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Hace un mes nadie creía que el Congreso aprobaría el presupuesto de 2026, pero esta semana el Legislativo le dio el sí a las cuentas fiscales del próximo año. Congreso y Gobierno lograron un acuerdo: un recorte de COP 10 billones. Ahora la gran pregunta es si el ánimo conciliador se mantendrá en el debate de la reforma tributaria (que la administración de Gustavo Petro prefiere llamar ley de financiamiento) o si el próximo año tendremos un hueco de COP 16 billones en las finanzas públicas.
En entrevista con El Espectador, Germán Ávila, ministro de Hacienda, habló sobre el futuro de la reforma, dijo cuáles impuestos se eliminarán con el recorte de COP 10 billones en las aspiraciones de la iniciativa y cuáles definitivamente buscará aprobar el Gobierno Petro.
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¿Cómo se gestó el acuerdo con el Congreso y cómo escogieron a qué sectores quitarles recursos?
Empezamos con una propuesta de COP 556,9 billones para el presupuesto, que incluía una ley de financiamiento por COP 26,3 billones. El debate inició en las comisiones conjuntas Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara.
En reuniones, el presidente Gustavo Petro invitó a todos los miembros de las comisiones económicas a reflexionar sobre la propuesta. Tras esas conversaciones y varias sesiones en el Ministerio de Hacienda, acordamos reducir en COP 10 billones, tanto el monto del presupuesto como la ley de financiamiento, que pasó de COP 26,3 a COP 16,3 billones. Hubo conciencia por parte de los congresistas de que no era fácil hacer recortes mayores y el Gobierno fue flexible.
Fue un ejercicio constructivo, dinámico. Definidos los impactos de la reducción del presupuesto, llegamos a consensos para fortalecer sectores afectados e hicimos varios movimientos. El resultado fue un acuerdo que permitió aprobar el presupuesto en las plenarias de Cámara y Senado.
¿Cuáles son los impuestos que se van a quedar en la reforma tributaria?
Al reducir en COP 10 billones las aspiraciones tributarias, decidimos excluir los puntos más sensibles para la opinión pública. Uno de ellos era el incremento al IVA de la gasolina, que era el único que generaba alguna transferencia a la canasta familiar, entonces decidimos suspenderlo en la nueva propuesta que llevaremos al Congreso. Tuvimos como principio general que la ley de financiamiento no impacte desde ningún punto de vista los artículos fundamentales de la canasta familiar y que sea progresiva, que no toque a los hogares de menores ingresos y concentre el esfuerzo en los ingresos más altos.
También vamos a modificar algunos de los impuestos a las bebidas alcohólicas. Aunque esperábamos recaudos significativos con estos impuestos saludables, decidimos suspender el impuesto a la cerveza, manteniendo solo los incrementos al IVA sobre el consumo de licores de alto contenido de alcohol. Estos son los grandes rubros sobre los que haremos modificaciones.
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Usted dijo que iban a evaluar el impuesto al consumo para conciertos o eventos deportivos con boletas por encima de COP 500.000. ¿Se mantendrá?
Cuando inicialmente lo planteamos, teníamos una expectativa de recaudo más importante. Al fijar ese tope de COP 500.000, de entrada se excluyó el grueso de la boletería; por ejemplo, quedarían excluidos los espectáculos de fútbol, cine y teatro. Solo aplicaría a ciertos conciertos. El nivel de recaudo sería bajo, por eso estamos considerando no tenerlo en cuenta.
¿Cuáles impuestos definitivamente se mantienen?
Se mantienen los impuestos sobre el patrimonio, la renta, el sector financiero, algunos ambientales y los impuestos al consumo sobre bebidas distintas a la cerveza. Consideramos que con esa decisión concentramos el mayor esfuerzo de tributación en los estratos sociales de mayores ingresos. Creemos que el sector financiero debe aportar más a las finanzas del país, sobre todo a los programas sociales que son altamente redistributivos. En los informes recientes se muestra que hay una rentabilidad bastante alta.
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Asegura que la reforma es progresiva: ¿qué cambios habrá en el impuesto de renta y a quiénes afectarán?
