Se intensifica debate por proyecto de normativa para las tierras en el posconflicto

Esta semana será fundamental para el futuro de las tierras en Colombia. El Gobierno se encuentra en plena socialización del proyecto que, en el marco del primer punto acordado con las Farc en La Habana, Cuba, definiría asuntos como el acceso y formalización de la tierra, seguridad jurídica, el Fondo de Tierras, entre otros aspectos. Sin embargo, la iniciativa no ha gustado entre defensores de derechos humanos, quienes aseguran que se traiciona el acuerdo de paz. Tampoco al sector productivo, en el que actores como Fedegán consideran que la política que se propone responde «a los intereses de control territorial de las Farc en la era del posacuerdo». (Lea: ¿Proyecto de ley de tierras contradice el Acuerdo de Paz?).

Como contó este diario la semana pasada, el borrador que se conoció generó el rechazo de parlamentarios del Polo Democrático y la Alianza Verde, así como de organizaciones entre las que están la Comisión Colombiana de Juristas, Indepaz y Oxfam. Iván Cepeda, senador del Polo, y Ángela Robledo, representante de la Alianza Verde, junto con otras organizaciones, enviaron una carta a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), es decir, a los representantes de las Farc, el alto comisionado para la Paz, el ministro del Interior y el consejero para el Posconflicto, encargados de revisar que las propuestas legislativas para el posconflicto se acomoden al marco del acuerdo final.

En una carta conocida por El Espectador, Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad a la cual se le delegó la socialización del proyecto, responde a las críticas que los parlamentarios y las organizaciones no gubernamentales esgrimieron en su comunicación a la CSIVI. Reconoce que la propuesta fue puesta a consideración de esa Comisión y que el Gobierno busca atender la necesidad de una “reforma estructural” a la Ley 160 de 1994, pues esta “no cumplió con los objetivos que justificaron su expedición”. Agrega que la idea es que sea la ANT “la que se acerque a todos los campesinos del país” y no viceversa, como ha ocurrido hasta ahora.

Según el exrepresentante a la Cámara Wilson Arias, quien participó en el primer encuentro de socialización en Cali, un punto neurálgico para hacer oposición a esta propuesta es que pretenda cambiar la actual ley de reforma rural amparándose en un punto acordado con las Farc. “La cuestión ya no es que “incumplen” acuerdos de La Habana. Es peor: vienen por la Ley de reforma agraria 160 (del) 94”, trinó Arias en Twitter.

Para Samper, según se lee en la carta conocida por este diario, la propuesta de articulado responde al “desarrollo integral del campo” que fue acordado y añade: “El proyecto privilegia, prioriza y prefiere el acceso a tierra de los campesinos más vulnerables, pero también brinda herramientas para la utilización productiva de la tierra, sin que se transfiera la propiedad”. Y entre sus conclusiones está que se incrementará “el uso productivo de la tierra, pues hoy el 70 % de las unidades de producción agropecuaria ocupan tan sólo el 5 % del área potencialmente productiva”.

No obstante, uno de los muchos reproches que persisten es que se permitiría que quienes hayan acumulado UAF de forma indebida celebren con la ANT “contratos de uso sobre estos predios entregando la propiedad al Estado o preservar la propiedad compensando al Estado con un predio alternativo”. Yamile Salinas, asesora de Indepaz, opinó: “Además de premiar la ilegalidad, se menoscaba el derecho de la sociedad a conocer la ‘verdad de la magnitud del despojo y del abandono de tierras”.

Otra de las críticas es que se propone un cambio en la definición de la Unidad Agrícola Familiar, de donde sale el concepto de “familia” y se cambia por el de beneficiario, lo que para los opositores va en contra del protagonismo que en el acuerdo tiene la agricultura familiar. Una fuente que ha participado de la discusión explicó que se incluye la palabra “beneficiario” porque así es como se refiere el acuerdo a las personas que acceden a programas de tierras.

El tema ha generado el rechazo de otro sector de la sociedad. Fedegán manifestó que la “socialización” es insuficiente y que la propuesta, en la que el gremio ve un carácter expropiatorio, amerita amplio debate. El proyecto “tiene enormes similitudes con la ley habilitante de Chávez en 2010 para la reforma agraria en el vecino país y ya conocemos los resultados: una economía rural colapsada”, dice Fedegán.

Un punto que está por aclararse es si la propuesta que se tramita es proyecto de ley o proyecto de decreto ley. Mientras que la Agencia Nacional de Tierras en sus comunicaciones oficiales sostiene que se trata de un proyecto de ley, personas cercanas a la CSIVI aseguran que la discusión se está dando en torno a una propuesta de decreto con fuerza de ley. El cronograma que se ha dispuesto para la socialización es el siguiente:

26 de abril: Cali, Hotel Dann Carlton Cra. 2 No. 1-60 Salón Colombia, a las 8:00 a.m.
28 de abril: Montería, Universidad Pontificia Bolivariana.
2 de mayo: Santa Marta, Hotel de La Sierra
3 de mayo: Villavicencio, Gobernación del Meta
5 de mayo: Florencia, Comfaca
6 de mayo: Bogotá, Agencia Nacional de Tierras