Todo por una casita

Para cumplir el sueño de millones de colombianos, ese de tener una casa propia, el Estado ha implementado una serie de herramientas que van desde la creación del Banco Central Hipotecario en 1923, por el presidente Miguel Abadía Méndez, hasta la implementación del subsidio a la tasa de interés, por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Pese a estos esfuerzos, el problema persiste. Y ahora, 89 años después de la primera iniciativa, la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de construir 100 mil viviendas para entregarlas gratis a los más pobres de los pobres, más allá de ser vista como populista e inviable, es la gran apuesta de cumplirles a los colombianos menos favorecidos.

A finales de los años 60, cuando el país apenas despuntaba en el sector industrial, la costumbre de los colombianos era tener sus ahorros debajo del colchón, y tener casa propia era un lujo que sólo se podían dar algunas personas con alto poder adquisitivo.

Hoy, si bien se han tirado muchos calendarios a la basura, la situación es similar. El déficit de vivienda se aproxima a los 4 millones y el inconformismo es creciente, a tal punto que la caída de la popularidad del presidente Juan Manuel Santos prendió las alarmas en el Gobierno e hizo que se presentará un remezón que llevó a uno de sus ministros estrella, Germán Vargas Lleras, a la cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio, para tratar de enderezar la ruta de la locomotora de vivienda, que aún no ha podido llegar a cumplirles a todos los colombianos que esperaban que la promesa de campaña de Santos, de tener una vivienda, se hiciera realidad.

Para ello Santos sacó un as de debajo de la manga y como el presidente Belisario Betancur, con sus casas sin cuota inicial, prometió algo que parece irrealizable: entregar la décima parte de las viviendas de su plan de gobierno, pero gratis, a las personas con menos posibilidades económicas del país en los próximos 24 meses.

Pero la historia dice que fue durante el gobierno de su tío abuelo, Eduardo Santos, que se creó el Instituto de Crédito Territorial (ICT), conocido como Inscredial, entidad que fue calificada como una especie de mano todopoderosa para promover el acceso a la vivienda de las personas desfavorecidas económicamente. Algo similar a la propuesta que tiene alborotado al país, especialmente a quienes consideran que su pobreza será prenda de garantía para acceder a una casa.

Sin embargo, expertos consideran que siendo una propuesta muy buena, a pesar de contar con los recursos, es improbable de ejecutarse en el período contemplado, por considerar que se requiere llevar esta iniciativa al Congreso de la República, modificar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), encontrar los terrenos, concertar con los alcaldes y definir cuáles serán los 100 mil beneficiarios, sin aprovecharse de su necesidad como plataforma para ganar adeptos y sin caer populismo. ¿En votos?

La gran duda de este proceso es cómo seleccionar a los 100 mil beneficiarios. El ministro designado de Vivienda, Germán Vargas Lleras, que sigue en el Ministerio del Interior, pero que paralelamente trabaja en su nueva cartera, asegura que además de ya haber presentado el proyecto de ley para despejar el camino a la locomotora y hacer posible este plan, “la adjudicación se hará de acuerdo con los listados de personas inscritas en los programas de vivienda, en los censos de los afectados por la ola invernal y de acuerdo con el Sisbén”.

Expertos consideran que ojalá esta propuesta del presidente Santos no termine como la mayoría de las acciones que han realizado gobiernos anteriores, favoreciendo a personas que ya tenían vivienda y que convirtieron esta oportunidad en un negocio.

Un poco de historia

Herramientas implementadas por los gobiernos, como el ICT, tuvieron que ser liquidadas ante la incapacidad de sus administradores para cumplir su misión, que era erradicar tugurios, rehabilitar sectores deprimidos y poner en marcha programas de emergencia para atender situaciones de calamidad pública, como lo señaló el exministro de Comercio Eduardo Pizano de Narváez.

Esta entidad, que sobrevivió durante 52 años, se resistió a desaparecer durante sus últimos tres años, luego de ordenarse su liquidación, para darle paso al Instituto Nacional de Vivienda e Interés Social (Inurbe), al que dejó una herencia de 63 mil escrituras sin legalizar, lotes invadidos, 180 mil usuarios con una cartera de $160 mil millones y deudas por $192.000 millones.

Estas dos entidades se apoyaron en el Banco Central Hipotecario (BCH) y en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) para facilitar la aprobación de créditos. Sin embargo, el BCH fue liquidado, mientras que el FNA se mantiene con muy buena proyección.

