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En casi cualquier conjunto residencial o edificio de apartamentos del país hay alguien que abre la puerta del edificio a las cinco de la mañana, en las horas de la tarde recibe el “corrientazo” que llega a domicilio y hace la ronda cuando todos duermen.
Es el o la guarda de seguridad, y muchos residentes cruzan más palabras con estas personas que con sus propios vecinos. Para bien o para mal, sobre los hombros de estos trabajadores recae buena parte de la sensación de seguridad en una propiedad horizontal.
Esa presencia permanente, 24 horas y siete días a la semana, tiene un costo que millones de hogares asumen cada mes a través de la cuota de administración. En muchas copropiedades cuyos reglamentos internos establecen que ese cobro se ajusta con base en el salario mínimo, el aumento histórico del 23 % se reflejó directamente en el recibo.
De ahí que hoy varias juntas y residentes se pregunten si deben recortar gastos en servicios como jardinería, aseo o vigilancia para equilibrar las cuentas.
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En entrevista con El Espectador, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Sadit Álvarez, explicó cómo el aumento del salario mínimo incide en los costos del sector y qué hay detrás de los cerca de COP 17,1 millones que hoy cuesta, como base, un servicio de vigilancia 24/7.
Además, reveló que el Gobierno está revisando la estructura que rige esas tarifas desde hace más de dos décadas. La intención, dijo, es que no pague lo mismo un conjunto residencial que una gran empresa o una industria. Todo esto sin afectar los salarios ni las prestaciones de los trabajadores, como enfatizó Álvarez.
- En primer lugar, ¿qué tanto pesa el salario mínimo dentro de un servicio de vigilancia 24 horas en Colombia?
La tarifa de los servicios de vigilancia y seguridad privada tiene un alto componente ligado al salario mínimo. Cuando establecemos la tarifa mínima hacemos un costeo de cuánto cuesta un servicio, es decir, un punto de vigilancia.
Ese cálculo se realiza teniendo en cuenta tres personas, porque el servicio es 24 horas todos los días del mes, los siete días de la semana. En ese ejercicio se incluyen salario y todo tipo de prestaciones sociales, dominicales y horas extras. Pero la tarifa no es solo el salario mínimo.
Un 90 % o 92 % del valor total corresponde a salarios y prestaciones, porque se debe garantizar el pago a esas tres personas que cubren el servicio. Además, existe un seguro de vida establecido en la ley del vigilante, que también hace parte de la tarifa.
Adicionalmente, hay un componente de administración y supervisión que, dependiendo de la modalidad, varía si el servicio es sin armas, con armas o con caninos, así como otros costos operativos inherentes a la prestación del servicio.
- ¿Por qué la tarifa se expresa en salarios mínimos y no en una cifra fija?
Históricamente, lo que hace la superintendencia es determinar un factor. Ese factor es el número de veces que se multiplica el salario mínimo. Hoy está en 9,77.
Lo que busca ese factor es determinar, teniendo como base el salario mínimo, cuánto cuesta el servicio en ese punto con las tres personas, pero teniendo en cuenta todo: salarios y prestaciones, los costos operativos inherentes al servicio, el seguro de vida y el porcentaje de administración y supervisión. Es un todo.
Desde que se empezó a regular la tarifa en el sector, se estableció en salarios mínimos. Uno podría decirlo en términos estrictamente numéricos y fijarlo en pesos, pero la forma más sencilla ha sido expresarlo así.
Hoy, al multiplicar 9,77 por el salario mínimo vigente, el valor del servicio (básico) es de aproximadamente COP 17,1 millones.
- ¿Considera que las tarifas actuales del servicio de vigilancia se compadecen con las diferentes realidades del país?
Hoy puede estar pagando lo mismo una gran empresa que un conjunto residencial por un servicio similar, y claramente las realidades no son las mismas.
La Superintendencia ha fijado una tarifa mínima que aplica para todos. El factor 9,77 que rige hoy viene de hace varios años y lo que se ha hecho es actualizarlo cuando cambian variables como el salario mínimo u otros costos que incidan en la estructura de la tarifa.
El último decreto que determinó ese factor lo expidió el expresidente Iván Duque en 2022 y lo que ha venido haciendo la Superintendencia es actualizarlo.
La entidad tiene la facultad de actualizar la tarifa según las variables que entren en la estructura de costos, pero no es quien determina el factor como tal, porque este está definido por decreto presidencial.
Desde que llegamos a la entidad hicimos un ejercicio de revisión con participación de los gremios, de las cooperativas de vigilancia y de representantes de los trabajadores. Fue una revisión responsable y después de casi 20 años o más sin revisar la estructura de fondo.
