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Los datos son insuficientes para dimensionar el dolor de perder a un hijo, un padre, una madre, un amigo. El desamparo de ver destruida una casa que es el fruto del trabajo de toda una vida. La zozobra de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Hoy, sin embargo, Colombia necesita reunir lo cuantificable para consolidar el balance de los daños de un terremoto que le arrebató mucho a muchos.
Esta semana, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decretó la emergencia económica para poder tomar medidas excepcionales con el fin de atender la crisis. Las primeras estimaciones indican que las pérdidas económicas por el terremoto suman COP 30 billones (1,5 % del PIB). Esa cifra preliminar va dimensionando el esfuerzo fiscal que demandará la reconstrucción.
Para tener mayor perspectiva de los estragos, en el decreto de emergencia económica el Gobierno citó datos del terremoto del 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero. Para atender esa emergencia, entre 1999 y 2001 se utilizaron recursos equivalentes al 0,84 % del PIB (que representa unos COP 17,1 billones a precios de hoy).
Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, señala que esta vez la reconstrucción podría tardar hasta seis años, según estimaciones iniciales, mientras en 1999 tomó cerca de dos años y medio.
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¿Por qué una emergencia económica?
Conseguir COP 30 billones es siempre un reto, pero hoy lo es más. En el decreto, el nuevo Gobierno afirmó que Colombia está en una crisis fiscal “sin precedente en la historia”, con un déficit fiscal que podría llegar al 7,8 % del producto interno bruto y un nivel bruto de endeudamiento que sobrepasa el 60 % del PIB. Para no ir muy lejos, el presupuesto de este año está desfinanciado por la caída en el Congreso de la ley de financiamiento que buscaba COP 16,3 billones y la falta de ajuste en el gasto.
Antes del terremoto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal había advertido que Colombia necesitaba un ajuste de alrededor del 4 % del PIB. El presidente de esa entidad, Juan Carlos Ramírez, lo definió como “inconmensurable”, ya que en períodos anteriores los ajustes no han llegado al 1 %. Ahora el panorama se ve mucho peor.
Dicho de otra forma: Colombia ya estaba buscando opciones para que sus gastos se ajustaran a los ingresos y ahora la situación se complicó porque necesita, de manera urgente, unos COP 30 billones para atender una emergencia que dejó a 146.188 familias damnificadas.
El impacto económico más allá de los COP 30 billones
Los impactos económicos del terremoto se pueden extender más allá de los 15 departamentos afectados. El Gobierno advirtió que “por las afectaciones en términos de vidas humanas, destrucción de viviendas y efectos sobre la infraestructura, el terremoto generará inequívocamente un impacto negativo sobre el crecimiento de la economía, la riqueza nacional y el bienestar general”.
Además del crecimiento, también habría impacto en la inflación. Los 15 departamentos afectados representan el 11,5 % del abastecimiento nacional de alimentos, principalmente café, carnes, alimentos procesados, frutas, lácteos y huevos. Este grupo de alimentos representa el 15,04 % de la canasta total del índice de precios al consumidor.
Los problemas en la infraestructura, por ejemplo, podrían elevar los costos de transportar la comida y, a fin de cuentas, presionar los precios para los consumidores, en un momento en el que la inflación de Colombia ya ha completado cinco años por encima de la meta.
Antes de la emergencia, el equipo técnico del Banco de la República ya estimaba que la inflación cerrará el año en 6,9 %, debido a mayores costos laborales (relacionados con el aumento del 23 % en el salario mínimo), incrementos en los precios de los alimentos, los posibles efectos del fenómeno de El Niño y los aumentos en algunos servicios públicos.
El terremoto afectó corredores claves para el comercio y el abastecimiento nacional, como Fresno-Manizales, Montenegro-Quimbaya, Cali-Loboguerrero y Pereira-Chinchiná. Al cierre de esta edición, el Invías no había confirmado si estas vías permanecen cerradas total o parcialmente.
Inicialmente, resultaron afectados siete aeropuertos, que movilizaron el 10,8 % de los pasajeros aéreos en el primer semestre de 2026. La Aerocivil informó en la noche del viernes que la mayor dificultad operativa persiste en las áreas de abordaje y terminales de pasajeros de aeropuertos como Matecaña (Pereira), El Edén (Armenia) y Alfonso Bonilla Aragón (Cali).
El aeropuerto de Pereira todavía no está habilitado para operación comercial, según dijo la Aerocivil a este diario.
Las restricciones en aeropuertos, advirtió el Gobierno, pueden afectar la actividad económica regional, “particularmente en sectores con alta dependencia de la movilidad de pasajeros, como el turismo, los servicios y algunas actividades comerciales”.
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¿Cómo financiamos la reconstrucción?
En el decreto de emergencia económica el Gobierno dio algunas luces de las herramientas que usará para conseguir recursos. Las medidas puntuales quedarán claras en los próximos días, cuando esta administración publique los decretos reglamentarios.
Por ahora, el Gobierno planea, entre otras cosas, usar recursos del Sistema General de Regalías para financiar proyectos de inversión; tomar, a título de préstamo, recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización (esto ya se hizo en la pandemia); agilizar temporalmente la enajenación de bienes y activos administrados por la SAE, que puedan servir en la atención a las víctimas del terremoto y a la tarea de reconstrucción, y ampliar temporalmente el mecanismo de obras por impuestos para que las empresas puedan financiar proyectos en las zonas afectadas.
