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No es nuevo que el sistema pensional genere preocupación en los colombianos. De hecho, este año el Índice Global de Retiro de Natixis (el cual mide los factores que impulsan la seguridad de la jubilación) ubicó a Colombia en el puesto 40 de 44 naciones analizadas, con un puntaje de 45 sobre 100.
El panorama se hace aún más complejo al entender que, según cifras manejadas por Asofondos, en el país solo dos de cada diez personas que llegan a su edad de jubilación logran pensionarse. Incluso, cuando ya están, como argumentan varios expertos consultados por este medio, el problema continúa con la pérdida de poder adquisitivo (dicen que a una parte de los jubilados cada año el dinero les alcanza para menos).
Es por esta y otras razones que muchos coinciden en que Colombia necesita actualizar ese sistema que se rige por una ley que ya casi cumple las tres décadas. Precisamente, ese es uno de los avances que busca consolidar el próximo año la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales (que entre otras cosas es la misma que concertó el incremento que tendrá el salario mínimo en 2022).
Como lo acordaron, en un documento donde figura la firma de varios ministros y líderes gremiales, el 28 de enero de 2022 iniciará la evaluación sobre la conveniencia de dos propuestas: que los pensionados que reciben más de un salario mínimo dejen de obtener un aumento anual con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y pasen a hacerlo con el porcentaje del incremento del salario mínimo; y que todos dejen de aportar el 12 % de sus ingresos a salud, y pasen a hacerlo con el 4 %.
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Para esto se creará una subcomisión tripartita (en la que tendrán asiento empleadores, Gobierno y centrales sindicales) y, dependiendo del análisis, se presentará un proyecto de ley para que sea debatido y votado en el Congreso de la República.
Pero, ¿qué tan viables son estas propuestas? El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, asegura que al evaluar con cuántos salarios mínimos se pensionó una persona hace diez años, y ver cuántos salarios representa eso en la actualidad, se evidencia una pérdida del poder adquisitivo, pues siempre el incremento que tiene el salario mínimo es superior al de la inflación. Por ejemplo, este año el primero fue del 10,07 %, mientras que el segundo se espera que cierre por encima del 5 %.
John Jairo Díaz, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, añade que la situación es más compleja para quienes reciben una pensión entre dos y seis salarios mínimos, pues “no les aumentan lo real y, por el contrario, les hacen perder el poder adquisitivo de las pensiones. Esta medida (refiriéndose a la propuesta) permitiría mejorar la calidad de vida del pensionado, de tener una vejez digna”, explica.
El abogado laboralista y rector del Colegio Colombiano de Derecho Social, Víctor Julio Díaz, agrega que la pérdida del poder adquisitivo para este grupo de pensionados se demuestra en que mientras su salario se ajusta con base en el IPC, hay otro grupo que lo hacen con base en el salario mínimo, como las multas, las cuotas moderadoras de las EPS y el SOAT. “Es claro que las cosas suben más de lo que refleja el IPC”, asegura.
Más allá de lo que argumentan estos expertos, lo cierto es que de aprobarse esta propuesta su impacto no sería para el grueso de los pensionados (recuerde que los que se pensionan con un salario mínimo ya se benefician del incremento que se acuerda cada año), pues según cifras del Ministerio del Trabajo, con corte a septiembre de 2021, en el país hay 1,1 millones de personas pensionadas con un salario mínimo (el 61,9 %), 329.000 (17,35 %) con un salario superior al mínimo e inferior a los dos y 394.000 (20,75 %) que reciben más de dos salarios mínimos. Incluso, hay unas 8.300 personas que tienen una pensión de más de 20 salarios mínimos.
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Aun así, la pregunta del millón es cuánto costaría un ajuste de estas proporciones (con un ya insostenible sistema pensional) y de dónde saldrían esos recursos. De hecho, esa es la premisa por la que el economista y profesor de la Universidad de los Andes Óscar Becerra asegura que esta propuesta no es conveniente, pues “genera un aumento permanente en el gasto público destinado a pensiones, justo cuando lo que se necesita es moderar el gasto”.
Para evaluar el eventual impacto económico, es importante que usted entienda cómo funciona el sistema pensional en Colombia. Este está conformado por dos regímenes: el de prima media (RPM, que es administrado por Colpensiones y subsidiado por el Estado) y el de ahorro individual con solidaridad (RAIS, que es administrado por las AFP y recibe rendimientos mediante inversiones).
