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El empleo es uno de los grandes retos económicos del país. Lo era antes de la pandemia, para decirlo con toda claridad. Pero el covid-19 terminó por agudizar la situación de trabajo para millones de personas, que conviven dentro en un sistema laboral que viene funcionando a medias desde hace años.
El gobierno de Iván Duque prometió una reforma laboral que nunca llegó (al igual que una pensional). Pero más que ponerse al día con este tema, la siguiente administración nacional deberá meterle mano al sistema laboral por una multitud de razones que van desde mejorar el crecimiento económico, pasando por equilibrar la cancha social, hasta combatir la pobreza.
Por ejemplo, la Misión de Empleo, tras escarbar las raíces del mercado laboral colombiano durante un año, concluyó que no solo funciona mal, sino que necesita una serie de reformas para ponerlo a tono con el mundo actual y para garantizar mejores condiciones sociales para los trabajadores. La deuda no es solo con la cifra de desempleo, sino también con la calidad del empleo.
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El diagnóstico que entregó ese grupo de expertos da cuenta de malos incentivos de la protección social y deficiencias en los mecanismos para proteger a los trabajadores contra el despido, entre otros desbarajustes.
Y si bien el empleo ha dado mejores señales de vida después de la crisis introducida por la pandemia, aún hay mucho para, siquiera, volver a las cifras prepandemia. Y todavía mucho más para comenzar a hablar de los cambios necesarios a futuro.
Las más recientes cifras entregadas por el DANE muestran una tasa de desempleo del 12,1 %, que se traduce en más de 2,99 millones de desempleados y 21,68 millones de ocupados. Se estima que solo para igualar las cifras registradas en el referente prepandémico (febrero de 2020), habría que crear 500.000 puestos de trabajo y sacar del desempleo a 200.000 personas.
Pero esto solo es la punta del iceberg, pues una mirada más profunda revela que la informalidad en el país es del 45,5 % en las 23 ciudades y áreas metropolitanas (más de cinco millones de trabajadores sin mínimos de protección social), que la brecha de género es de seis puntos porcentuales (recibiendo las mujeres las mayores cargas en labores de cuidado del hogar no remuneradas) y que la falta de cobertura del sistema de pensiones es, cuanto menos, preocupante (en Colombia solo uno de cada cuatro adultos mayores logra pensionarse).
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En suma, en Colombia no hay condiciones para que todos los que quieran acceder a su derecho constitucional de trabajo puedan hacerlo, mientras que gran parte de los que lo han logrado no cuentan con condiciones para calificar dichos empleos como de calidad.
El empleo es una pieza fundamental en el engranaje económico y social del país, por lo que también es un punto de análisis vital en las propuestas de los candidatos presidenciales. En sus planes de gobierno, la mayoría coincide en que se necesitaría una reforma laboral (así como otras en apartados relacionados, como el de las pensiones). ¿Cómo planean hacerlo?
¿Qué dicen los expertos de las propuestas de los candidatos?
Todos coinciden en que Colombia necesita una reforma laboral. El jefe de la Misión de Empleo, Darío Maldonado, recuerda que la principal recomendación dada es que no basta con una sola, sino con una serie de estas que atiendan el problema de manera transversal, abarcando temas como la informalidad, brecha de género, pensiones, formación para el empleo, entre otros rubros.
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“El lente con el que hay que mirar las propuestas de los candidatos es el de la universalización”, aseguró, al explicar que también sería infructífera una o varias reformas que no atiendan en condiciones iguales para todo el mundo. Aunque no existe un paso a paso que garantice el éxito en esta transformación que necesita el país, cree que quien asuma la presidencia podría arrancar con pie derecho si trabaja en el tema de pensiones.
Para el rector del Colegio Colombiano de Derecho Social (Coldesocial), Víctor Julio Díaz, es clave que en el próximo cuatrienio se avance en la actualización del Código de Trabajo (que está desde 1950) y que el Congreso cumpla con el mandato establecido en la Constitución de 1991, que es el de la expedición de un estatuto del trabajo.