El proyecto está estructurado para que las personas que tengan ingresos superiores a COP 10,2 millones mensuales hagan el aporte, con un incremento leve en la tarifa, y a medida que van creciendo los ingresos va aumentando significativamente la tributación. No se tocarán los estratos bajos ni los medios.
¿Y los cambios al impuesto al patrimonio?
Quienes tengan patrimonios por encima de COP 2.000 millones tendrán un incremento en el impuesto. Cuanto más alto sea el patrimonio, mayor será la tarifa.
Algunos analistas advierten que esta reforma podría alejar la inversión. ¿Qué responde?
Ese es un fantasma que aparece cuando se van a hacer tributaciones progresivas. Dicen que los que tienen grandes patrimonios e ingresos los van a retirar del país, pero en la realidad eso no sucede. Esos mayores ingresos y patrimonios son logrados solamente con la producción en el país. Ellos saben que su fuente de generación de ingresos está en la inversión que se genera en Colombia y que nuestros niveles de tributación son comparables, y en muchos casos inferiores, a los de otras economías.
¿Podría haber impactos económicos por los impuestos a sectores como el financiero o el minero-energético?
El sistema financiero no tendrá mayores cambios en su estructura funcional, solo tendrán que repartir un poco más las ganancias que obtienen. En el caso del minero-energético, nos estamos ajustando a una realidad mundial: son sectores que progresivamente tienen que hacer tránsito a nuevas formas de producción de energía que no tengan impacto medioambiental. En el mundo habrá cada vez menos demanda, no por los esfuerzos tributarios, sino porque la transición energética reducirá progresivamente la demanda de combustibles fósiles.
¿Cree que hay espacio político para aprobar la reforma tributaria en un año preelectoral?
Cuando empezamos el debate del presupuesto también había dudas, pero el Congreso entendió la importancia de un consenso. Creo que algo similar ocurrirá con la reforma. Hay que tener en cuenta que el presupuesto está asociado en su financiación a la ley de financiamiento, eso lo sabe el Congreso y lo aprobó en esas circunstancias. Hemos creado un ambiente favorable para el debate, podemos construir mayorías en el Congreso en lo que resta del año para aprobar la reforma tributaria. Es claro que no vamos a tocar ningún rubro que afecte la canasta familiar ni a la mayoría de la población, que es la gran preocupación en las etapas preelectorales.
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¿Y si no se logra ese consenso? ¿Qué pasará con el hueco de COP 16 billones?
Tendríamos que hacer ajustes en la estructura del presupuesto y acudir a otras fuentes de financiación. Yo prefiero, en este sentido, dar la espera a que el Congreso haga un debate razonable que, esperamos, concluya con la aprobación de la reforma.
¿Cuándo se presentará la nueva versión de la reforma tributaria? ¿Puede garantizar que no afectará a la clase media?
Esperamos radicarla a finales de este mes para que tenga dos meses de debate y se apruebe antes de que termine el año. El presidente ha sido claro: la reforma no tocará a los sectores de ingresos bajos ni medios. Se enfocará en los estratos medio-altos y altos, que serán quienes aporten a los nuevos ingresos del país.
Hubo polémica por un artículo nuevo en el presupuesto que se refiere a la reforma pensional. En el Congreso advirtieron que se usarían los ahorros para financiar el pilar solidario. ¿Eso es cierto?
No, al contrario. Hemos sido extremadamente prudentes. Proyectamos los ingresos necesarios para Colpensiones, para atender el sistema pensional, sin contar con la reforma, aunque esperamos que la Corte Constitucional la avale pronto. Si entra la pensional, se reducirán los recursos necesarios para Colpensiones porque habrá aportes adicionales. El artículo permite que en ese momento, los recursos no necesarios se puedan transferir para el pilar solidario.
El Gobierno ha insistido en bajar las tasas de interés, pero, con los últimos datos de inflación, ¿cree que todavía es viable?
