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Es cierto que todo está caro: en agosto la inflación llegó a un preocupante 10,84 %, el nivel más alto desde 1999, pero hoy en el centro de la conversación está la energía. Son varias las razones. La primera es que el presidente Gustavo Petro cuestionó por qué en los últimos 12 meses la electricidad subió 25,9 %, en el Caribe el aumento supera el 40 %, a pesar de que los embalses están llenos. Otra es que los gremios se han achacado entre ellos la responsabilidad, generando más confusión. La tercera, y más importante, es que en el norte del país las personas están escogiendo entre pagar un recibo o comer.
Una tarifa que sube sin freno es un problema para la competitividad de la región, una desventaja, así lo han expresado varios alcaldes. Los pequeños comerciantes, según Orlando Jiménez, presidente de Undeco Atlántico, tienen que destinar cada vez más dinero para pagar la luz y así poder, por ejemplo, mantener los productos refrigerados. Y para quienes ese mayor precio implica dejar de comprar alimentos, que son la categoría que más ha subido de precio en el país, solucionar el tema es una prioridad. El malestar social crece al mismo ritmo que el costo de la factura.
La gente se está preguntando por qué si desconecta la nevera y prende menos la luz, la factura no baja, sino todo lo contrario. El problema es que políticos, expertos y líderes gremiales no se ponen de acuerdo, especialmente, a la hora de exponer cuál es la causa principal y así es complicado decidir por dónde empezar.
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Dejando de lado lo técnico, lo que debe saber es que en la factura que le llega cada mes le están cobrando por seis cosas diferentes. En general, todos los componentes han subido, pero antes de conocer qué soluciones están sobre la mesa (y qué tan viables son) hay dos que son vitales y de los que obligatoriamente tenemos que hablar: la generación de energía y las pérdidas.
Con embalses llenos, ¿por qué el precio sube?
La generación de energía, el primer eslabón de esta cadena, es uno de los componentes que más ha subido. Según datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) representa actualmente el 35 % del costo del servicio. Petro preguntó por qué si las condiciones para generar energía están dadas -de hecho, el último reporte de XM indica que los embalses cerraron agosto en 85,1 %- el precio sube.
Tanto la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) como la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) le explicaron a este diario que hay dos caminos para que los comercializadores consigan energía, el primero por medios de contratos y el segundo en la bolsa. Aproximadamente el 90 % de estos negocios se hacen por medio de contratos a largo plazo. Como explica Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, el objetivo es evitar la volatilidad de la bolsa: “En promedio, en los contratos está en $250 o $280 kilovatio hora. Es cierto que hace un mes en la bolsa estaba en $100, pero en estos días llegó a $380”.
Así las cosas, el indicador de los embalses sí es importante, es una foto de lo que pasa hoy, pero en los contratos se tienen en cuenta otras cosas, como lo que se espera a futuro. Ahora, si nada de esto es nuevo: ¿por qué la generación de energía ha subido de precio? Porque para ajustar los contratos se tiene en cuenta el muy sonado (al menos por estos días) Índice de Precios del Productor (IPP), calculado por el DANE. Los expertos consultados sostienen que este suele estar por debajo de la inflación, pero en esta coyuntura, con la guerra en Ucrania, la reactivación económica, entre otras cosas, se disparó. Y vale recordar que no afecta solo al componente de generación, pero sí es al que más altera.
Entre agosto de 2021 y el mismo mes de este año la variación fue del 30,2 %. Las proyecciones de junio de Corficolombiana indicaban que los precios de la energía seguirían creciendo a tasas atípicamente altas durante los próximos dos años. Ahora, la gran pregunta es qué tan adecuado es seguir usando este indicador, que no necesariamente refleja las variaciones para la generación de energía, pues en el cálculo se analiza una canasta de bienes representativa para la producción nacional y para las importaciones. Al parecer, ya hay un acuerdo al respecto, en el marco de las soluciones, tema que se retomará más adelante.
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Pero si bien este es un elemento que afecta las tarifas de energía en todo el país, no se explica por qué en el Caribe el aumento es tan alto. Aquí entran en juego las llamadas pérdidas.
Pérdidas para el Caribe
Otra de las seis categorías que le cobran en el recibo de la luz se llama pérdidas. En todo el país se incluye en las tarifas las pérdidas de energía técnicas, que son aquellas que se presentan principalmente, y en palabras de la CREG, “por el calentamiento que se produce al pasar la energía eléctrica a través de las líneas de transporte y de transformadores”. Básicamente, el usuario paga por la energía que se pierde en el proceso.
