantea y toma una dirección más concertadora que la de sus pares.
“Las ofertas sobre la mesa son completamente distintas. La de ANIF genera un problema fiscal tremendo, porque hoy una fuente importante de financiamiento de Colpensiones son los aportes de los cotizantes, en un momento en que no hay espacio para aumentar el déficit fiscal. La de Asofondos implica volver a Colpensiones una AFP pública. Y la de Villar, aunque le da más dientes a Colpensiones, provoca desproporciones muy altas frente al pilar privado y un problema de disminución sustancial de ahorro, además de que se traduce en el largo plazo en un costo fiscal”, señaló Mejía.
Para Andrés Izquierdo, gerente Integral Soluciones Pensionales (ISP), no hay que satanizar el sistema ni quienes lo componen. “No me creo el discurso de que hay que sacar al Estado del esquema pensional porque es muy costoso para las finanzas públicas, ni tampoco el otro extremo de que solo los privados son capaces de garantizarle sostenibilidad al sistema. Hay que encontrar un punto medio, pero no por ser conciliador, sino porque se trata de derechos sumamente importantes, fundamentales, a los que no se puede renunciar porque afectarán la vejez de las personas”, dijo.
Para elaborar su modelo, Mejía partió de tres problemas: la baja cobertura (solo 25 % de las personas en edad de pensión tiene acceso a una mesada), justificada en la alta informalidad laboral; la inequidad horizontal (no se trata a las personas de manera similar), explicada en las diferencias entre el régimen público y el privado, y la inequidad vertical (74 % de los subsidios en pensiones llegan al 40 % de la población de más altos ingresos), que lleva a que el sistema cubra a muy pocas personas y a las menos desfavorecidas. “Nuestro sistema no está cumpliendo con el objetivo principal de un régimen de protección a la vejez, que es proteger a adultos mayores en condición de vulnerabilidad; lo que tenemos es exactamente al revés”, sentenció el economista.
La nueva propuesta de Fedesarrollo es migrar hacia un sistema de pilares y acabar la competencia, “no solo por la diferencia en beneficios (mientras en el régimen público una persona se pensiona en promedio con el 65 % de su salario, en el privado lo hace con un 35 % por cuenta de los subsidios, según la Fundación), sino porque complica las decisiones. Entender el sistema es muy difícil, es un rollazo”, de acuerdo con Mejía.
La base del sistema sería el esquema no contributivo; es decir, Colombia Mayor, el programa de protección social a la tercera edad que se encuentra desamparada. A este le seguiría un esquema semicontributivo, que es el plan de retiro de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), el cual permite aportes flexibles a pensiones para las personas de menos ingresos. Finalmente, habría un esquema de contribución definida en el que coexistirían el régimen público y el ahorro individual.
Los primeros dos ya existen, pero ¿cómo llegar al tercer nivel? Mejía la describe como una propuesta intermedia que balancea los problemas, no implica costos ni ingresos fiscales extraordinarios y mantiene flujos sustanciales al ahorro privado. Su reforma consiste en que todos los trabajadores del país tendrían que aportar 60 % de un salario mínimo al régimen público, el resto (40 % de un salario mínimo) se iría a ahorro individual. Si la persona gana más de un mínimo, entonces el porcentaje de ahorro individual se incrementaría, pues el aporte al público se limita al 60 % del primer salario mínimo.
La conclusión de Mejía es que eso permite focalizar aún mejor el uso de recursos públicos en pensiones y reduciría el costo fiscal de las mismas, porque el Estado solo debería responder por ese 60 % del salario mínimo. A su vez, elimina el problema de calidad del ahorro privado, que tanto criticaban los fondos, porque mantiene contribuciones a ambos lados. Así mismo, elimina los traslados entre regímenes y posibilidad de arbitraje (gente que le conviene irse de un sistema a otro).
“El lío de fondo son dos regímenes que compiten paralelamente, más unos regímenes especiales que ya se están marchitando. Esa dicotomía nos llevó a pensar en el corto plazo en algo que no cambie de manera sustancial los flujos de recursos que están llegando al régimen público y al privado, que no genere costos fiscales”, explica Mejía.
Isidro Hernández, profesor de la Universidad Externado, respalda la premisa de que no se elimine Colpensiones argumentando que al dejar las pensiones en manos de los privados, “el Gobierno aparentemente se desmonta del problema porque se quita pagos futuros de encima, pero en el futuro esos saldos volverán a la población que va a quedar desprotegida; al final serán los ancianos abandonados que se tendrán que cubrir con otro tipo de programas sociales”.
En ello coincide Izquierdo: “La pensión no se puede manejar solo como un negocio”, cree. Según sus referencias, desde 1980 hasta 2010, treinta países migraron su sistema de pensiones hacia el modelo de capitalización (régimen de fondos privados) total o parcialmente, Colombia está en ese grupo. De esos treinta, 18 dieron un paso atrás y volvieron de manera completa o parcial a una participación estatal, incluidos países de América Latina y de Europa oriental, como Venezuela, Ecuador, Argentina, Letonia. “Ese es un indicador, porque los fondos privados lo manejan como un negocio. Eliminar Colpensiones es acabar de tajo con la protección social en Colombia. Es importante e innegociable que el Estado sea un actor en el sistema pensional. El modelo no debe ser solo privado, otros ya recorrieron el camino y nos lo anticiparon”, concluyó.
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