Superservicios presenta examen por toma de Electricaribe

Tras cumplirse dos meses de haber sido intervenida, y luego de la presentación del recurso de reposición presentado por Gas Natural Fenosa propietaria mayoritaria de Electricaribe, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, junto con el agente especial, Javier Lastra y el presidente de Electricaribe, Edgardo Sojo, rendieron el primero informe sobre el estado de la toma de posesión de la electrificadora.

Entre los aspectos más relevantes del informe se destaca el recaudo de la compañía, las pérdidas de energía, la calidad del servicio y los análisis realizados.

La facturación al mes de diciembre ascendió a 347.000 millones de pesos, mientras que el valor cobrado alcanzó los 293.000 millones de pesos, obteniendo un porcentaje de cobro superior al 84,5%, dice el informe de prensa.

El superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, se refirió a las extensas labores de preparación adelantadas para la intervención de Electricaribe, una de las más complejas en la historia del sector. En este punto se destacaron las medidas adoptadas por la Superintendencia para proteger los activos de la compañía y evitar cualquier traumatismo durante la fase inicial de la intervención.

Explicó la estructura de financiación diseñada por el Gobierno Nacional para conjurar la crisis financiera de Electricaribe y de esa manera asegurar la prestación continuada del servicio de energía en la Costa Caribe. El Superintendente señaló que esa estructura había permitido reactivar rápidamente las operaciones de la electrificadora sin que la compañía recibiera recursos públicos.

Electricaribe ha realizado pagos anticipados ante XM, empresa de ISA y operador del mercado de energía, por 180.600 millones para cumplir con las obligaciones del mercado de energía mayorista. Para garantizar obligaciones futuras, la Superintendencia gestionó una Garantía con la Nación por un monto de 320 mil millones de pesos y 150.000 millones de pesos con el Fondo Empresarial. “Para este año tenemos garantías y energía suficiente para atender la demanda sin ningún problema”, había señalado el presidente de la empresa eléctrica, Edgardo Sojo.

Mendoza insistió en las medidas de fiscalización adoptadas por la Superintendencia de Servicios para asegurar la marcha adecuada del proceso de intervención. “Queremos que la intervención de Electricaribe sea la más transparente en la historia del sector”, manifestó el funcionario al anunciar varias medidas adoptadas.

Ordena al agente especial que presente a la Superintendencia un informe mensual en el que se de cuenta del estado de los bienes y haberes de Electricaribe, con indicación expresa de asuntos tales como las medidas tomadas para preservar el valor de los activos de la compañía, índices de prestación del servicio y de atención a los usuarios, información sobre el flujo de caja de la sociedad y sus indicadores de recaudo.

Pide solicitar al auditor externo, Deloitte & Touche, informes sobre cualquier circunstancia que pudiera poner el riesgo el valor de los activos de la compañía o el proceso de intervención.

Solicita el acompañamiento permanente de la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, durante el término del proceso de intervención.

La toma de posesión de la empresa fue realizada el 15 de noviembre de 2016. La medida busca asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. La intervención fue motivada por una situación financiera que podía llevarla a una inminente cesación de pagos y porque la sociedad no estaba en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas.