Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La tormenta judicial que atraviesa Ricardo Roa sigue empeorando y su permanencia en la presidencia de Ecopetrol pareciera cada vez más complicada. Este jueves, la junta directiva de la petrolera se reunió para discutir qué tan viable es mantenerlo como cabeza de la empresa más grande e importante del país, mientras afronta un proceso judicial que estaría relacionado con su cargo en la petrolera estatal.
Sin embargo, al cierre de esta edición todavía no se conocía ninguna decisión de fondo sobre su futuro al frente de la compañía. Hasta ahora, la junta ha dicho públicamente que respeta la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, pero que está siguiendo de cerca la información financiera para tomar decisiones.
El pasado 11 de marzo, Roa fue imputado por la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias. Y el próximo 8 de abril tendrá que afrontar otra audiencia que toca directamente al presidente Gustavo Petro: la violación de los topes de la campaña presidencial en 2022, de la cual Roa fue su gerente. Informes en el interior de Ecopetrol llevan meses advirtiendo que mantenerlo en el cargo es perjudicial para la compañía. Incluso, esta semana la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más representativo de la industria, pidió que Roa saliera del cargo.
La USO, que ha sido aliada del presidente Petro, le exigió al máximo órgano directivo de Ecopetrol que apartara a Roa del cargo, en cumplimiento “de su deber de proteger los intereses” de una empresa que por décadas ha sido denominada como la joya de la corona del Estado colombiano. En ese pronunciamiento el sindicato aseguró que los señalamientos y las investigaciones contra Roa “agravan la situación de la empresa”.
También lea: Sindicato de Ecopetrol pide la salida de Roa, en medio de investigaciones judiciales
Un reciente exmiembro de la junta directiva de Ecopetrol le explicó a este diario que el panorama de Roa en la empresa cambia después de su reciente imputación, pues aunque existe la presunción de inocencia, la reputación de la empresa está en juego. Si bien descarta mayores impactos en la acción y en Estados Unidos, sí considera posible que la SEC (Securities and Exchange Commission) inicie una investigación.
Este diario conoció que miembros de la junta le han recomendado a Roa tomar una licencia mientras asume su defensa, una opción que hasta ahora ha sido descartada por Roa. El futuro de la empresa no solo es clave para sus 250.000 accionistas, sino también para el país, tanto por temas como el abastecimiento de gas como por las finanzas públicas.
Roa ha dicho que Ecopetrol, que el año pasado le aportó a la nación COP 35 billones, tiene “sólidos resultados operativos”, como el aumento en la producción. Pero la realidad financiera muestra que la compañía está lejos de su mejor momento.
El pasado 4 de marzo, el propio Roa mostró cifras que dan cuenta del estado actual de la compañía: en 2025, los ingresos de Ecopetrol descendieron 10,2 % frente a 2024, las utilidades lo hicieron en casi 40 % y el ebitda tuvo una baja de 13,8 %. La comparación se hace frente a un año en el que también hubo números rojos: en 2024 las utilidades fueron 21,7 % menores frente a 2023.
Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y experto en el sector petrolero, sostiene que la situación judicial de Roa ya afectó a Ecopetrol. En primer lugar, pone sobre la mesa que la compañía ha tenido que destinar recursos y tiempo para determinar los posibles impactos de las investigaciones penales contra Roa.
En marzo de 2024, un informe de la firma Control Risks planteó escenarios concretos, incluyendo uno en el que Roa podría enfrentar investigaciones formales en Colombia, como está ocurriendo hoy. Y otro aún más delicado: posibles investigaciones en Estados Unidos, considerando que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York. Incluso, se alertó sobre un riesgo específico: que los auditores externos pudieran perder confianza en la información financiera de Ecopetrol si la situación de Roa escalaba en el plano judicial.
Le puede interesar: Ecopetrol, en números rojos: estos son los factores detrás de la caída de las utilidades
En mayo de 2025 se conoció por investigaciones periodísticas un millonario contrato entre la petrolera y la firma estadounidense Covington & Burling LLP para evaluar los impactos en Estados Unidos de las investigaciones que involucran a Roa. En su momento, Guillermo García Realpe, entonces miembro y presidente de la junta directiva, aclaró que la empresa contrató en 2024 una asesoría por USD 875.000, pero que en diciembre, con un otrosí, el monto pasó a USD 5,8 millones. La junta ya había suspendido el contrato y Roa defendió que no tenía ninguna relación con ese proceso.
Restrepo sostiene que las dudas sobre el gobierno corporativo de Ecopetrol, incluyendo mantener a Roa al frente de la empresa, han golpeado la acción. “Frente a empresas similares en la región, como Petrobrás y otras relacionadas con la industria, el precio de la acción de Ecopetrol ha tenido un resultado muy adverso”.
Dos exmiembros de la junta directiva de Ecopetrol dijeron a El Espectador que el comportamiento de la acción se ha visto influenciado, principalmente, por el precio del petróleo. De hecho, pese a la reciente imputación de Roa (11 de marzo), el título ha subido en Colombia y en Estados Unidos por el aumento del barril de brent, que está por encima de los USD 100 por la guerra en Oriente Medio.
