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La Ley que reglamentará el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, y que acaba de ser sancionada por el presidente Juan Manuel Santos durante la Cumbre de las Américas que se celebra en Cartagena, provocó un malestar en la comunidad científica del país por un aparte que se denominó “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales”.
Para Gonzalo Andrade, profesor asociado a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, la firma de este convenio en específico es inútil, teniendo en cuenta que en el país las trabas para investigación son tan grandes que “nadie va a poder patentar ninguna variedad”.
El asunto es este, según los investigadores mientras el país se desgasta firmando un convenio que reza que las variedades mejoradas activan la “productividad, calidad y posibilidades comerciales” de los agricultores y horticultures, o que “la obtención de nuevas variedades requiere inversiones considerables en términos de conocimientos, mano de obra, recursos materiales, dinero y tiempo”, ellos están dando una lucha con el Gobierno porque cada vez son mayores las trabas para aprobar permisos de investigación sobre biodiversidad.
“Lo primero que pide la normatividad colombiana cuando se trabaja con organismos del medio natural es tener un permiso de investigación y un contrato de acceso a los recursos genéticos (ambos deben ser tramitados en el Ministerio del Medio Ambiente). El problema es que, según los datos oficiales, el Ministerio se está demorando en promedio 3,5 años para aprobar ese permiso y ese contrato”, dice el profesor Andrade y hace una cuenta más: en 14 años (entre 1997 y septiembre de 2011) el Gobierno tan sólo ha aprobado 46 contratos de acceso a recursos genéticos.
Cifras de la Universidad Nacional señalan que entre los grupos que están hoy trabajando en investigaciones de biodiversidad, suman 565 proyectos que necesitarían tener un contrato de acceso a recursos genéticos, “y sólo se han otorgado 46 en 14 años, ¿qué podemos esperar?”, se pregunta Andrade.
Esta lucha de los investigadores lleva varios meses. Así lo había contado El Espectador en un artículo publicado en enero pasado, en el que Elena Stashenko, directora del Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas Medicinales Tropicales, dijo tajante que este entramado jurídico “viola el espíritu de investigación”. Su última movida fue enviar una carta al propio presidente Santos, firmada también por el nuevo rector de la U. Nacional, el matemático Ignacio Mantilla Prada, explicándole a detalle la problemática y pidiéndole un espacio para entrevistarse.
Por ahora, ya saben que la carta llegó al despacho del presidente, porque así se los hizo saber su secretaria. Sin embargo, aún no reciben respuesta. El mismo ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, reconoció en una entrevista a El Espectador que el Gobierno es consciente de esta problemática (incluso aceptó que en el país es más fácil obtener un título que permisos para investigar) y aseguró que están trabajando en resolverla.