Una discusión de «engorde»

A pesar de que el Gobierno consideró dentro del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) que algunas de sus tareas en materia de ordenamiento territorial consistían en la actualización del catastro rural por encima del 70% y en la implementación de una mejor gestión del recaudo del impuesto predial, la falta de información sigue llevando a que prolifere la acumulación de tierras con un objetivo más rentístico que productivo. Sin embargo, la discusión sobre cómo usar la tributación para generar incentivos asociados al buen uso de la tierra está puesta sobre la mesa de la Misión Rural, una iniciativa del Estado que este año busca consolidar políticas de largo plazo para el agro y que tiene como objetivo cerrar las brechas sociales en el campo.

“Hay mucha tierra que tiene un objetivo más rentístico que de producción. A quien esté usando la tierra para engorde, hay que cobrarle más impuestos. Esa es una medida de equidad que se discutirá y será una de las recomendaciones de la Misión Rural”, le contó a este diario el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde.

El exministro José Antonio Ocampo, quien encabeza la Misión Rural, sabe que parte de la discusión que se dará durante este año en medio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en Cuba no sólo debe girar en torno al tema tributario rural, sino al buen uso de la tierra. “No se puede hacer una generalización; hay propietarios que pagan impuestos”, dijo.

Sin embargo, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, cree que uno de los sectores que más evade el pago de gravámenes es el campo, donde, por ejemplo, grandes hatos ganaderos no tributan.

El diagnóstico, según el codirector del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, muestra que zonas del país que pueden ser aptas para la agricultura, como el Magdalena Medio, Cesar, el valle del río Sinú, el litoral Caribe, el piedemonte del sur del Casanare y algunas zonas del Meta, se encuentran ociosas o, en muchos casos, bajo los efectos de la ganadería extensiva. “Un impuesto predial rural es el mecanismo de prevención de burbujas especulativas de los inmuebles rurales y es clave en la competitividad y sostenibilidad del agro. Cuando acumular tierra no cuesta, su precio se torna intolerable”, aseguró.

Más allá de los mecanismos impositivos para los predios, Cano cree que el país debe actualizar su catastro rural, ya que esta labor sólo se encuentra en el 50%.

De acuerdo con cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el país existen más de 14,5 millones de predios registrados en la base del catastro nacional, de los cuales 73,5% son urbanos y 26,5% son rurales. Tan sólo para 2011, asegura un informe del IGAC, el 43,2% de los predios rurales estaba desactualizado.

Asimismo, el documento agrega que el 41% de la propiedad privada es de grandes propietarios cuyos predios superan las 200 hectáreas. Entre tanto, otro 40% corresponde a áreas que oscilan entre 20 y 200 hectáreas. La parte restante (19% y que corresponde a 7 millones de hectáreas) atiende a pequeños terrenos, minifundios y microfundios.

“Hacer más equitativo el mercado radica en actualizar el catastro rural, que tiene un atraso del 50%, sin necesidad de crear más impuestos. Hay que cobrar bien los que ya hay. Este hecho desestimula la especulación y el engorde de predios”, manifestó el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.

Agregó que toda la política agraria debe basarse en dos elementos claves, como el censo agropecuario y la actualización del catastro. “Esta es una base fundamental para programar una política propia del posconflicto”.

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@hector_sandoval