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La Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de la Terminal de Transportes del Socorro S.A. y el Centro Empresarial del Transportes Terminal de Quibdó S.A.S. por presuntamente no estar cumpliendo con algunas de las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.
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La entidad explicó que realizó diferentes requerimientos a los operadores relacionados con la información y los soportes que permitieran supervisar y evidenciar la implementación de las acciones tendientes a dar cumplimiento permanente a las medidas sanitarias ordenadas por diferentes autoridades en el país.
En principio, la Supertransporte puso a disposición de las terminales un aplicativo web para realizar registro, gestión y control de cumplimiento de las medidas de bioseguridad de manera autónoma y con la normatividad vigente. Dicha plataforma también es utilizada por la entidad para realizar la verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad exigidas.
En estos reportes se evidenció que el Centro Empresarial de Transportes Terminal de Quibdó y la Terminal de Transportes del Socorro presuntamente habrían desatendido algunos requerimientos de información y de implementación de medidas de bioseguridad.
La Superintendencia dijo que encontró méritos para abrir investigación y formular pliegos de cargos por no suministrar la información requerida relacionada con la implementación y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y por incurrir en violación de las normas del transporte establecidas en la Ley.
La entidad señaló que con estas acciones no solo se estaría obstaculizando la labor de supervisión, sino que se comprometería el beneficio que estas medidas representan para el sector en general y, puntualmente, para las empresas de transporte y para los usuarios de estas terminales de transporte, “quienes tienen derecho a recibir un servicio público de transporte seguro y de calidad”.
“El no suministro de información y el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional para mitigar la expansión del COVID-19 no solamente pone en riesgo la prestación de este servicio público esencial para todos los usuarios, sino que compromete la competitividad del país al provocar ineficiencias en la reactivación económica”, aseguró el superintendente de Transporte, Camilo Pabón.
En caso de ser encontradas responsables, las terminales de transporte en mención podrían ser multadas hasta con 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada uno de los cargos imputados, sin perjuicio de la adopción de las medidas que se consideren pertinentes para salvaguardar los derechos de los usuarios de las infraestructuras del transporte que pudieron verse afectados con la conducta investigada.
Además, en contra de la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, que se realizarán de conformidad con lo establecido en la ley, no procede recurso alguno. La entidad destacó que se garantizarán los principios del debido proceso y el derecho de defensa.
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