Lo que pasa en el Caribe es que los usuarios están pagando otras pérdidas, como las que se presentan por robos de energía. Información entregada por las empresas distribuidoras y recopilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indica que, las pérdidas en esta región representaron entre el 17 y el 20% (dependiendo de si es Afinia o Air-e) de la factura durante agosto de 2022. En el resto el país representan el 7 %.
Ese es uno de los motores del incremento en esa región del país. La decisión de reconocer esas pérdidas no técnicas a los operadores se tomó teniendo en cuenta todos los problemas financieros que dejó Electricaribe. Según la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, también hay un aumento en el componente de distribución en esta zona por las inversiones que se han hecho en postes, cables, transformadores, etc.
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Que Afinia y Air-e puedan cobrarles a los usuarios el porcentaje de pérdidas de energía que había para 2019 todavía es polémico (27 % en el caso de la primera y 29 % para la segunda). “Teniendo en cuenta la Ley 142 de 1994, las pérdidas no técnicas no deben ser cobradas a los usuarios, pues se deben a una gestión no eficiente. Sin embargo, las resoluciones de la CREG, que empezaron a ser efectivas en julio de 2021, han generado un incremento en la tarifa. No solo son lesivas, sino que desconocen esa ley”, asegura Carlos Arturo Diago, especialista en servicios públicos domiciliarios. La decisión, incluso, ha sido demandada ante el Consejo de Estado.
Reinaldo Tovar, director ejecutivo de Transparencia Caribe en Cartagena, interpuso en agosto una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución 010 de 2020 de la CREG, con la cual se establece el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe y contra la resolución 079 de 2021.
El director asegura que la CREG entregó facultades de cobros retroactivos violando la ley 142 de 1994, al permitirle a los operadores, en este caso Afinia, cobrar pérdidas de años en los que no estaba adelantando la operación y que no fueron facturados ni gestionados por el anterior operador.
En junio, el alcalde Jaime Pumarjo también interpuso ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra otra resolución la CREG, buscando que se bajen las tarifas. (Lea: La demanda con la que Barranquilla busca frenar el aumento en la tarifa de energía)
¿Qué soluciones están sobre la mesa?
Según la viceministra de Energía, el Gobierno y todos los actores de la cadena productiva estudiarán medidas. A corto plazo, analizarán la posibilidad de modificar el indicador que afecta los precios de la generación, el IPP. A largo plazo habrá un nuevo indicador para el sector eléctrico que tendrá en cuenta “cada segmento de la cadena productiva”. Si bien la medida aliviaría los costos en el país, no soluciona de fondo el problema del Caribe.
Para esto, políticos y miembros de los gremios han puesto sobre la mesa la posibilidad de que el Estado cubra las pérdidas no técnicas y de que se cree un fondo de estabilización. “Lo que se hizo fue un convenio para librar a la costa de un apagón, entre las condiciones se incluía incorporar las pérdidas en la tarifa, si no nadie se iba a meter. (…) El Gobierno tendrá que poner recursos para buscar soluciones”, aseguró Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco).
Sin embargo, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, descartó la posibilidad de un fondo de estabilización, pues aseguró que “realmente no son una solución, sino una carga fiscal”. Que las pérdidas pasen a las empresas tampoco parece una opción viable. Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la junta de EPM, dijo que si ese dinero no va a salir de la tarifa de los usuarios ni del Gobierno, podrían “devolver Afinia”.
Javier Lastra, presidente de Afinia, le dijo a este diario que si el modelo que estaba en la base para decidir operar el servicio varía, se afectaría la rentabilidad. Todavía no saben en cuánto porque esta es una decisión que no está en planes para la empresa.
Lastra recordó que para que los usuarios no sintieran el impacto del aumento de la tarifa, se acogieron a la “opción tarifaria”, básicamente, una alternativa para hacer el cobro gradualmente. Afinia estima que ha dejado de cobrarles a los usuarios (y lo tendrá que cobrar más adelante) $1,1 billones. En todo el país los gremios estiman que los agentes aún tienen saldos pendientes por cobrar que suman $4 billones.
En general, todos los actores coinciden en que hay que buscar soluciones, pero no en cuál es el punto crítico. Para los generadores son las pérdidas, para las empresas prestadoras del servicio son los costos de generación. En este momento, en el que el debate ha convocado a todas las partes, el Caribe espera que haya soluciones efectivas.
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