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En medio de una polémica sin precedentes en la empresa más grande e importante del país, Ricardo Roa se va de vacaciones: tendrá siete semanas de descanso y, cuando termine el periodo, el 28 de mayo, tomará una licencia no remunerada de 30 días. Lo más probable es que Roa, que llegó al cargo en abril de 2023, vuelva para liderar el empalme con la futura cabeza de la empresa, considerando que una posible segunda vuelta presidencial sería en junio.
La junta directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo de hidrocarburos desde noviembre de 2025.
Roa fue formalmente acusado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias, por, aparentemente, usar su cargo para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, y el próximo miércoles será imputado por posible violación de topes electorales por la campaña de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente. Para ese día ya estará de vacaciones, pues su periodo empieza este martes 7 de abril.
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Este lunes, siete de los nueve miembros de la junta directiva se iban a reunir con el presidente Gustavo Petro para hablar del futuro de Ricardo Roa. Aunque el encuentro en la Casa de Nariño fue cancelado, fuentes al interior de la petrolera le dijeron a este diario que al menos dos miembros de la junta tuvieron una reunión informal con el primer mandatario para hablar sobre el futuro del ejecutivo.
Petro manifestó su respaldo a Roa y habría insistido en mantenerlo, pero la junta llevaba varias semanas dividida. Cinco miembros estaban a favor de mantenerlo: Ángela María Robledo, Carolina Arias Hurtado, Tatiana Roa Avendaño, Hildebrando Vélez y Alberto Merlano Alcocer. Los otros cuatro (César Loza, Juan Gonzalo Castaño, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee) consideraban que lo mejor era que diera un paso al costado. Los dos últimos, Henao y Rodríguez Yee, rechazaron desde el principio la opción de reunirse con el presidente Petro.
Hubo un tema que, según dijeron fuentes a este diario, inclinó la balanza hacia la opción de mandarlo de vacaciones y después de licencia, una propuesta que ya le habían hecho a Roa en el pasado miembros de la junta: las posibles consecuencias de que la junta no actúe. En constancias escritas, los cuatro miembros que pedían la salida de Roa habían advertido que los lineamientos normativos de la Ley 222 de 1995 y de la SEC de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, encargada de vigilar mercados financieros) generan riesgos administrativos y penales.
Como explicó Rodrigo Galarza, abogado experto en mercado de capitales, si la SEC encuentra hechos que eventualmente puedan ser relevantes frente la ley americana de prácticas corruptas en el extranjero por “las imputaciones de cargos por conductas punibles por la Fiscalía de Colombia a Roa”, podrían pasar dos cosas: que corra traslado al Departamento del Tesoro (que puede incluirlo en la lista OFAC) y que la información se traslade al Departamento de Justicia para que inicie una investigación penal.
También hay otras dos posibilidades sobre la mesa: que se investigue directamente a la empresa, si la SEC considera que hay alguna afectación a los intereses de los accionistas, o a los miembros de la junta directiva, si se presume que el órgano directivo no ha tomado las decisiones que le corresponden en materia de control de riesgos. En todos los escenarios, eventualmente sería posible un impacto en el precio de las acciones de Ecopetrol.
Las complicaciones para la junta no sólo son posibles en Estados Unidos. Galarza explica que si se considera que los miembros de la junta no están actuando en pro del interés de todos los accionistas sino siguiendo las órdenes del presidente, los minoritarios podrían abrir posibles pleitos encaminados a anular el nombramiento de los miembros de la junta y para pedir que se indemnicen los perjuicios para los inversionistas.
Aunque el Estado es el accionista mayoritario de Ecopetrol, con el 88,49 % de la participación, la empresa más grande del país debe cumplir con estándares de gobierno corporativo porque cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Nueva York. Por estar doblemente listada, se somete a la regulación de la Superintendencia Financiera y también de la SEC en Estados Unidos. En ese orden de ideas, la junta directiva no es una extensión política que materializa las decisiones del gobierno de turno, sino que tiene deberes fiduciarios, obligaciones legales, de proteger la empresa y el valor de todos sus accionistas, incluyendo a los más de 250.000 minoritarios.
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El gobierno corporativo en crisis
El panorama es tan crítico que en la última asamblea general, celebrada el pasado 27 de marzo, los accionistas minoritarios le gritaron “¡Fuera, fuera!” a Roa. En esa misma sesión, el revisor fiscal Jesús Andrés Roa, de Deloitte & Touche, hizo un anuncio que pasó de agache: informó que no tuvo acceso a toda la información de la compañía, específicamente al Informe Integrado de Gestión.
“Ecopetrol atraviesa una crisis de gobernanza corporativa sin precedentes en su historia”, dijo a El Espectador una alta fuente de la petrolera estatal. La situación, dice el alto funcionario, está pasando factura.
La reunión de este lunes entre la junta y Petro no se materializó, pero según un alto funcionario de la empresa, la cita fue una prueba más de la “injerencia gubernamental” en las decisiones de la junta directiva. La punta del iceberg: la confirmación de que el órgano directivo estaría priorizando la relación con el mandatario y no el beneficio de la petrolera.
