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En un muestreo de por los menos 6.000 empresas consultadas por la Superintendencia de Sociedades, el 3,3% de los empresarios admitió “cándidamente, que no cuenta con medidas para evitar que la compañía sea cómplice en actos de soborno o de corrupción”, dijo el superintendente Francisco Reyes.
Indicó que la encuesta también mostró que problemas en el tema de los conflictos de interés. “Estos pueden constituir una verdadera vena rota para las sociedades, en tanto que si pasan inadvertidos, pueden dar lugar a la desviación de recursos muy significativos hacia partes vinculadas”.
Reyes reveló cifras preocupantes. “En el 70,7% de las encuestadas, los miembros de las juntas directivas no revelan sus partes vinculadas; en el 95,3% de las empresas no se solicita autorización alguna para efectuar operaciones que impliquen conflicto de interés. Y tan solo en un 4,8% se evidencia solicitud de autorización para operaciones que dan lugar a competencia con la sociedad”, indicó.
La entidad de control también le ha metido mano a los negocios relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Recuerda el funcionario que en 2016, la entidad formuló 1.037 requerimientos a empresas para que reportaran información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
“Durante este periodo el 96% de las sociedades requeridas dieron pleno cumplimiento a las órdenes impartidas por el despacho”, dijo en el evento sobre corrupción.
El superintendente mencionó que la Ley 1778 de 2016 le otorgó a la entidad de vigilancia poderes para prevenir y sancionar las conductas de soborno internacional. Dijo que la ley surgió como respuesta a los acuerdos de alcance internacional como las convenciones de la OCDE en materia de soborno, de las Naciones Unidas y la OEA sobre la corrupción.
Mencionó que en la actualidad cursan 17 investigaciones en materia de soborno internacional. Además, en las últimas semanas, la entidad impuso cuantiosas multas relacionadas con la obstrucción de los procesos en curso en esta materia.
Una de las sanciones cobija al exrepresentante legal de una empresa que se negó, en múltiples oportunidades, a asistir a un interrogatorio. En otro caso, una sociedad fue sancionada por obstruir una investigación, al negarse a entregar información solicitada durante una visita, relató el superintendente de Sociedades.
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