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El bloqueo al medio de comunicación sueco Expressen, conocido en Colombia por publicar información sobre la primera dama Verónica Alcocer, ha desatado polémica en los últimos días.
Desde distintos sectores se ha señalado que la orden que impide a los colombianos ingresar a ese portal web constituye un acto de censura. Por ejemplo, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación para establecer si hubo, o no, un uso indebido de las facultades del Estado al ordenar el bloqueo de dicho sitio.
Los antecedentes del caso
Hoy los colombianos no pueden leer las publicaciones de Expressen. Al intentar ingresar al portal son redirigidos al sitio web de Coljuegos, donde aparece una advertencia de páginas en línea ilegales.
“Coljuegos y el Centro Cibernético de la Policía Nacional, previa validación, establecieron que la página web a la que usted acaba de ingresar se encuentra operando ilegalmente juegos de suerte y azar en modalidad de ‘novedoso por internet’ en el territorio colombiano”, se lee en un anuncio acompañado de señales de advertencia.
¿Expressen opera ilegalmente juegos de azar? ¿Un medio de comunicación en Suecia representa una amenaza para los colombianos?
El contexto alrededor del disgusto de este bloqueo se remonta a mediados de noviembre, cuando el periodista de investigación de Expressen, Michael Syren, publicó una serie de artículos sobre la esposa del presidente Gustavo Petro.
En estos asegura que la primera dama lleva una vida de lujos en Estocolmo, que incluiría costosas cenas en prestigiosos restaurantes de la zona de Stureplan —uno de los sectores más exclusivos de la capital sueca— así como la asistencia a fiestas en clubes privados junto a empresarios multimillonarios. Estas revelaciones han generado una pregunta central: ¿cómo financia Alcocer este estilo de vida?
Tras difundirse la noticia del bloqueo, el medio de comunicación sueco manifestó su desacuerdo. “Estoy sorprendido y enfadado. Es indigno de una democracia censurar a los medios libres, y sin duda parece que el gobierno colombiano quiere impedir que los ciudadanos de su país participen en los reportajes de Expressen”, dijo el redactor jefe de ese portal, Klas Granström, quien calificó la actuación de Coljuegos como “un intento para detener el periodismo”.
¿En qué consiste el bloqueo?
Es normal preguntarse ¿por qué Coljuegos puede ordenar el cierre de este tipo de páginas? La respuesta es relativamente sencilla: porque es el encargado de recaudar los impuestos para la salud que pagan las empresas de apuestas; de allí que cualquier negocio de este tipo que opere por fuera de la regulación colombiana debe ser bloqueado.
Coljuegos también ha insistido en que detrás del bloqueo no hay ningún intento de censura, y muestra de ello es que la orden para restringir el portal se realizó hace cuatro años, durante el mandato de Iván Duque.
El Espectador pudo conocer el documento con el que Coljuegos asegura que el portal lleva años bloqueado en Colombia. En este, efectivamente, se ve que la orden se le hizo al teniente coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, quien para entonces se desempeñaba como jefe de área en el Centro Cibernético Policial. El documento tiene fecha del 8 de julio de 2021.
Según lo registrado en el mencionado documento, la orden de bloqueo no solo se hizo para expressen.se, sino para otras 222 páginas web, en las que también figuran 100stars.com, winzz.com y 1xbetcolombia.com. Las cifras que presenta Coljuegos señalan que, en Colombia, hay más de 34.100 sitios bloqueados por promocionar u ofrecer apuestas en línea ilegales.
A pesar de lo anterior, la congresista Miranda señala que la página de Expressen sí estuvo abierta a los colombianos en los últimos meses, ya que muchos pudieron ver la información que publicó ese medio sobre la primera dama de la nación.
La congresista también advierte que en este proceso hay incongruencias. Tras presentar un derecho de petición ante el Ministerio de las TIC, la entidad le respondió que el portal está bloqueado desde el 31 de octubre: es decir, 15 días antes de que se publicaran los artículos de Expressen y cuatro años después de la orden de bloqueo mencionada por Coljuegos. Es por esto que Miranda le ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación.
Esto podría marcar un precedente
Lo que determinen las autoridades colombianas frente a este tipo de bloqueos será decisivo, pues, como explicaron expertos a El Espectador, en el trasfondo están en juego derechos fundamentales como la libertad de expresión y, por supuesto, el acceso a la información.
Según Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, el principal problema con estos casos es que Coljuegos no solo sanciona al sitio de apuestas involucrado, sino también al medio donde aparece la publicidad, con el agravante de que los procedimientos para levantar los bloqueos no son del todo claros.
Un ejemplo es el de Independent.co.uk, el medio británico que enfrenta un bloqueo por la misma razón. Esta suerte de veto digital no ha podido ser levantado porque, según Coljuegos, no existen pruebas suficientes para demostrar que la publicidad que originó la sanción ya no está activa. En la práctica —advierte Castañeda— se están bloqueando páginas sin que exista un procedimiento legal definido.
Si bien en Colombia hay una base normativa que habilita este tipo de medidas, esta resulta insuficiente y deja un amplio margen de interpretación, permitiendo que entidades como Coljuegos ejecuten bloqueos de esta manera.
“Desde Karisma hemos insistido en que se necesita una ley que establezca con claridad los procedimientos, las condiciones para levantar un bloqueo y los mecanismos de defensa cuando se considere injustificado”, puntualizó.
Para llevar a cabo estos bloqueos, Coljuegos utiliza un servicio privado encargado de analizar páginas web. Cuando este sistema identifica portales que podrían estar promocionando o realizando apuestas ilegales, entrega a la entidad un listado con los sitios señalados. A partir de allí se adelanta un proceso de verificación para determinar si el portal en cuestión realmente amerita el bloqueo.
Una vez se toma la decisión, Coljuegos remite el listado a las autoridades competentes, que a su vez ordenan a los operadores de internet —como Claro, Movistar o Tigo— ejecutar los bloqueos.
Para aportar claridad sobre este tema, concluye Castañeda, eventualmente la Corte Constitucional podría fijar pautas que establezcan reglas de juego. Eso, por ejemplo, podría ser un proceso que se aceleraría si se presentan acciones de tutela.
Sin embargo, el primer llamado a resolver un problema que ya ha demostrado su alcance es el legislador. Se requieren leyes que permitan a Coljuegos seguir combatiendo la ilegalidad sin poner en riesgo los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El caso Expressen revela que Colombia necesita reglas más claras para bloquear contenidos sin afectar derechos fundamentales. La discusión no es solo técnica: define hasta dónde puede llegar el Estado antes de poner en riesgo la libertad de prensa y el acceso a la información.
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