La cita en la Casa de Nariño llegó después de meses (para algunos analistas años) de tambaleos en el gobierno corporativo. Uno de los episodios clave, aunque no el único, fue el freno a la ampliación del negocio de “fracking” en Estados Unidos en agosto de 2024, cuando la junta directiva decidió no adquirir la participación sobre los activos de la sociedad CrownRock, propiedad de OXY. Dos miembros, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, renunciaron y en su carta de salida le contaron al país que la junta ya había aprobado meses antes adquirir el 30 %, pero que después de que Petro les dijo a Roa y a miembros del órgano directivo que no estaba de acuerdo, todo se canceló.
“Después del nombramiento un miembro de la junta le preguntó en qué casos renunciaría y él dijo que cuando abrieran una investigación en su contra. La pregunta se repitió cuando conocimos el análisis de Control Risks sobre riesgos reputacionales y de gobierno corporativo y la respuesta de él fue la misma”, contó una fuente que conoce de cerca las discusiones del órgano directivo. En marzo de 2024, un informe de esa firma planteó escenarios concretos, incluyendo uno en el que Roa podría enfrentar investigaciones formales en Colombia por su rol en la campaña Petro 2022.
En ese caso, advirtió el documento, además de los impactos reputacionales, el presidente “desviaría” tiempo y disponibilidad para asumir liderazgo corporativo de la empresa”, afectando a su vez “la gobernanza, toma de decisiones estratégicas y coordinación interna”.
Control Risks desde hace dos años también analizó la opción de investigaciones formales por decisiones y actuaciones como presidente de Ecopetrol, incluyendo presuntos conflictos de interés en decisiones que involucran a Ecopetrol y a sus filiales. El documento se refirió específicamente a la compra del apartamento 901 en Bogotá, negocio por el cual hoy Roa fue imputado el pasado 11 de marzo.
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En este caso, advirtió Control Risks, son mayores los riesgos para la reputación y gobernanza de la empresa, así como para la junta. El documento dice claramente que este escenario, que ya se materializó, trae consecuencias comerciales para la empresa, incluyendo riesgos de rebaja de calificación de títulos en los mercados de Colombia y Estados Unidos, afectaciones a relaciones comerciales con socios estratégicos y demoras en decisiones claves sobre objetivos estratégicos de la empresa.
Estas investigaciones, también dijo el informe, podrían generar la apertura de investigaciones regulatorias (por parte de la SEC) o penales (por parte del Departamento de Justicia).
El valor de la reputación
Un exmiembro de la junta directiva dijo a El Espectador que el desempeño de la petrolera -en 2025, los ingresos de Ecopetrol descendieron 10,2 % frente a 2024, las utilidades lo hicieron en casi 40 % y el ebitda tuvo una baja de 13,8 %- no es culpa de Roa sino del bajo precio del petróleo en los últimos años. Sin embargo, sostiene que los cuestionamientos a la cabeza de la petrolera le cuestan a la empresa: “¿Qué buen desempeño puede tener un presidente que lleva tres años defendiéndose?”.
Otros dos exmiembros, en conversación con este diario, afirmaron que el comportamiento de la acción de la empresa se explica principalmente por el precio del petróleo. En sus palabras, lo que “mueve la aguja” es el Brent. De hecho, pese a la situación judicial de Roa, el título ha repuntado por el aumento del barril en medio de la guerra en Oriente Medio.
Pero hay otras consecuencias, con efectos a largo plazo: las reputacionales. En 2023 Ecopetrol ocupaba el puesto número dos en el ranking Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), en 2025 ocupó el puesto número 17. Esta es, según un trabajador, la muestra del “colapso reputacional”.
Para Julio César Vera, presidente de Xua Energy y experto en el sector de hidrocarburos, mantener a Roa, un presidente imputado penalmente, puede afectar “el valor reputacional y patrimonial de la compañía”, sin contar con los efectos en materia de compliance (cumplimiento normativo) y gobierno corporativo”. Agrega que es posible que muchas compañías del sector se “abstengan o limiten” a la hora de hacer negocios con Ecopetrol, por temas éticos y hasta legales.
Aunque se debe respetar la presunción de inocencia, Francisco Reyes, exsuperintendente de Sociedades, dice que en este punto debe primar el bienestar de la empresa más grande de Colombia: “Empresas del nivel de Ecopetrol deben tener ejecutivos a toda prueba”.
Por ahora, técnicamente Roa sigue a la cabeza de Ecopetrol, aunque estará lejos de la empresa (por vacaciones y luego por licencia) durante dos meses y medio. La decisión de la junta se tomó dos días antes de que la Fiscalía impute a Roa por un asunto que implica a la campaña presidencial que llevó a Petro al poder en 2022: el ente investigador dice que Roa, como gerente de la campaña, se habría volado los topes electorales de la carrera presidencial.
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