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Arroceros, industriales y el Gobierno llegaron a un acuerdo respecto al valor del incentivo al almacenamiento del arroz en este segundo semestre del año. Así, las tensiones entre el sector y el Ministerio de Agricultura están llegando a su fin.
Se trata de la resolución que define el incentivo para el almacenamiento de arroz que expidió el Ministerio este lunes en la noche. Este dinero beneficia a los productores que guardan el excedente de su producción del segundo semestre del año para responder a la demanda del primero y les ayuda a mantener un precio estable, entre la oferta y demanda del mercado, para mitigar así los precios bajos dada la temporalidad de las cosechas.
Desde Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros) celebran que se haya terminado la incertidumbre de los productores, aunque reconocen que esperaban un mejor precio.
“Nosotros habíamos pedido al Ministerio que se colocará en la resolución el mismo precio del año pasado, sin la inflación de este año. No fue así. Pero bueno, cumplió con sacar la la la resolución y el precio no es el mejor, tendremos que acomodarnos”, expresó Rafael Hernández Lozano, cabeza del gremio.
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💰 Un asunto de precios
La solicitud de los arroceros estaba en $220.000 la carga de 125 kg para el Tolima y $210.000 para los Llanos, pero quedó en $210.000 para Tolima y $200.000 para los Llanos. Para fijar el monto no solo se tenían en cuenta las expectativas de los productores, sino también de los industriales, que tenían un menor estimado de precio.
Si bien el Minagricultura no puede intervenir en los precios, en la resolución establece una referencia intermedia entre los distintos intereses, que suele ser tomada como referente. Esta quedó en $1.568.000 la tonelada para el segundo semestre de 2023. Aquellos que quieran beneficiarse del incentivo deberán ajustarse a dichos valores, que varían de acuerdo a la región. Están establecidos así:
El Ministerio destinó $25.000 millones para esta medida. El pago a los beneficiarios será de $39.900 por tonelada almacenada y hasta por un máximo de tres meses. El volumen máximo almacenado a apoyar con el programa es de 170.000 toneladas, de las cuales 100.000 son para los productores de arroz y 70.000 son para los compradores.
Se otorgará durante el segundo semestre del año, hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta que se agoten los recursos, lo que suceda primero.
“Después de escuchar por más de cinco semanas a la industria, a las dignidades, a Fedearroz, y de revisar todas las cifras, se llega a esta resolución que favorece a todas las partes y contribuirá a que los productores no se vean afectados por los excedentes generados para el segundo semestre”, dijo al respecto la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura Duarte.
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💬 Las presiones para acelerar la decisión
Fue más de un mes en el que los arroceros estuvieron preocupados por el incentivo. Incluso el fin de semana pasado hubo una protesta en Aguazul, Casanare, en que los productores bloquearon la vía Únete-Aguazul entre el 21 y 23 de julio.
Las peticiones concretas eran dos. En primer lugar, estaba agilizar la expedición de la resolución que establecía el incentivo al almacenamiento, por parte del Ministerio de Agricultura. Este se comprometió a hacerlo el lunes 24 de julio y lo cumplió.
Y el segundo era sobre la garantía de un precio justo para el cereal, con el apoyo de una línea especial de crédito del Gobierno para aliviar el alto el costo financiero de los préstamos y financiamientos que ellos realizan para comprarle el arroz a los productores, según le explicó a este medio Henry Ramírez, miembro del comité arrocero de Aguazul.
Frente a este punto se acordó una reunión con la industria arrocera, productores del Casanare, la cartera y Finagro para buscar alternativas de financiamiento para lograr un mejor precio de compra de cosecha. Dicho encuentro sirvió para socializar las medidas que toma el Gobierno.
Se trata de “un ajuste en el manual operativo de Finagro para generar condiciones para que haya recursos para la compra de cosechas, especialmente la de arroz. Se busca que los molinos compren a los productores sin contratiempos y con condiciones financieras favorables”, afirmó la presidenta de la entidad, Ángela María Penagos. Y añadió que será aprobado en el comité técnico para que este 25 de julio quede en firme.
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🚨 ¿Por qué la urgencia de la resolución?
Si bien el Ministerio de Agricultura ha estado dentro de los tiempos en que se han fijado los incentivos en años anteriores (de hecho, en 2022 se hizo el primero de agosto y en 2021, el 9 de agosto), los arroceros no cedían en la premura para que expidiera la resolución.
Para entender esto, es necesario saber que, pese a que no es su función, el incentivo al almacenamiento termina por garantizar la estabilidad de los precios de la cosecha porque la industria se acoge a lo que establece el Ministerio para recibir el beneficio.
Sin embargo, sucede a partir de la fecha de la resolución, pues antes de esto los precios son más bajos y el valor de la compra no es retroactivo para quienes ya vendieron sus productos. “La resolución no debería salir en agosto, debería salir en junio o julio más tardar, pero no ha sido así”, según Ramírez.
Además, la medida es un alivio para los arroceros que se encuentran en medio de un panorama con variables complejas como la inflación, los sobrecostos en los agroinsumos, un clima desfavorable (con inundaciones y sequías), que produce la pérdida de productividad, y mayores costos en transporte dado el mal estado de la vía por Sogamoso y el cierre de la vía al Llano por la tragedia en Quetame.
Esto lo transportan por “las vías alternas que están cerradas el 80 % del tiempo. El tráfico es muy restringido para los camiones y tractomulas”, según Hernández. Aunque el presidente Gustavo Petro aseguró que la vía al Llano comenzará a reactivarse, parcialmente, la próxima semana.
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🏁 ¿Puede acabarse el incentivo?
Finalmente, es un asunto que va más allá de los precios porque busca garantizar que haya “una estabilidad en la oferta de arroz, en las cantidades requeridas por los mercados y está la posibilidad de almacenar sin que haya pérdidas”, detalló Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle.
Pero no solo se puede garantizar dicha estabilidad con el incentivo, hay otras alternativas como la que ha planteado la ministra de la cartera Jhenifer Mojica. Se trata de planificar los cultivos y “generar un límite máximo de siembra del arroz” para dar “soluciones profundas” y no seguir con “un paño de agua tibia desde hace años que es el incentivo del almacenamiento”, en palabras de la funcionaria.
Con dicha estrategia ya no sería necesario el incentivo, según Rendón. Ante esta propuesta no se opone Fedearroz, pero insisten en que el desmonte del dinero de dicho beneficio debe hacerse de manera progresiva.
“Si el Ministerio piensa que se debe terminar el incentivo porque no hay plata o no están de acuerdo u otra razón, se debe hacer gradual. Ha funcionado desde el año 1996 y no se puede quitar de un solo tajo. Nosotros estamos trabajando en la competitividad de los agricultores y eso requiere tiempo”, reconoció el gerente del gremio arrocero.
De otra parte, el docente Carlos Duarte, experto en tierras y miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, puntualizó que este tipo de políticas agrarias, en el mundo, apuntan hacia su desmonte. En su lugar se busca que con esos recursos haya un mejor un escenario para el productor en términos de cadena logística, vías, semillas y riegos.
En últimas, la trascendencia que le dan los productores a esta medida refleja lo mucho que dependen de este dinero. A su vez, la permanencia de este rubro de gasto no está claro hacia el futuro.
Y en esta diferencia de perspectivas y realidades es que se debate el porvenir de todo el sector arrocero.
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