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“Se cumplen 31 años sin que se haya expedido, y lo que hemos hecho es tratar de ajustar el Código de 1950 a las necesidades actuales del mercado laboral”, explica. En suma, se necesita una reforma laboral integral que brinde certeza y confianza a todos los actores, especialmente a empleados y empleadores. En esto también se deberá incluir una regulación que enmarque los beneficios de los trabajadores de plataformas tipo Uber o Rappi, coincidiendo con Maldonado, de que la seguridad social debería ser un asunto universal.
En materia de retos, el director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Daniel Jaramillo, considera que quien quede como presidente debe prestar atención a la brecha de género, por lo que considera acertado que se piense en la conformación de un sistema nacional de cuidado que reconozca, redistribuya y reduzca los tiempos de cuidado no remunerado de las mujeres, incluyendo licencias parentales compartidas. También cree que las políticas de cuotas no son del todo idóneas, en su lugar (y pensando en el impacto a largo plazo), sería más acertado pensar en incentivos.
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“Veo que las propuestas de los candidatos caen en muchos lugares comunes, faltos de propuestas realizables (mucho de lo que proponen es complejo que lo cumplan en cuatro años), y también veo que están concentradas en un afán de dar soluciones a cortoplazo, que desafortunadamente no parecen confiables para dar solución al problema estructural”, detalla, al criticar que son propuestas que parecen estar desconectadas de la representatividad sindical, y también ajenas a la inclusión que deberían tener las personas con discapacidad.
En materia de seguridad social, Juliana Morad, profesora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, cree que la futura presidencia de Colombia tendrá el reto de independizar la seguridad social de las relaciones laborales, porque no puede ser que estas sigan siendo solo un privilegio para quienes cuentan con un contrato de trabajo.
Finalmente, el también profesor de este observatorio, Iván Jiménez, opina que muchas de las propuestas de los candidatos proponen objetivos sensatos, aunque algunos se quedan cortos en explicar cómo los lograrían. Esa sería una discusión pendiente que tendrían que dar a los colombianos, si verdaderamente quieren generar confianza con sus iniciativas.
En resumen, el desafío que tiene quien ocupe la Casa de Nariño, en materia laboral, no es fácil. Más que propuestas cortoplacistas, lo que se recomienda es avanzar de forma estructural, y por lo menos poner los cimientos para que futuros gobiernos continúen con el trabajo. ¿La política colombiana estaría dispuesta a construir sobre lo construido? No parece haber otra fórmula que arregle de raíz los malestares que tiene el mercado laboral colombiano.
¿Qué proponen los candidatos?
Revisamos las propuestas de los candidatos presidenciales que repuntan en las encuestas, y esto es lo que plasmaron en sus programas de gobierno.
Gustavo Petro
El candidato del Pacto Histórico propone unos ajustes bastante ambiciosos, pues da a entender que en su gobierno el desempleo podría llegar al 0 %. En su programa estipula que brindará trabajo de un salario básico a quienes no puedan emplearse de otra manera. “No será un programa de emergencia, ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado”, detalla.
En este orden de ideas, el Estado actuará como empleador de última instancia, dando prioridad a jóvenes, mujeres y trabajadores informales. Con base en las más recientes cifras del DANE, la administración de Petro necesitaría otorgar unos 2,99 millones de empleos que, si se pagan a un salario mínimo, demandaría un esfuerzo fiscal de casi $3 billones al mes (sin tener en cuenta la eventual productividad que estos generen, y si cobijarían también a la población migrante).
También es parte de su estrategia contratar a personas de las comunidades en donde se vayan a hacer inversiones del Estado con “obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial”. Esta es una estrategia que ya se ha implementado en otras administraciones, como en la actual Gobernación de Cundinamarca. Petro explica que esto exigirá cambios en la ley de contratación que permitan la oferta de bienes y servicios de la economía social y popular.
En su hoja de ruta destaca el protagonismo que tendrían las mujeres, garantizando hasta un 50 % de participación en cargos públicos (las conocidas cuotas de género). También promete que se reconocerá económicamente el trabajo que hacen para el cuidado de otros; dichos esfuerzos serán incluidos en las cuentas nacionales para medir el aporte que hacen a la economía colombiana. Con esas cifras claras, habría unas recompensas económicas para aquellas que se dedican a estas labores, reflejadas en programas y políticas públicas. “Las mujeres que han dedicado su vida al trabajo de cuidados en el hogar serán integradas al sistema pensional para garantizar su derecho”, añadió.
