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El presidente Gustavo Petro, que fue recibido con un muy tímido aplauso por los empresarios, dio mensajes clave en el Congreso Nacional de Infraestructura, más allá de las frases llamativas o de los anuncios, como el de no subir los sueldos altos el próximo año para funcionarios públicos. Le contamos los cinco principales mensajes que quedan de la intervención.
En contexto: “Nunca he sido enemigo de las concesiones”: Petro al gremio de infraestructura
1. “Las concesiones ya firmadas, los contratos, serán honrados”
Después de un primer intento fallido, los empresarios aplaudieron al presidente cuando confirmó que su Gobierno seguirá respetando los contratos de concesión pactados. Esta semana, medios de comunicación afirmaron que el Gobierno pensaba convertir la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en una dependencia de Prosperidad Social, entre otros cambios. Aunque el ministro de Transporte, William Camargo, ya había dicho que la entidad no va a desaparecer, la incertidumbre seguía.
Que el presidente dijera frente a unos 3.000 empresarios del sector infraestructura que su Gobierno no va a pasar por encima de los contratos y que tampoco se va a desmantelar la arquitectura institucional, calmó las aguas. En especial porque la principal solicitud del gremio, que dio a conocer Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), es restablecer la confianza de los inversionistas, en un momento en el que el sector reporta malos resultados (con una caída del 15 % en obras civiles).
Camargo explicó que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluye la creación de un “brazo” en la ANI sobre infraestructura social, pero que no se ha planteado, ni es posible, eliminar la Agencia. “Ninguna actividad del sector se va a acabar”.
2. Modo férreo, la prioridad de Petro
El Gobierno Petro quiere apostar por otros modos de transporte, más allá del modo carretero. El presidente afirmó con ironía que, aunque “hablar de los metros se volvió subversivo, una cosa de los izquierdistas, comunistas”, la infraestructura no debe pasar por diferenciaciones políticas, sino por condiciones técnicas. En su intervención dejó claro que la prioridad del Gobierno es la infraestructura férrea, que define como “un transporte limpio, eficiente y que disminuye los costos de producción”.
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En este punto, aclaró que los privados también pueden participar porque son posibles las concesiones para obras férreas, como La Dorada-Chiriguaná. Eso sí, dijo que su Gobierno dejará andando la mayor cantidad de proyectos posibles para evitar que otra futura administración los pueda frenar: “ya aprendimos en Bogotá que uno debe dejar los contratos con acta de inicio. Como no logramos el acta de inicio, nos acabaron los contratos”. Entre muchas otras ideas de proyectos, manifestó el deseo de que entre Villavicencio y Puerto Gaitán se pueda firmar un contrato privado para una vía férrea.
En su discurso, el presidente puso sobre la mesa que las 68.000 pymes de ingeniería también tienen su rol en la lucha contra el cambio climático, en alianza con el Estado y la comunidad.
3. La valorización como alternativa a los peajes
Hace un año el Gobierno decidió congelar las tarifas para 2023, con el ánimo de ayudar a contener la inflación; sin embargo, un análisis de Fedesarrollo señala que si la tarifa de los peajes hubiese aumentado a principios de este año 13 % (inflación de 2022), en este momento la inflación sería apenas un 0,01 % más alta.
Aunque la medida no cumplió con su objetivo, el Gobierno igual tendrá que pagarles millonarios recursos a los privados. El Ministerio de Transporte dijo a este diario que se estima que para la vigencia 2023 las concesiones dejaron de recaudar $724.380 millones, dinero que tendrá que se cubrirá con recursos públicos. Todavía no se ha definido cómo ni cuándo se hará efectivo el aumento.
Este miércoles, Petro explicó que quiere buscar otra forma de financiar las obras de infraestructura, una intención que manifestó el Ministerio de Transporte desde el año pasado y que Caicedo, en su discurso de apertura, también mencionó como una opción viable a explorar.
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El presidente dijo que este año se ha adelantado el proceso para que la nación pueda hacer obras por valorización, que no sería un mecanismo “sustitutivo, sino complementario de los peajes”, argumentando que hoy hay “demasiada carga financiera” sobre el transporte de carga. La valorización, aclaró, no se cobraría en cualquier carretera, sino que se tendrán en cuenta las estructuras sociales y otras variables. “No vamos a cobrar valorización al campesino, al pequeño tendero porque los arruinamos”.
Sin embargo, este diario preguntó al Mintransporte hace dos semanas por los avances en la propuesta de hacer obras por valorización, al respecto, la cartera dijo que el sector está avanzando en el análisis, pero que la aplicación “requiere de un fuerte trabajo de implementación”.
4. El Ejército y la Armada tendrán su papel
“¿En los sitios bellos del país un empresario puede asumir la responsabilidad de hacer la obra? ¿Puede un empresario privado hoy llegar al Pacífico y construir pistas internacionales en los sitios más bellos o en el borde del Amazonas, en Chiribiquete, por ejemplo?”, preguntó.
Petro informó que el Gobierno está “habilitando al Ejército y a la Armada, para que a través de los batallones de ingenieros puedan asumir obras de infraestructura” donde sea difícil para los empresarios cumplir esa responsabilidad.
5. Gobierno defiende al Invir
El Gobierno creó el Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), una entidad que tendrá el objetivo de impulsar las vías terciarias en el país (el 90 % están en mal estado). El principal ‘pero’ al nuevo instituto es que podrá contratar directamente con organizaciones de la sociedad civil, un tema que preocupa a expertos.
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Caicedo se refirió al riesgo de la contratación directa, que le puede abrir la puerta a contrataciones “mal habidas” u “obras fallidas por sumas muy cuantiosas”. Para hacerle frente a esos riesgos, el gremio pide al Gobierno tener en cuenta a las pymes de ingeniería (68.000 en todo el país) para que trabajen de la mano con las juntas de acción comunal para aportar técnicamente y que haya una veeduría de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
En su intervención, Petro no respondió a la propuesta del sector, pero sí dijo que la contratación directa solo sería con organizaciones sociales y que las juntas de acción comunal podrían intervenir las vías a un menor precio. Camargo, por su parte, sostuvo que en este momento el marco normativo, en este momento, está limitando los avances en las vías rurales. “Parece que la arquitectura normativa atentara para que las juntas de acción comunal atenta contra que ellos hagan con recursos del Estado, lo que históricamente han hecho con recursos propios. Eso es paradójico”.
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