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Tras conocerse que la Procuraduría inició indagación preliminar contra el superintendente de Sociedades, Luis G. Vélez Cabrera, por una investigación adelatanda contra la petrolera canadiense, Pacific Rubiales, el funcionario dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación.
En un comunicado, el superintendente dice que «a la fecha, el Superintendente de Sociedades, Luis G. Vélez Cabrera, no ha sido notificado de una investigación preliminar de esta naturaleza que tenga relación con la sociedad en mención».
Destaca que «acudirá de manera expedita a aclarar ante los entes de control y las autoridades competentes por todas y cada una de sus actuaciones en el ejercicio del cargo cuando estas lo requieran«.
En el comunicado recuerda que «la Superintendencia de Sociedades mediante resolución 300-013801 del 2 de septiembre de 2011 decretó de oficio la apertura de una investigación administrativa con el fin de determinar la posible existencia de una situación de control o grupo empresarial entre sociedades comerciales y sucursales de Pacific Rubiales Energy Corp. La investigación se adelantó en pleno cumplimiento de las normas legales y contó con la colaboración amplia de las empresas investigadas».
Reitera que el día 18 de enero la Superintendencia de Sociedades expidió las resoluciones 300-000145, 300-000141, 300-000144, 300-000146, 300-000147, 300-000148, 300-000150, 300-000149, donde se multó a las sociedades PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP, PACIFIC INFRASTRUCTURE INC, PACIFIC COAL RESOURCES LTDA y PACIFIC POWER GENERATION CORP por el registro extemporáneo de la situación de control de conformidad con el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
Indica el informe que «dichas multas, que en total sumaron ochocientos millones de pesos ($800.000.000), fueron pagadas de manera inmediata por las empresas sancionadas sin que estas hubiesen sido sujeto de recurso legal alguno».
La Superintendencia de Sociedades reitera que ha actuado, y lo continuará haciendo, en el más estricto cumplimiento de las normas legales y éticas que rigen el ejercicio de la función pública, sostiene el informe de prensa de la Superintendencia de Sociedades.
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