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Los precios de la generación de energía en Colombia, los mismos que los industriales han señalado que los hacen menos competitivos, provocan ahora discordias entre el Gobierno y algunos generadores. Recientemente, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) envió una propuesta para incentivar la producción de energía a precios mucho más bajos que los actuales.
Se trata de la resolución 109 de 2015, con la que se asignarían a través de subastas los recursos del cargo por confiabilidad (un porcentaje que pagan los demandantes para garantizar el servicio de energía) a las compañías que estén en capacidad de generar a precios por debajo de los costos de escasez, es decir, lo que se paga en momentos climáticos extremos o de limitación de contratos.
Uno de los argumentos es que la generación a partir de líquidos como gasolina o ACPM es muchísimo más costosa que con agua. Sin embargo, el sistema eléctrico colombiano está diseñado para que sean aquéllos los encargados de satisfacer la demanda cuando los embalses de las hidroeléctricas estén en niveles bajos y, por ende, produzcan menos.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, explicó que “la generación de energía con líquidos no nos permite que haya una oferta de contratos muchos más cómodos para la demanda. Lo que estamos proponiendo es ampliar la generación con las tecnologías que nos permitan tener una oferta de contratos más amplia. Queremos hacer esos cambios de la manera más sensata, pero que hay que hacerlos, hay que hacerlos”.
Aunque el documento fue enviado a los interesados el viernes pasado y muchos de ellos han preferido permanecer en silencio respecto a la propuesta y asumir la posición más cauta —la de “lo estamos analizando”—, el Ejecutivo fue muy claro en los plazos para que envíen sus reparos al proyecto. En treinta días la CREG recibirá las opiniones sobre el particular.
Sin embargo, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, aseguró que el debate sobre estas nuevas medidas requiere más tiempo, pues solamente para el establecimiento de los cargos por confiabilidad fue necesario el año 2006. “Un ajuste de este tipo necesita por lo menos tres meses”.
“Tenemos tres propuestas que podrían afectar las plantas térmicas. Estas medidas castigan el ingreso a los agentes que lo necesitan. El ajuste al cargo por confiabilidad se traduciría en una afectación del 50% del valor del cargo. Si una planta de generación depende del aporte en 80% a 90% pues está muerta. Si a eso se suma que algunas empresas están financiando nuevos proyectos con las utilidades de sus plantas, pues también va a afectar esa inversión”, manifestó Castañeda.
Aunque Andeg considera que la resolución pondría en peligro la confiabilidad del servicio de energía, Bayron Triana, director de regulación y ambiental de la Asociación Colombiana de Generadoras de Energía (Acolgen), discrepa. “Estas medidas no ponen en riesgo la confiabilidad. Las plantas tienen una energía firme, que es lo que pueden producir en una situación extrema (fenómeno de El Niño, sequía). Lo que propone la CREG es incrementar la energía firme en unas plantas que tengan unos costos por debajo del costo de escasez”.