Lo cierto es que en este momento hay cuestionamientos por fuera de la compañía al gobierno corporativo de la empresa, una de ellas es por qué mantener al frente de la petrolera a un presidente investigado por la Fiscalía. Francisco Reyes, exsuperintendente de Sociedades, le dijo a este diario que aunque se debe respetar la presunción de inocencia (el proceso penal contra Roa apenas inicia), también se debe considerar que está en juego la empresa más importante de Colombia, que además cotiza en la Bolsa de Nueva York. La mejor práctica de gobierno corporativo, dice Reyes, sería apartarlo del cargo.
“Empresas del nivel de Ecopetrol deben tener ejecutivos a toda prueba. La notoriedad de este caso hace que se produzca un daño reputacional. Es la primera vez que un presidente de Ecopetrol está sometido a un proceso penal tan delicado y es inconcebible que la junta directiva, que es el órgano llamado a supervisar, no haga absolutamente nada”, dijo Reyes a este diario.
En esa misma línea, Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector de hidrocarburos, dice que mantener un presidente imputado penalmente puede afectar “el valor reputacional y patrimonial de la compañía, sin contar con los efectos que esto puede traer en materia de compliance (cumplimiento normativo) y gobierno corporativo”. Agrega que es posible que otras compañías del sector se limiten (e incluso se abstengan) a la hora de realizar negocios con la petrolera.
Los cuestionamientos de si la junta realmente está privilegiando el futuro de la empresa no son nuevos. El capítulo más recordado es el freno a la ampliación del negocio de “fracking” en Estados Unidos, con la decisión de la junta directiva de no adquirir la participación sobre los activos de la sociedad CrownRock, propiedad de OXY, en 2024. Esta decisión causó la renuncia de dos miembros, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, quienes aseguraron que la junta ya había aprobado meses antes adquirir el 30 %, pero que después de que Petro les dijo a Roa y a miembros del órgano directivo que no estaba de acuerdo, todo se canceló.
Los casos contra Ricardo Roa
Hoy los líos para Ricardo Roa no solo están en los informes reservados de la compañía, sino en expedientes formales de la Fiscalía que avanzan en distintos frentes judiciales. El primer caso en su contra gira alrededor de una hipótesis del ente investigador: el presunto uso de su cargo para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá. Según la fiscal del caso, Roa habría incurrido en el delito de tráfico de influencias entre 2024 y 2025, aprovechando su posición para intervenir en decisiones empresariales dentro de la estatal petrolera.
El eje del caso contra Roa es la negociación de un lujoso apartamento ubicado en el exclusivo sector de El Chicó, cuyo valor comercial superaba los COP 2.700 millones, pero que fue adquirido por Roa por cerca de COP 1.800 millones, es decir, un precio inferior al estimado comercialmente.
Para la Fiscalía, esta diferencia no sería un simple negocio favorable, sino que estaría conectada con compromisos posteriores en materia contractual en Ecopetrol. El intermediario clave en esa transacción fue el expolicía y empresario Juan Guillermo Mancera, quien habría facilitado tanto la negociación del inmueble, como posibles conexiones con negocios energéticos.
El rol de Mancera es fundamental en la teoría del caso: no solo habría participado en la venta del apartamento, sino que también estaba vinculado a la empresa Gaxi S. A. ESP, interesada en quedarse con proyectos estratégicos del sector energético. Según la Fiscalía, esa doble condición —como intermediario inmobiliario y como actor empresarial interesado en contratos— sería la base de un posible intercambio de favores. Es decir, el beneficio económico obtenido por Roa en la compra del inmueble estaría ligado a gestiones para favorecer a las empresas relacionadas con Mancera dentro de Ecopetrol y sus filiales.
También: Caso Ricardo Roa: minuto a minuto de la imputación contra el presidente de Ecopetrol
En ese punto aparece Hocol, filial de Ecopetrol clave en el expediente. Para la época de los hechos, la compañía estaba evaluando un proyecto de regasificación en La Guajira. La Fiscalía sostiene que Roa habría intervenido directamente para que ese negocio se dirigiera hacia Gaxi S. A. ESP, empresa representada por Mancera. Incluso, según la imputación, habría dado instrucciones específicas al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para favorecer esa adjudicación, lo que constituye para la Fiscalía uno de los elementos más delicados del proceso.
Esta semana el nombre de Rojas volvió a sonar mediáticamente. El pasado martes, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró ante los medios de comunicación que Rojas, ahora testigo clave del caso contra Roa, recibió amenazas de muerte y que estaban evaluando qué medidas tomar para proteger su vida.
Rojas le pidió a la Fiscalía investigar quién habría ordenado a los miembros de su esquema de seguridad entregar información en tiempo real sobre sus movimientos, reuniones y contactos. Además, le entregó un video a la Fiscalía en el que se observa cómo varios hombres interceptan su camioneta y huyen al notar que él no se encontraba en el vehículo.
El segundo expediente contra Roa está relacionado con su rol de gerente en la campaña de Petro Presidente de 2022. Es decir, era el responsable directo del manejo de los recursos que se movían a su interior. En noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó que la campaña habría superado los límites legales de financiación en varios eventos y gastos, incluyendo logística y transporte. En esa decisión, el CNE compulsó copias a la Fiscalía para que investigara posibles delitos, entre ellos Ricardo Roa, precisamente por su papel como gerente.
Ahora justamente por estos hechos, el próximo 8 de abril se llevará a cabo la audiencia de imputación contra Roa por la presunta violación de topes de la campaña, una diligencia clave en la que la Fiscalía expondrá sus pruebas y que marcará un punto de inflexión en el caso contra la cabeza de Ecopetrol.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más
Comentarios