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Las millonarias deudas del Gobierno con las comercializadoras de energía y gas, por los subsidios que se entregan a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, están desbordando la capacidad financiera de algunas compañías por la falta de flujo de caja, a tal punto que los gremios advierten que se podría desencadenar una crisis en el sector. Puede que las facturas se disparen y, en el peor de los escenarios, que algunas empresas suspendan el servicio.
En el caso de la energía, cada mes los usuarios de estrato 1 reciben subsidio hasta de 60 %; los de estrato 2, hasta de 50 %, y los de estrato 3, de 15 % sobre el consumo de subsistencia, que es la cantidad mínima que se requiere para cubrir las necesidades de un hogar. Por encima de ese límite, que depende de la ubicación (para climas templados y fríos es de 130 kilovatios/hora/mes y para climas cálidos es de 173 kilovatios/hora/mes) el usuario paga la tarifa plena. En el caso del gas, los subsidios llegan a los estratos 1 (hasta 60 %) y 2 (hasta 50 %) por los primeros 20 metros cúbicos.
La ley establece que para financiar esos subsidios, los usuarios residenciales de estratos 5 y 6, comerciales e industriales hacen una contribución cada mes y el faltante sale de los recursos de la Nación. El Gobierno del presidente Gustavo Petro lleva meses sin pagarles a las comercializadoras y las sumas que adeuda son grandes: de acuerdo con los gremios del sector, con corte a diciembre de 2024, los saldos pendientes con las empresas de energía suman $2,7 billones y con las de gas natural, $628.000 millones.
La crisis que se avecina
Los recursos pendientes por cobrar de la opción tarifaria, que el Gobierno dijo el año pasado que asumiría para los estratos 1, 2 y 3, pero cuya promesa está en el limbo tras la caída de la ley de financiamiento en el Congreso, más las deudas de subsidios de energía, más las del sector oficial suman cerca de $7 billones. “Son casi dos años de ingresos brutos de los comercializadores, ningún sector de la economía puede ser viable con esa deuda. Le pedimos al Gobierno que pague”, dijo Juan Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).
El 45 % de las deudas de subsidios corresponde a las empresas de la región Caribe. Jhon Jairo Granada, gerente de Afinia, la filial de EPM que tras la salida de Electricaribe opera en Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre, explica que la compañía no ha dado utilidades en los cuatro años de operación; por el contrario, han sido necesarias capitalizaciones de EPM y créditos. Si bien hasta ahora han contado con apoyo económico, reconoce que los recursos “no son ilimitados”.
El mercado del Caribe es todo un reto. Air-e, que opera en La Guajira, Atlántico y Magdalena desde la salida de Electricaribe, fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en septiembre de 2024 porque, según la entidad, no tenía la capacidad para garantizar la prestación del servicio. Esta semana, la Superintendencia, tras evaluar el deterioro financiero y operativo de la empresa, decidió que el interventor Edwin Palma seguirá a cargo de la administración temporalmente, pero si no hay mejoras en los indicadores claves, la compañía podría ser liquidada.
Granada dice que Afinia no ha incurrido en ninguna causal de intervención ni espera que la Superservicios llegue a tomar esa medida, pero reconoce que la situación financiera está en riesgo y el no pago de subsidios es otro palo en la rueda.
Estas cifras ayudan a entenderlo mejor: los clientes le deben a Afinia cerca de $2,4 billones, incluyendo las deudas del sector oficial que suman más de $300.000 millones; está pendiente por cobrar $1,4 billones de la opción tarifaria ($929.000 millones corresponden a estratos 1, 2 y 3); las pérdidas de energía, que incluyen los robos, representaron $414.000 millones en 2024. A estos números rojos se suma la deuda de subsidios, que va en $691.000 millones.
Las deudas y su impacto en empresas grandes y pequeñas no se deben subestimar. Wiston Ñustes, gerente de la Empresa de Energía de Putumayo, que atiende a 47.000 usuarios de cuatro municipios de ese departamento, explica que el 90 % de sus usuarios residenciales son de estratos 1, 2 y 3. Las obligaciones mensuales de esta compañía suman unos $6.000 millones, por eso los $10.000 millones que ya debe el Gobierno de subsidios podrían poner en riesgo la operación.
Ñustes cuenta que hasta ahora la empresa se ha apalancado en la banca para cumplir las obligaciones, como la compra de energía, pero están llegando a un punto que no es sostenible. Asegura que la situación se puede volver crítica si en febrero el Gobierno no paga al menos el 30 % de la deuda.
El impago, de hecho, ya generó un apagón. Puerto Carreño, en Vichada, estuvo 24 horas sin luz, según Andrés Medina, gerente de Electrovichada, porque la empresa no tenía recursos para pagarle al proveedor que genera con biomasa y, al mismo tiempo, el proveedor de combustible para la generación de respaldo suspendió el suministro a falta de los giros del Gobierno.
Las 21 empresas que están en Asocodis hacen parte del Sistema Interconectado Nacional. Electrovichada no hace parte de ese grupo, sino de las Zonas no Interconectadas que, como su nombre lo indica, son aquellas que no están conectadas al sistema nacional y por eso las rigen parámetros distintos. El pasado 7 de enero, tras la crisis en Puerto Carreño, el Ministerio de Minas y Energía informó que el Ministerio de Hacienda ya había habilitado los recursos para pagar $184.000 millones en subsidios en estas zonas, incluyendo los $6.257 millones de Electrovichada.