Lo que encontramos es que es factible bajar el factor para cierto tipo de servicios, entre ellos los residenciales. El factor actual es una especie de promedio de costos y lo que hicimos fue revisar principalmente los costos operativos, no los salarios ni las prestaciones.
Tres personas que trabajan 24 horas van a tener sus salarios y sus prestaciones, y con eso no nos vamos a meter.
- Más precisamente, ¿en qué consistiría ese ajuste y cómo impactará las tarifas del servicio de vigilancia?
La revisión (del factor) se hizo pensando en diferentes sectores. Obviamente, partimos del residencial, pero también hay que pensar en la escuela pública de un municipio, en el microempresario textil que está sacando adelante su empresa o en una panadería. En estos lugares el servicio de vigilancia no tiene las mismas complejidades que en una mina de carbón, en el aeropuerto El Dorado, o en un centro comercial.
Hoy paga lo mismo un conjunto residencial en una ciudad cualquiera del país que Ecopetrol, por ejemplo, y que las entidades públicas. Al analizar ese tipo de situaciones, lo que hicimos fue revisar la estructura de costos y ver que efectivamente podíamos reducir el costo operativo de prestarle el servicio en estos ejemplos que te estoy poniendo.
Entonces, lo que hicimos fue determinar criterios diferenciales y así que no todo el mundo deba pagar lo mismo, teniendo en cuenta la variación de los costos operativos de prestar el servicio dependiendo de dónde se preste.
Sin afectar, obviamente, lo que tiene que ver con los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores del sector. Eso no se toca. Las garantías mínimas laborales están cubiertas aún con la tarifa diferencial en caso de que se concrete; lo que cambia son los costos inherentes al servicio.
En un conjunto residencial el vigilante llega, presta el servicio en la portería, usa su uniforme de dotación, sus equipos básicos y termina su turno. Pero prestar el mismo servicio 24 horas en una refinería en Barrancabermeja implica otras condiciones: la dotación es distinta; los elementos de seguridad son distintos; las condiciones climáticas son distintas; el transporte puede requerir camionetas especiales, y todo eso encarece el servicio.
- ¿Cuándo entrarán en vigencia estos ajustes a la forma de calcular las tarifas?
La Superintendencia y el propio sector son conscientes de que era necesario revisar la estructura de costos de la tarifa.
Ya se hicieron unas mesas de trabajo, se concertó y hay un acuerdo. Lo que hace falta es avanzar en un decreto que debe expedir el Gobierno Nacional para materializar ese alivio que se vendría para los hogares y para otros sectores que también se tuvieron en cuenta.
- En medio de esta discusión por el salario mínimo, algunos advierten que los incrementos pueden llevar a las copropiedades a contratar servicios de conserjería para reemplazar la vigilancia formal. ¿Está ocurriendo?
Cuando se dio el incremento del salario mínimo, mucha gente dijo: ahora se viene un mundo de informalidad y pérdida de negocios alrededor de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Y eso debemos decirlo: no es del todo cierto.
Hoy la tarifa está en COP 17,1 millones. Es bastante común (y hay que decirlo) que muchos conjuntos residenciales, e incluso algunas empresas, contraten servicios por debajo de esa tarifa mínima.
Y eso no está sucediendo este año porque el salario mínimo aumentó en la proporción en que lo decretó el Gobierno; es un comportamiento que viene desde hace muchos años.
Tú encuentras facturas por COP 8 millones, que es prácticamente la mitad de la tarifa actual, y COP 8 millones no cuesta el servicio de vigilancia hace muchísimos años. Es una situación reiterada y de tiempo atrás.
Ahora, la Superintendencia es una entidad muy pequeña, con un presupuesto limitado. Somos 94 funcionarios, incluyéndome, con un presupuesto cercano a los COP 38.000 millones, y solo tenemos oficinas en Bogotá. Y estamos vigilando un sector que opera día y noche, los 365 días del año, en puertos, aeropuertos, centros comerciales y conjuntos residenciales en todo el país.
Es un sector que impacta alrededor del 2,5 % del PIB y que emplea formalmente a unas 370.000 personas. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer para vigilar un sector tan grande con un equipo pequeño es mayúsculo.
Por ejemplo, nos puede llegar una denuncia de que en un conjunto residencial en Cúcuta están pagando ocho millones de pesos por el servicio. Verificar eso implica desplazamientos, trámites administrativos y costos operativos. Son esfuerzos que estamos haciendo.
Por eso hemos procurado emitir circulares, fortalecer el equipo y hablarles no solo a las empresas, sino también a la ciudadanía y a los contratantes del servicio. Es decir, advertirle al administrador de un conjunto que si contrata por debajo de la tarifa mínima, se expone a consecuencias.