Con esto claro, el vicepresidente técnico de Asofondos, Daniel Wills, explica que el impacto fiscal que se vería en el RPM se traduce en que el Estado tendría que aumentar los recursos del Presupuesto General de la Nación para responder al alza que tendrían los pensionados de más de un salario mínimo. En suma, mientras que por ejemplo (y presumiendo que el IPC crecerá 5 % este año) alguien que recibe una pensión de $2 millones, en 2022 verá un alza de $100.000, con el 10,07 % vería un alza de $201.400. Esa diferencia de $101.400 que tendría esa persona saldría de las arcas del Estado, es decir, de los impuestos de los colombianos.
“Para 2021 se pusieron $42 billones que beneficiaron a muy pocas personas (recuerde los porcentajes que presentó el Ministerio del Trabajo), así que en términos fiscales ya hay un desbalance grande, incluso sin el incremento al que alude la propuesta aquella”, detalla Wills.
Por el lado del RAIS, se prevé que la aprobación de esta propuesta afectaría a quienes aún no se han pensionado, pues al subir la demanda de recursos podría también incrementar los requisitos económicos para pensionarse.
Este mismo escenario se presenta con la iniciativa de reducir el aporte a salud del 12 al 4 %, pues la premisa sigue siendo la misma: está bien que se quieran mejorar los ingresos de los pensionados, ¿pero quiénes tendrán que pagar por eso? Aunque es importante aclarar que estas conjeturas salen a partir de cómo se engranan las tuercas del actual sistema pensional, puede que de la Comisión surjan otras alternativas de financiación, así que habrá que esperar qué novedades depara ese análisis que anticipa lo que sería el inicio de una reforma pensional en el país.
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Los otros problemas por resolver
Tras revisar las propuestas que reviven cada tanto, siempre queda sobre la mesa la necesidad de una reforma y, en general, ese es el único punto en el que la mayoría de los actores está de acuerdo. Los principales problemas del sistema son la poca cobertura, la inequidad y los problemas de sostenibilidad.
En cuanto a cobertura, preocupa la cifra (que ya se había mostrado párrafos atrás) de que en el país solo dos de cada diez personas mayores de 65 años alcanzan una pensión. Ahora bien, en un mercado laboral tan inestable, cotizar por 25 o 23 años (el primero en el RPM y el segundo en el RAIS) es toda una odisea. Las AFP tienen en total 17,6 millones de afiliados, de los que solo cotizan activamente cerca de 6,5 millones, mientras que en Colpensiones hay 6,8 millones de afiliados, de los cuales cotizan activamente 2,5 millones.
La competencia también es un problema. Actualmente, la opción del RAIS (fondos privados) y RPM (Colpensiones) tienen beneficios y condiciones diferentes. Lo cierto es que una persona con la misma historia laboral tiene pensiones distintas en un lugar u otro, y muchos de los cotizantes al final no terminan donde más les conviene.
Sumado a esto, el sistema no es sostenible. Si bien en Colpensiones las mesadas son socialmente aceptadas, no son sostenibles fiscalmente; hace dos meses Asofondos estimó que el hueco fiscal en el RPM aumentará el próximo año de $10 a $19 billones. El otro gran problema es que hay subsidios pensionales no focalizados, de acuerdo con Fedesarrollo, el 90 % de los subsidios que entrega el Estado llegan a personas que no son pobres.
También es un hecho que, para pensionar a sus afiliados, las AFP dependen cada vez más del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el cual tiene como propósito cubrir las pensiones de quienes no logran los requisitos mínimos para pensionarse, pero tienen el mínimo de 1.150 semanas.
Este se financia con el 1,5 % de los aportes de los afiliados, y Asofondos estima que actualmente dispone de unos $30 billones. El Estado es su garante financiero, y en 2013 el Ministerio de Hacienda dijo que, si sigue como va y renta por debajo de IPC+4 puntos, se desfinanciará antes de 2050. Asofondos calcula que sería en 2065 si los requisitos de pensión se mantienen iguales.
No hay que ser un experto para determinar que el mal más urgente que deben superar las pensiones en Colombia es el de esa vergonzosa cifra de que solo dos de cada diez se pensionan. Esto, evidentemente, va acompañado de otros pendientes, como la informalidad. En suma, trabajo es lo que tienen los actores inmersos en esta materia, y avances, como los que inician en enero, son tan solo el comienzo.
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