En la década del 70, cuando más gente llegaba a las ciudades y el déficit de vivienda crecía, el presidente de entonces, Misael Pastrana Borrero, puso en marcha la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac), herramienta con la cual el gobierno incentivó a los consumidores a comprar vivienda que era financiada con los excesos de ahorro de la economía, sin generar desequilibrios. Hecho el ejercicio se pasó la página de este período, en la que se construyeron y financiaron 400 mil unidades, lo que generó el 6 % de los empleos del país, para dar la bienvenida a los años 80.

Durante el gobierno del presidente Belisario Betancur se dio prioridad a la vivienda popular y vino lo que se denominó ‘casas sin cuota inicial’, mecanismo que atrajo a los constructores por la rentabilidad del negocio, convirtiendo la vivienda en el pilar de desarrollo de la economía del país.

En los 90 uno de los factores que más impulsaron la vivienda de interés social fue la vinculación de las cajas de compensación familiar al sistema de subsidio. Sin embargo, las 21 modificaciones que se hicieron a la UPAC convirtieron esta herramienta en el enemigo de los usuarios, a tal punto que su inconformidad llevó al gobierno, al hijo del creador de la UPAC, Andrés Pastrana Arango, a liquidarla y en su reemplazo a crear la Unidad de Valor Real (UVR), hoy vigente.

La llegada del nuevo siglo encontró a la economía del país en cuidados intensivos, en plena recesión, en parte por el colapso de la UPAC y sus consecuencias en el sistema financiero.

La crisis de la economía atentó contra el programa del presidente Pastrana “Cambios para Construir la Paz”, con el que pretendía mejorar las condiciones de vida de los más pobres por medio de la construcción de vivienda, con lo cual se reincorporó el sistema de ahorro programado. Pero los cuestionamientos de que la economía debería orientarse a los sectores transables, minaron la intención del gobierno.

Entonces, la crisis del sector generó un movimiento que permitió que los ministerios de Comercio Exterior y Hacienda suscribieran con Camacol y el ICAV un acuerdo para la consolidación de vivienda. Y para estimular la construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) se estableció la devolución del IVA pagado por los insumos. Luego se logró un acuerdo con los grandes productores para impulsar no sólo la construcción de viviendas, sino al mismo sector económico.

Con la llegada de Álvaro Uribe al gobierno se creó el subsidio a las tasas de interés, lo que impulsó de nuevo este sector. Si bien el déficit de vivienda era de 2 millones, hoy se encuentra en 4 millones y seguirá subiendo si se tiene encuentra que anualmente se constituyen 230 mil nuevos hogares.

¿Será que la estrategia lanzada por Juan Manuel Santos, después de esta cadena de intentos poco exitosos logrará cumplir con la promesa de que los colombianos menos favorecidos tengan casa propia? Sólo el tiempo, como sucedió con los anteriores gobiernos que se la jugaron a reducir la pobreza vía vivienda, junto con la disposición de los dueños de las tierras, la efectividad de los constructores y la debida escogencia de los beneficiaros, tendrá la respuesta. Y ese tiempo, en las cuentas del gobierno, no será mayor a un año.

Vivienda gratis para los más pobres

Roberto Moreno

Presidente de Amarilo

“Si la fuente de pago de las viviendas es el Gobierno, el modelo puede funcionar. Si la construcción se asigna al oferente que brinde la mejor calidad y el pago está asegurado, es como si se comprara un TES”.

Nadia Morales

Presidenta de Fedelonjas

“En el país hay tierra, pero los alcaldes tienen que habilitarla a través de los planes de ordenamiento territorial. Las viviendas usadas podrían ser otro elemento importante para disminuir el déficit de vivienda”.

Germán Vargas Lleras

Ministro designado de Vivienda

“La ley de vivienda gratuita ya está en el Congreso y esperamos que en agosto podamos empezar a construir las casas, las cuales pagará el Estado. Las tierras incautadas podrán incorporarse a este programa”.

Sandra Suárez

Presidenta de Camacol

“Es un buen proyecto, pero ahora se necesita que los alcaldes habiliten la tierra, que tenga los servicios básicos. Esto permitirá disminuir el déficit de vivienda y generar empleo. Ojalá pronto sea una realidad”.

Vivienda en Colombia

66 por ciento de los hogares, a mediados de los años 80, eran propietarios de vivienda, según el DANE.

420 mil millones de pesos en subsidios de vivienda se entregaron a los compradores en 1995.

39 por ciento cayeron los precios inmobiliarios en Bogotá entre 1996 y 2002, según BanRepública.

20 por ciento creció la participación de las edificaciones en el PIB entre 2001 y 2005.

1,8 millones de metros cuadrados fue el área licenciada para vivienda en diciembre pasado.