Su apuesta económica para fomentar la generación de empleo también incluye el aprovechamiento de tierras improductivas en regiones estratégicas. “Propondremos al propietario del latifundio improductivo activar la producción de sus terrenos, pagar los impuestos correspondiente o, en última instancia, venderlos al Estado para que este a su vez los entregue a las comunidades rurales”, se lee en su plan de gobierno.
Otro cambio importante que se vería en su administración es que los ajustes que se hagan a los aranceles serían con base en la preservación y el aumento de la fuerza de trabajo. También se daría apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o intereses condonables, además de subsidios a la nómina y descuentos en servicios públicos.
Los trabajadores de plataformas tecnológicas como Uber y Rappi se verían beneficiados mediante una regulación que reconoce su relación laboral con estas empresas (hasta el momento son vistos como independientes), lo que las obligaría a responder por sus aportes a la seguridad social.
Federico Gutiérrez
La gran apuesta que tiene el exalcalde de Medellín en materia laboral es la de reducir la tasa de desempleo a por lo menos el 9 %, una iniciativa que se acerca a las apuestas del actual mandato, pues el Ministerio de Trabajo espera que antes de que se dé el cambio de administración el país vuelva a tener tasas de un dígito. Para que Fico alcance esta meta necesitaría sacar del desempleo a unas 800.000 personas, con base en las más recientes cifras del DANE.
Para lograrlo, la estrategia contenida en su plan de gobierno se enfoca en estimular la generación de empleo impulsando la actividad empresarial. Vaticina que será el “gobierno del microcrédito” y que los emprendedores no dependerán más de los “gota a gota”. “Las empresas tendrán más facilidades e incentivos para la formalización, con un énfasis especial en la contratación de mujeres y jóvenes”, detalla al agregar que con sus apuestas en el país se generarían 1,2 millones de puestos de trabajo.
Parte importante de ese apoyo al empresariado colombiano se evidenciaría en el sector turismo, en donde proyecta generar 400.000 plazas laborales (100.000 cada año de su cuatrienio).
También promete incentivos para la creación de 10.000 empresas, con el apoyo del Fondo Emprender y de los Centros de Desarrollo Empresarial del Sena. Cada emprendedor gozaría de un financiamiento de entre $80 millones y $130 millones, además de acompañamiento durante un año, “para asegurar su supervivencia”. Con estos emprendimientos proyecta la creación de otros 200.000 empleos, entre directos e indirectos.
Gutiérrez es parte de los candidatos que consideran necesaria una reforma al mercado laboral. La suya, aseguró, tendría como eje central la contratación formal y aumentar la participación de la mujer y de los jóvenes (aumentará del 10 al 15 % la obligatoriedad de contrataciones de primer empleo en entidades públicas). La meta en su gobierno es reducir la informalidad a la mitad, “por medio de contratos que se ajusten a las demandas y a la realidad del mercado laboral del siglo XXI”, detalla, al señalar que Colombia tiene un Código Sustantivo del Trabajo que data de 1950.
La formación para el trabajo también es parte de sus banderas. En esta materia, Gutiérrez propone integrar a los jóvenes con bajo logro educativo a esquemas de formación laboral focalizados en sectores de alta demanda (comercio electrónico, soporte técnico, ciberseguridad y servicios digitales para el sector agrícola, entre otros).
Sergio Fajardo
Las apuestas del profesor y candidato de la Coalición Centro Esperanza parecieran tener como pilar una adecuada formación para el trabajo. Fajardo resalta lo que ya muchos analistas advierten, y es que la oferta laboral no está respondiendo a la demanda del mercado.
Para mitigar esta brecha propone transformar el Sena, mejorando la calidad y la pertinencia de los programas. “Aumentaremos la empleabilidad de los egresados de formación titulada del 54 % a por lo menos el 75 %”, promete. Las carreras que se verían favorecidas son las inmersas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM, por su sigla en inglés).
Parte importante del público objetivo de esta iniciativa son los 1,5 millones de jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan (el desempleo juvenil sería del 0 %, si se tiene en cuenta que, en marzo, el DANE reportó que son 1,36 millones los jóvenes desempleados), a quienes se les ofrecerían oportunidades educativas, opciones laborales o de emprendimiento, y alternativas a trabajos de cuidado no remunerado.
