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El acto Legislativo de Control Fiscal aprobado en el Congreso deja un panorama claro oscuro en la lucha contra la corrupción, pues es cierto que se busca alertar sobre la existencia de dineros públicos en peligro, poco se hizo con el funcionamiento de las contralorías territoriales. (De interés: Senado y Cámara aprueban conciliación de proyecto de reforma a la Contraloría).
Una de las banderas del proyecto llevado al Congreso por el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, fue la aprobación del modelo de control preventivo concomitante. La Constitución de 1991 estableció un control posterior y selectivo, es decir, que la entidad de control de las finanzas públicas podía actuar cuando el daño material y fiscal ya se había materializado. Las críticas hacia la Contraloría General es que llega demasiado tarde cuando el daño se había consumado y era muy difícil la recuperación de los dineros públicos.
La recuperación de esos recursos comprometidos en fallos fiscales apenas llega a 0,4% de lo que se investiga. El contralor anterior, Edgardo Maya Villazón, estimó que el costo de la corrupción anual asciende a $50 billones.
Para reparar esta situación, la iniciativa propuso el modelo preventivo y concomitante que se complementará con el actual control posterior que se mantiene. Esta propuesta despertó inquietud entre diferentes representantes gremiales que se manifestaron contrarios a este control por considerarlo que se coadministraba. Sin embargo, la Contraloría aclaró que este control preventivo es excepcional y no es vinculante, ni implica coadministración. La mayor crítica era que el control preventivo propuesto era como volver al control previo que existía antes de la Constitución de 1991 que implicaba una coadministración.
¿Control fiscal antes o después?
“El control previo nunca será igual al control preventivo. No queremos coadministrar, ni queremos un control vinculante en materia preventiva”, explicó en su momento el Contralor General.
Actualmente, el control fiscal se lleva a cabo en dos etapas: la vigilancia fiscal a nivel micro o proceso auditor, y la segunda, tiene que ver con el proceso de responsabilidad fiscal o juzgamiento para determinar la responsabilidad de los presuntos autores del daño. (Contexto: Congreso aprobó reforma al control fiscal).
“Con la aprobación del Acto Legislativo de Control Fiscal, y el hecho de que no se hubiera reformado el Sistema de Contralorías Territoriales, se perdió la más importante oportunidad desde la constitución de 1991 por reparar un sistema que por diseño es equivocado”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
El contralor General, Carlos Felipe Córdoba, señaló que “vamos a tener un control preventivo, no previo, concomitante y posterior y a la vez un fortalecimiento escalonado de la Contraloría General de la República”. Para que lo asesoren en la reglamentación del Acto Legislativo anunció la convocatoria de un grupo de notables.
Insiste el dirigente gremial en que “el reto ahora es implementar un sistema que sea eficiente y eficaz en la lucha contra la corrupción, que no coadministre, que no se convierta en un peaje al desarrollo y que no conduzca a intervenciones que se extralimiten con la empresa privada”.
El texto conciliado establece que “el control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público”. Explica que “el control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno”.
Reforma a las contralorías territoriales, una frustración
Un cambio estructural a la función y modelo de las contralorías territoriales quedó como una frustración entre los analistas y críticos del proyecto porque ven que el foco de corrupción sigue intacto.
Bruce Mac Master considera que “62 entes de control al servicio de los intereses de unos pocos, lejos de combatir la corrupción, lo que logran es defender un ecosistema de intereses locales políticos, que mucho daño le han hecho al país”.
El artículo 272 del Acto Legislativo sostiene que la vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a éstas en forma concurrente con la Contraloría General de la República.
La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales.
La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la prevalencia de la Contraloría General de la República.
Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal.
Además, se aprobó que los contralores departamentales, distritales y municipales serán electos por las asambleas departamentales, concejos municipales y Distritales, de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes en convocatoria pública y no podrán coincidir con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde.
La conciliación estableció que la sea la Auditoría General de la República que sea el órgano que realizará la certificación anual de las contralorías territoriales a partir de indicadores de gestión, la cual será el insumo para que la Contraloría General de la República intervenga administrativamente las contralorías territoriales y asuma competencias cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia.
El auditor general tendrá un periodo de cuatro años a partir de la promulgación del Acto Legislativo. Actualmente es de dos años.
“Se intentó cambiar la forma de elegirlos, lo que hubiera sido un avance, pero sin duda no hubiera sido suficiente”, advierte el presidente de la Andi.
Una abultada planta de personal
La planta de personal de la Contraloría General será equiparada con los otros organismos de control nacional. Igual sucederá con las asignaciones salariales, de acuerdo con un parágrafo transitorio aprobado. Contempla que “la asignación básica mensual de los servidores de la Contraloría General de la República y su planta transitoria será equiparada a los de los empleos equivalentes de otros organismos de control de nivel nacional”. El Congreso otorgó precisas facultades extraordinarias por el término de seis meses al presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley.
La entidad de control de las finanzas públicas tendrá un fortalecimiento presupuestal de manera transitoria. Para el primer año será de $250.000 millones, para el segundo de $250.000 millones y para el tercer año de $136.000 millones. Para los siguientes cuatrienios esas apropiaciones deberán ajustarse al marco fiscal de mediano plazo.
Actualmente, la Contraloría tiene un presupuesto inferior a los otros órganos de control. Antes el Acto Legislativo, el presupuesto de la entidad de control de las finanzas públicas cercano a los $580.000 millones, el de la Procuraduría de $700.000 millones y el de la Fiscalía General de $3,5 billones.
Para Bruce Mac Master es claro que “el proceso de reglamentación de esta reforma tiene todos esos retos por delante, si sale mal, podríamos haber retrocedido varios años en términos de funcionamiento del país”.
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