- ¿Qué consecuencias enfrenta un conjunto residencial que paga por debajo de la tarifa mínima o recurre a esquemas informales?
Un conjunto residencial no es un prestador autorizado nuestro del servicio, pero sí es quien lo está contratando. Y si lo hace por debajo de la tarifa legalmente establecida o contrata a una empresa que no tiene licencia de funcionamiento, está cometiendo una irregularidad.
Nosotros podemos adelantar un procedimiento administrativo sancionatorio y podemos sancionar a ese conjunto. Ese es el mensaje que hemos querido hacerle llegar a quienes contratan el servicio.
A nosotros puede llegarnos una queja diciendo que el conjunto X está contratando una empresa que no tiene licencia. Delegamos al grupo de inspecciones, hacen la visita y, si se verifica que efectivamente están contratando a un prestador no autorizado, decretamos una medida cautelar inmediata.
La medida cautelar ordena cesar de inmediato esas actividades. No solo para el conjunto residencial, sino también para la empresa que está prestando el servicio sin licencia. El conjunto debe buscar una empresa que tenga autorización para contratarla.
Nosotros damos un tiempo prudente y luego hacemos una visita de verificación. Si el conjunto hace caso omiso, eso se convierte en un agravante dentro del proceso sancionatorio y puede dar lugar a multas hasta de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las decisiones van tanto para quien contrata como para quien presta el servicio sin autorización.
El año pasado decretamos 30 medidas cautelares dentro de aproximadamente 150 visitas realizadas. Este año, en lo que va corrido, hemos adelantado 33 visitas de inspección, varias de ellas a prestadores no autorizados.
- Finalmente, ¿qué mensaje les enviaría a las copropiedades que están pensando en reducir su planta de vigilantes por el aumento de costos laborales?
Yo creo que aquí se ha generado una especie de confusión. Sí, se incrementa la tarifa de vigilancia y seguridad privada, pero fíjate que algunos conjuntos residenciales corrieron enseguida a hacer reuniones extraordinarias y dijeron: vamos a subir el 23 % la cuota de administración.
Eso tendría sentido si la cuota de administración solo fuera para pagar el servicio de vigilancia, si lo pusiéramos en términos de sí o no, de negro y blanco. Pero la cuota de administración no es solamente para pagar vigilancia; es para cubrir todos los costos administrativos y operativos del conjunto residencial.
Entonces, creo que no hicieron el cálculo adecuado. Si tú miras un conjunto grande, donde haya 100 o 200 apartamentos, no tiene sentido que todo el mundo incremente el 23 % de la cuota simplemente porque el salario mínimo subió ese porcentaje. Los servicios que están ligados a prestación personal, claro, se van a ver impactados, pero no todo es eso.
Yo no creo que la mejor medida sea reducir el número de personas que prestan el servicio. Hay que entender las cosas en su dimensión.
Este es un servicio especializado que impacta, como no te imaginas, la seguridad ciudadana. Estamos hablando de 370.000 hombres y mujeres trabajando formalmente, una cifra equiparable al número de hombres y mujeres que tenemos en nuestra Fuerza Pública.
Y están presencialmente en todas nuestras residencias, en todas las calles, en todos los barrios. A veces uno ve más vigilantes que policías. Lo que tiene que ver con seguridad, con tranquilidad ciudadana y con la percepción de estar en un ambiente seguro, yo creo que eso no es negociable. No podemos debilitar eso.
Hay una nueva realidad en el país. La reforma laboral es un hito histórico que está devolviendo a los trabajadores derechos que se habían perdido años atrás. El pago ajustado legal del salario y la reducción de la jornada laboral responden a estándares internacionales. Colombia se está adecuando a esos estándares.
Yo no creo que un acto de justicia como lo ha sido la reforma laboral deba verse como un hecho que afecte nuestra vida.
Cuando ocurrió la suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado, incluso varios gremios económicos salieron a defender el incremento del salario mínimo, porque el tiempo ha demostrado que los impactos que en algún momento se anunciaron quizá no fueron tantos.
Yo creo que de ninguna manera debe usarse como excusa el hecho de que se les pague mejor a los trabajadores para tomar la decisión de tener menos puestos de trabajo. Por el contrario, debe ser una oportunidad para que este sector siga creciendo, generando empleo formal como lo hace.
Si se hace un balance, realmente es más lo que se gana en términos de tranquilidad, de seguridad y de bienestar que lo que se gana reduciendo dos o tres puestos de trabajo. Yo creo que no habría lugar a renunciar a tener un servicio tan importante como el de la vigilancia privada por simplemente querer ahorrarse unos pesos.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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