Se vence plazo para optar por $60 mil millones para el campo

El proceso se cierra en medio de un debate nacional que se inició el pasado 11 de marzo en el Congreso de la República sobre la política gubernamental de repartición de tierras para los menos favorecidos, planteado por varios parlamentarios y analistas a raíz del caso Carimagua.

Subsidio Integral

En el caso de la entrega de recursos para el campo, el proyecto se denomina Subsidio Integral de Tierras y busca otorgarles 40 mil millones de pesos a los desplazados y 20 mil millones de pesos a los campesinos del país.

Las partidas se distribuirán en subsidios que no pueden superar los 70 salarios mínimos por familia ($32.305.000). De esta partida, hasta 25 millones 844 mil pesos se pueden destinar para adquirir tierras y 6 millones 461 mil pesos como capital de trabajo. También se definió que el monto máximo por hectárea no puede superar los 4 millones 615 mil pesos.

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias Leiva, aseguró que la selección de los beneficiados será justa, transparente y equitativa “ofreciendo alternativas reales para la paz y el desarrollo productivo del campo”. La convocatoria se abrió el pasado 3 de enero, en todas las oficinas de las direcciones territoriales del Incoder donde se reciben los proyectos, así como en las páginas web www.incoder.gov.co, www.minagricultura.gov.co y www.ais.gov.co.

“Esta es una convocatoria pública, es un concurso por unos subsidios para el que se deben especificar las características del proyecto productivo, señalando la actividad (cultivo, ganadería, piscicultura) que se va a implementar, así como la garantía de que se contará con asistencia técnica para dos años”, aseguró el Subgerente de Promoción del Incoder, Jairo Alonso Mesa.

Contravía

Frente al programa se han levantado varias voces por considerar que se les exigen demasiados requisitos a las personas que optan por los recursos. “Esta política es una vergüenza, lo único que hacen es ponerles trabas a los campesinos. Esto es una farsa. Lo único que queda claro es que el Gobierno no quiere entregarles tierra a los desplazados”, explicó la Senadora por el Partido Liberal, Cecilia López Montaño.

En el mismo sentido se pronunció el Senador por el Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. “La plata es poca para las necesidades que se tienen, pues mientras el Gobierno admite unos 500 mil desplazados, Codhes señala que hay uno 4 millones. Además, una hectárea por cuatro millones no la va a encontrar nunca un campesino en el Eje Cafetero o en el Valle del Cauca”, enfatizó.

Sobre el tema, el analista Mauricio Cabrera señaló en una reciente columna de opinión, en el diario El País, de Cali: “para dificultar aún más la entrega de tierras, el Gobierno decidió que ahora el Incoder lo que va a entregar son subsidios en dinero para que los mismos desplazados sean los que compren los predios. En el Decreto 4984, de diciembre de 2007 se establecieron los requisitos para acceder a estos subsidios y la lista es tan larga que es prácticamente imposible que un campesino los pueda cumplir”.

Frente a las críticas, el subgerente de promoción del Incoder reiteró que esta metodología es nueva y que sus resultados solo se podrán empezar a evaluar una vez se cierren las inscripciones. “Lo que queremos es que se dé una política integral, con el respaldo de las instituciones, lo que buscamos es que el Alcalde, el Gobernador, los centros provinciales y las ONG les ayuden a los campesinos a desarrollar sus proyectos productivos”, dijo Mesa.

El funcionario agregó que para evitar que los subsidios recaigan en personas que no requieren la ayuda, la información que suministren se cotejará con las bases de datos de Acción Social, para comprobar que son desplazados campesinos; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con el fin de verificar que los concursantes no poseen propiedades, y con el DAS para asegurarse de que no tienen antecedentes judiciales.