En su mandato, Fajardo también trabajaría para que el servicio público de empleo evolucione y coordine a las agencias territoriales de empleo (incluyendo las administradas por el Sena), con la intención de que la información de las vacantes sea integrada y así aumente la empleabilidad.
“Invertiremos en la reactivación y generación de empleo en los sectores en donde las mujeres participan en mayor proporción tanto en las zonas urbanas como en las rurales”, también se lee en su plan de gobierno.
Al igual que Petro, Fajardo ve en el músculo del Estado una oportunidad para crear oportunidades laborales. Puntualmente propone la creación de 440.000 nuevos empleos durante su cuatrienio, esto mediante el desarrollo de 4.000 proyectos públicos y la continuidad de los grandes proyectos de infraestructura.
También se suma a la premisa de que se requiere una reforma laboral. La suya apuntaría al eje de aumentar la formalización, lo que a su vez impactaría de manera positiva al sistema pensional.
“Debe existir un marco legal para la protección de los derechos de los trabajadores, en especial de quienes trabajan con horarios flexibles y no tienen un ingreso fijo”, detalló, al agregar que se trabajará especialmente en el campo en esta materia, así como con las empresas, para identificar los sobrecostos que se levantan como barreras para la contratación formal.
También promete fortalecer los seguros de desempleo, generar 100.000 empleos en el sector turismo y apostarle a la transición energética como un pilar clave en materia de educación y generación de empleo con perspectiva de género.
“Implementaremos un Sistema Nacional de Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir las cargas que recaen sobre las mujeres, sobre todo las jóvenes, y que les impide desarrollar sus proyectos de vida e insertarse en la educación y el mercado de trabajo”, incluyó en sus propuestas.
Rodolfo Hernández
Las apuestas del ingeniero están encaminadas, en gran medida, en alcanzar una acertada conexión entre la formación para el trabajo y las demandas del mercado laboral, reconociendo uno de los problemas de raíz en esta materia, y es la baja cobertura que tiene la educación superior en el territorio nacional.
“Hay que enseñar oficios muy solicitados y que se hayan convertido en excelentes opciones de trabajo con alta demanda, de manera que aquellos jóvenes que no alcancen a entrar a la universidad, estén capacitados para ocupar las vacantes técnicas que hoy ofrece el mercado laboral. Esta iniciativa se puede desarrollar articuladamente con la empresa privada, de manera tal que se eduque para el empleo, de acuerdo con las necesidades de la misma empresa privada y atendiendo las particularidades de cada región”, se lee en su programa de gobierno.
Para esto el candidato propone crear una instancia de coordinación y gestión del empleo más robusta en el Ministerio del Trabajo. Con esto, aseguró, en el país se sabrá qué sectores están más activos en materia de empleabilidad, cuántos trabajadores se están requiriendo y de qué tipo.
Otra de sus grandes apuestas están encaminadas en favorecer el panorama emprendedor en Colombia, pues reconoce que las nuevas empresas son una fuente importante de generación de empleo.
“Estas empresas además de que logran desarrollos rápidamente, generan una gran cantidad de empleo de calidad. Para impulsarlas, se hacen necesarias iniciativas que van desde ajustes en el modelo educativo, hasta incentivos y facilidades para quienes se dediquen al emprendimiento, sobre todo el digital. Incentivar la creación de emprendimientos digitales y apoyar financieramente y en asesorías a emprendedores jóvenes que busquen construir empresa antes de tener su primer empleo o a las personas que por razones laborales ya no encuentran una oportunidad laboral. En el fondo se trata de impulsar la cultura del cuentapropismo (persona que trabaja para sí mismo), pero desde la formalidad”, especificó.
En su mandato, Hernández también promete que adelantará acciones con enfoque de territorio para potencializar, por ejemplo, el sector agrícola y así mitigar la migración de campesinos hacia las ciudades. También le apuntaría a disminuir las importaciones y maximizar las exportaciones, pues asegura que detrás de esa fórmula está el crecimiento del sector manufacturero en Colombia, el cual se apoyaría de investigación en las universidades para mejorar la producción y así desarrollar la capacidad de sustitución de las importaciones.
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