Las variaciones recientes en la inflación han sido poco significativas. Todavía mantenemos una brecha extremadamente grande entre la tasa de referencia del Banco de la República, 9,5 %, y la inflación, 5,1 %. Si queremos que la dinámica económica del país crezca a niveles razonables, necesitamos estímulos más fuertes. Le insistimos al Banco de la República en que bajemos la tasa de interés para estimular las dinámicas productivas y garanticemos un crecimiento económico a niveles más importantes. A medida que resolvemos el crecimiento económico, resolvemos el problema del déficit fiscal.
Ministro de Hacienda habla de la crisis fiscal
Para este punto ya fue necesario suspender la regla fiscal. ¿Cuáles son las causas del déficit fiscal?
Cuando llegó el presidente Petro, se había acumulado una deuda muy grande en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por el subsidio a la gasolina. El Gobierno fue subiendo progresivamente el precio interno de la gasolina, pero mientras se cerró la brecha se acumuló lo que venía del gobierno anterior y esto sumó cerca de COP 79 billones. Esa es la principal causa del incremento en el déficit fiscal. A esto se sumó el crédito con el Fondo Monetario Internacional, por cerca de USD 5.300 millones (unos COP 20 billones), que se solicitó para atender la pandemia. Lo grave no fue el endeudamiento, sino la manera en la que se contrató. Tenía un plazo de cinco años, los tres primeros de gracia y los dos siguientes para pagar. Este Gobierno tuvo que pagar la pandemia. El anterior se lo gastó y nosotros tuvimos que pagarlo en dos años.
Construimos una estrategia de estabilización fiscal y consideramos que era un despropósito intentar resolverlo en un solo año y por eso activamos la cláusula de escape: para hacer un ajuste en un período más razonable y no estrangular la estructura del presupuesto y del gasto público.
¿Habrá ajuste pronto del diésel o lo dejarán quieto?
Hay dos factores. El precio internacional ha bajado, lo que alivia la brecha que se abre con el diferencial frente al precio interno. Segundo, ya completamos el trámite de un decreto para nivelar el ACPM en los vehículos que no son de transporte de carga, cerca del 30 % de los que usan diésel, como camionetas o vehículos de lujo. Para todos esos consumidores desaparecerá el subsidio. Esperamos que, en la medida en que se estabilice el ajuste en los precios internacionales, los diferenciales en el transporte sean atendidos por los generadores de la carga.
Nuestro propósito es que no sean los transportadores los que carguen el esfuerzo, sino los generadores de carga. Estamos estudiando alternativas para incrementar el precio.
Sobre el crédito del FMI, ¿por qué se suspendió? ¿Es señal de fragilidad fiscal?
Nosotros lo suspendimos. En diciembre se pagará la última cuota del crédito. No contemplamos usar la línea de crédito flexible, podemos abrirnos a nuevos mercados y las necesidades de financiamiento externo están aseguradas con fuentes distintas. No la vamos a usar, se las vamos a cancelar y vamos a mantener la independencia económica del país frente a estos organismos.
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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dice que el déficit será mayor. ¿El Gobierno dejará al país con una crisis fiscal?
El problema del CARF es que está amarrado a la reflexión económica en función de unos parámetros de la regla fiscal, que se vuelven visiones rígidas del manejo de la economía. La economía tiene un conjunto de componentes y referentes, distintos a mantener unos rangos de deuda o parámetros de inflación. Para el Gobierno, el factor de referencia fundamental es garantizar el crecimiento económico. Si para eso eventualmente tuviéramos que tener menores rigideces con respecto a la inflación o la regla fiscal, creemos que hay que ser flexibles.
Si paralizamos la economía, el déficit fiscal se va a incrementar y no habrá fuente de ingresos para resolver el déficit. Seguimos con la visión de que Colombia necesita incrementar su demanda agregada, la capacidad de consumo. Otro de los fetiches que se construyen en las decisiones económicas es que si se incrementa el salario mínimo será inmediatamente inflacionario y se generará desempleo, pero llevamos tres años aumentando el salario mínimo sin generar inflación ni desempleo. Creemos en una economía redistributiva. Lo que construye el crecimiento económico es que haya mayor capacidad de gasto, mayores niveles de ingreso, y eso implica, por ejemplo, estimular la demanda agregada a través de incrementos en el salario mínimo.
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