Hasta el momento, la administración de De la Espriella no ha hablado de nuevos impuestos, pero, como contó esta semana El Espectador, los analistas afirman que será difícil conseguir los COP 30 billones sin nuevos tributos.
“Es probable que en una segunda ola de medidas se tenga que hablar de algunos impuestos transitorios para atender la emergencia”, dijo a este diario José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico ANIF. En palabras de Sebastián Correa, experto en derecho tributario y socio de Serrano Martínez CMA, las medidas anunciadas pueden ser “paliativos de corto plazo”, pero no resuelven el problema de fondo.
Para la reconstrucción del Eje Cafetero tras el terremoto de 1999, informa Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, el 60 % de los recursos vinieron del presupuesto, casi un 40 % de deuda externa y cerca del 1 % de cooperación internacional. El analista destaca que esta vez el Gobierno también tendrá que usar múltiples herramientas, incluyendo impuestos y deuda, principalmente externa.
Clavijo le dijo a El Espectador que quizás esta vez los créditos multilaterales representarán buena parte del financiamiento. El 13 de agosto el Banco Mundial desembolsó USD 200 millones de la línea de crédito Cat DDO —“Catastrophe Deferred Drawdown Option” (Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes)—, que se había contratado a principios de 2025.
Como explicó Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, se trata de un “crédito preaprobado que se desembolsa de forma inmediata cuando ocurre una emergencia”. Tras este desembolso de USD 200 millones, la administración de Abelardo de la Espriella buscará una ampliación de USD 250 millones en el crédito, para llegar a USD 450 millones.
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Esta es la cuarta ocasión en la que el país recurre a este crédito con el Banco Mundial: el primero fue contratado en 2008 por USD 150 millones y desembolsado en 2011 para atender la emergencia por el fenómeno de La Niña; el segundo se contrató en 2012, por USD 250 millones, y se desembolsó en 2020 para atender la crisis provocada por la pandemia del covid-19; el tercero se contrató en 2021, por USD 300 millones, y se activó en diciembre de 2022 por la ola invernal asociada al fenómeno de La Niña.
Algunos centros de análisis han propuesto otros caminos de financiación. ANIF habló de revisar hasta COP 20,1 billones de recursos de inversión del Presupuesto de 2026 aún no comprometidos; movilizar COP 3,7 billones del Sistema General de Regalías (SGR) que están en proyectos sin certificado de disponibilidad presupuestal y focalizar otros COP 10,1 billones del SGR aún no asignados.
Para movilizar recursos privados, ANIF planteó ampliar temporalmente obras por impuestos (esta es una opción que, al parecer, acogerá el Gobierno) y obras por regalías en los territorios afectados. También crear líneas de crédito con garantías del Fondo Nacional de Garantías para microempresarios, con coberturas del 60 % al 90 %; así como un anticipo solidario para la reconstrucción que permitiría a los contribuyentes del impuesto de renta realizar voluntariamente un pago adicional hasta del 10 %, que se descontaría el próximo año.
Aquí hay que decir que el sector privado y las familias colombianas han aportado recursos para atender la emergencia. Estos dineros, según ha dicho el presidente Abelardo de la Espriella, se reunirán y distribuirán desde el “Fondo Milagro”.
Los posibles alivios que traerá la emergencia
En el decreto de emergencia económica el Gobierno mencionó algunas de las medidas que se tomarían en los próximos días. Entre otras cosas, se plantea flexibilizar y ampliar la cobertura de subsidios familiares de vivienda, habilitar mecanismos de reasentamiento y alojamiento transitorio, establecer medidas para proteger a los hogares frente a posibles aumentos o distorsiones en los precios de los arriendos y de los materiales de construcción, y flexibilizar requisitos de licenciamiento, habilitación urbanística y uso del suelo para facilitar la reconstrucción.
Para proteger el empleo durante la emergencia, el Gobierno propone crear un mecanismo temporal para cubrir una parte de los salarios y aportes de los trabajadores de micro y pequeñas empresas damnificadas, así como una transferencia económica extraordinaria para trabajadores independientes damnificados.
El decreto anuncia líneas de crédito de emergencia para microempresas con condiciones especiales, como tasas subsidiadas y períodos de gracia extraordinarios, facilitar el acceso de los damnificados a financiación formal y fortalecer los instrumentos de las entidades financieras del Grupo Bicentenario. También prevé recursos de Fontur para subsidiar temporalmente la operación de hoteles en las zonas afectadas.
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Para el sector agropecuario, contempla el reperfilamiento extraordinario de créditos, subsidios para vivienda rural, subsidios extraordinarios a la tasa de interés e incentivos para la recuperación productiva y la reconstrucción de vivienda e infraestructura rural.
Desde el foro de ANDEG, que se realizó esta semana en Barranquilla, Armando José Cuello, viceministro de Energía, explicó que el Gobierno estudia la opción de congelar las tarifas de energía en las zonas afectadas con la opción tarifaria, medida que se adoptó en la pandemia.
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