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Hace un mes, ocho departamentos de Colombia tenían vías bloqueadas por cuenta de la segunda protesta de los productores de arroz durante 2025. El principal motivo del descontento de los cultivadores era el precio que les pagaba la industria por la cosecha, pues no les alcanzaba ni para cubrir los costos de producción.
Si bien el paro finalizó el 24 de julio con compromisos del Gobierno, los arroceros advierten que la situación poco ha cambiado y la preocupación persiste.
Aunque el Ministerio de Agricultura cumplió con publicar una resolución que garantiza un precio mínimo para el grano —que era el punto más importante del acuerdo—, en la práctica el mecanismo parece haberse quedado corto.
Precios de papel
La Resolución 241 del 1 de agosto somete el paddy verde al régimen de libertad regulada de precios. Se trata de una medida temporal que busca garantizar que los arroceros no estén produciendo a pérdidas, pero tampoco permite un margen de ganancia.
Además, el valor de la tonelada cambiaba de acuerdo a la región:
- Bajo Cauca: el monto quedará en $1.491.478. La región comprende los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre.
- Centro: el valor es de $1.589.489 para Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.
- Costa Norte: el monto se fija en $1.512.785 para Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y el municipio de Yondó, en Antioquia.
- Llanos: queda en $ 1.457.387 en los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada y el municipio de Paratebueno, en Cundinamarca.
- Santanderes: el precio queda en $1.555.398 para Norte de Santander y Santander.
Con el documento se esperaba corregir las distorsiones del mercado, pero eso no ocurrió. “Lo que pasó fue que dejaron de comprar y yo no puedo obligar a la industria a que compre”, reconoció la jefa de la cartera, Martha Carvajalino.
Se trata de un asunto preocupante porque después de recoger el arroz en verde se debe secar, de lo contrario se daña y se puede perder. Y quienes tienen la infraestructura para transformarlo son los molineros. Estos han usado varias estrategias para “evadir” la norma, en palabras de los productores.
Una de ellas consiste en “recibir el grano en consignación, lo secan y le retiran las impurezas y anuncian que compran el arroz seco de acuerdo con los precios del mercado, que no están regulados. Así le huyen a la resolución”, explica Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Nacional.
También ha ocurrido que les reciben el grano y lo procesan, pero no especifican cuándo ni a cómo lo van a pagar. De este modo aprovechan la urgencia que tienen los productores de que no se les dañe. Una vez seco, puede durar hasta un año almacenado. La industria tiene el “sartén por el mango” porque el inventario actual les dura unos tres meses, de acuerdo con José Román Flórez, arrocero del Tolima.
Además, el cultivador cuenta que los molinos sacaron unos formularios para comprar la carga de 125 kilos a $178.000 cuando la resolución dice que el valor es de $196.000, aproximadamente.
Aunque los cálculos del Ministerio de Agricultura tuvieron en cuenta los elementos técnicos de la estructura de costos para los arroceros, la industria alega que no fue tenida en cuenta y no está dispuesta a pagar el valor.
La Cámara Induarroz de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) realizó aportes técnicos, pero sostienen que “fueron en su mayoría ignorados”. Entre las alertas que dieron estaba la de la pérdida de competitividad frente a las importaciones, el incremento de la informalidad en la cadena y la generación de desequilibrios estructurales que amenazan la sostenibilidad del sector.
De todos modos, Flórez celebra la resolución y asegura que ayudó a evitar que los precios cayeran todavía más.
Para este punto es importante recordar que la caída de los precios responde al incremento de la oferta que se da porque crecieron las áreas sembradas en el país, hay grano que ingresa por contrabando y hay mucha disponibilidad en el mercado internacional.
“Hay una distorsión. La mayoría de países, frente al arroz, están tomando medidas de protección y regulación interna porque la sobreoferta mundial genera presión”, le dijo la ministra Carvajalino a este medio.
Se cocina otro acuerdo
Tal como está el panorama, poco se ha resuelto la crisis de los arroceros. Es por eso que algunas entidades vienen trabajando en otro acuerdo, entre ellas Induarroz, la Federación Nacional de Molineros de Arroz (Femoarroz), la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y otras entidades pertenecientes a la cadena.
Este consiste en un precio de compra por debajo de lo que dicta la resolución, cercano a los $183.000 por la carga de 125 kilos. Ya la propuesta se le presentó al Ministerio de Agricultura, que debe autorizar dicho movimiento.
“Es una excepción a la libre competencia, permitida por la ley desde 1959. Si productores e industriales llegan a un acuerdo seguro, el precio quedaría definido”, sostuvo la ministra de Agricultura hace unos días.
Ahora la entidad deberá analizar la propuesta y decidir si queda en firme el nuevo valor. Este viernes 22 de agosto se reúne el Consejo Nacional del Arroz y se discutirá el tema.
De entrada, para Carvajalino es un logro hacer que los diferentes actores de la cadena se volvieran a sentar a hablar de sus problemas. “Toda negociación parte de las diferencias, por lo que toma tiempo y es necesario escucharse”, agrega.
Aunque la rebaja del precio implica que los arroceros tendrán pérdidas, para Flórez eso es mejor a que se les dañe el grano o continúen en la incertidumbre, pues también están cansados del problema. Ahora tiene la esperanza puesta en que la cosecha tenga un muy buen rendimiento y con eso pueda cubrir el restante de los costos de producción.
“Puede que eso nos alivie hora, pero no podemos contar con que será así para la cosecha del primer semestre del otro año. Ahora debemos resolver, pero mañana habrá que hacer cuentas para ver si sembrar resulta rentable o no”, puntualiza el cultivador.
De otro lado, Gutiérrez se queja de que las organizaciones que hicieron parte del paro no fueron tenidas en cuenta durante dicha negociación, pese a que tenían la disposición para establecer el diálogo que derivara en “un acuerdo justo y no en una imposición. Ahora, mientras la resolución esté vigente, vamos a adelantar las medidas jurídicas para hacerla cumplir”.
Soluciones en otras direcciones
Como la industria, dicen los productores, ahora está comprando el paddy seco (y no el verde de la resolución), el Ministerio revisa qué se puede hacer para regular también ese precio.
Además, están trabajando en los comentarios que recibió el borrador de resolución de la libertad vigilada del arroz blanco. “Estamos modificando la fórmula y las fuentes de información, revisamos si volvemos a publicar el borrador o si con los ajustes se puede firmar”, subrayó Carvajalino.
Otro asunto en discusión es el manejo del COL-RICE (Colombia Rice Export Quota, Inc, administrador del contingente arancelario de arroz), pues desde que inició han entrado al país US$97 millones en el marco de las subastas que viene de Estados Unidos, en palabras de la ministra.
Se revisa si esos recursos se pueden poner a disposición y cuál ha sido la destinación que han tenido hasta ahora.
“También surgen preguntas sobre qué hacer en estas crisis con el Fondo de Fomento Arrocero. Tuvimos en el primer semestre del año una discusión con Fedearroz y logramos que $5.000 millones del superávit del Fondo se pusieran en el marco del apoyo directo a la producción”, finaliza la jefa de la cartera de Agricultura.
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