Si bien se atendió esa contingencia en Puerto Carreño y en otras Zonas no Interconectadas, el Gobierno no ha dicho cuándo les llegará el pago a las empresas del Sistema Interconectado Nacional. Al ser consultada por este diario, la cartera de Minas y Energía dijo que está preparando un informe sobre el tema, pero que por ahora no habrá declaraciones al respecto. El Ministerio de Hacienda aseguró que ha girado los recursos según los requerimientos y la priorización que ha hecho el Minminas.
Por el lado de las empresas de gas tampoco escampa. Rodolfo Anaya, presidente de Vanti, que presta servicio en 105 municipios del país, incluyendo Bogotá, asegura que la deuda por subsidios suma más de $100.000 millones tras nueve meses sin giros. Si bien es usual que el Gobierno realice el pago del último trimestre el año siguiente, un acumulado de tantos meses es atípico y preocupante. El presidente dice que esta empresa tiene solidez financiera y por eso ha podido sortear la situación con créditos, pero que las compañías pequeñas, que concentran usuarios de estratos 1, 2 y 3 están en condiciones críticas, al igual que el sector de energía.
Shair Elena Arismendy, gerente de Llanogas, que presta servicio en 25 municipios del Meta, oriente de Cundinamarca y San José del Guaviare, y presidenta de la junta directiva de Cusianagas, que opera en Yopal y cuatro municipios del sur de Casanare, señala que las deudas del Gobierno son de $16.952 millones y $3.480 millones, respectivamente. Ambas empresas, dice Arismendy, se han visto obligadas a aumentar su endeudamiento, atentando contra su sostenibilidad financiera para cubrir los subsidios.
La gerente reconoce que en este momento hay un alto riesgo de iliquidez, por eso podría ser necesario que las empresas dejen de aplicar los subsidios.
Una medida de ese tipo afecta directamente a los usuarios más vulnerables, por ejemplo, a una persona de estrato 1 que paga $40.000 en su factura podría llegarle el recibo por hasta $100.0000 sin el subsidio. Según los gremios, los incrementos podrían ser hasta de 150 % en la luz y el gas.
El otro camino, explica Arismendy, es suspender forzosamente el servicio. Esta es una opción que ninguna empresa quiere tomar. “Es una situación crítica. Estamos expuestos a no seguir otorgando subsidios, no poder seguir operando o sujetarnos a una intervención. Sería un contrasentido, que el Gobierno no pague a las empresas y las empresas se vean avocadas a una intervención por parte de la Superservicios”, asegura Manzur.
En 2024, la Contraloría advirtió que la situación financiera de las empresas, principalmente de energía, pero también de gas, puede generar una “inminente cesación en la prestación del servicio” perjudicando a los usuarios y la competitividad del país. Que más empresas soliciten una intervención sería, además de inconveniente, costoso para el Estado, en un momento en el que las cuentas fiscales ya están apretadas, por decir lo menos.
El panorama para 2025 preocupa todavía más porque en el Presupuesto General de la Nación de 2025, que todavía tiene pendiente un recorte por $12 billones tras la caída de la ley de financiamiento, no quedaron contemplados los recursos suficientes para cubrir todos los subsidios. Las cifras de las empresas indican que en el presupuesto del año pasado faltó apropiar $1,4 billones para energía y $540.000 millones para gas; este año faltarían $700.000 millones para energía y $360.000 millones para gas. Según sus cálculos, en total faltarían $2,1 billones y $900.000 millones, respectivamente.
“Históricamente, el Gobierno venía dejando cada año pendiente por apropiar en el Presupuesto General Nacional no más de un trimestre, teniendo en cuenta que las liquidaciones de estos montos son trimestrales y que el último trimestre de cada año se pagaba en la vigencia siguiente. Sin embargo, los montos aprobados del PGN 2025 dejaron descubiertos dos trimestres para energía eléctrica y dos trimestres y medio para gas natural”, alertaron los gremios el 3 de enero.
El primer camino para las empresas, que sería dejar de cubrir los subsidios, puede golpear el bolsillo de los estratos 1, 2 y 3, en medio de una conversación, especialmente tensa en el Caribe, por los altos precios de la energía que generan descontento en los usuarios. No en vano en esa región algunos dicen: “Comemos o pagamos la luz”.
En el caso del gas, Anaya advierte que en febrero los precios subirán, teniendo en cuenta la escasez que el país lleva discutiendo desde el año pasado. Por un lado, el Gobierno se ha mantenido en que hay gas suficiente, mientras los privados sostienen que no es así. Lo cierto es que se está importando gas para atender la demanda y por la regla del mercado (oferta-demanda), el gas local también subirá. La solicitud del presidente de Vanti es que el Gobierno tome las acciones necesarias para que no suba más de lo que debería, entre otras, que se cambie la normativa para flexibilizar la comercialización del gas importado.
¿Cuándo pagará los subsidios el Gobierno? Si no hay flujo de caja, ¿cuál será la solución? No se sabe y esa incertidumbre les puede salir cara a los colombianos. El dilema sobre la posible crisis que se avecina se da en medio de otras grandes conversaciones sobre la situación fiscal del país, las tarifas de energía, la viabilidad del mercado del Caribe y el futuro del gas, así como las grietas, cada vez más profundas, en la relación entre el Gobierno y los gremios.
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