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Aunque suene técnico, cualquier cambio en el espectro radioeléctrico tiene impacto en todos. Puede imaginarlo como una autopista invisible por la que viaja la información que usamos a diario, como las llamadas por celular y la internet móvil.
Según la Constitución, esta gran autopista (el espectro) es un bien público inajenable e imprescriptible, es decir, pertenece a la nación y no puede venderse a particulares. Su administración está a cargo del Estado, que a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) define las condiciones de uso y, mediante procesos como subastas otorga permisos a los operadores, quienes a cambio pagan una contraprestación económica por su aprovechamiento.
Como administrador, el Estado no solo asigna el espectro radioeléctrico, sino que también establece topes máximos, con el fin de evitar su acaparamiento.
Con cierta periodicidad, estos topes son revisados y ajustados, especialmente en el marco de procesos de subasta. Para ello se realiza un análisis riguroso e interinstitucional que incluye aspectos técnicos y de competencia de mercado, esto para determinar si los límites establecidos son adecuados para atender la demanda de los usuarios y garantizar condiciones de competencia entre los operadores.
Con este contexto claro, hay una noticia que llama la atención, y es que el Mintic está proponiendo cambiar la forma en que se fijan los topes del espectro, esto mediante un proyecto de decreto que ha estado abierto para comentarios.
La idea es que, cuando se vayan a ajustar los topes, ya no se haga mediante un decreto, sino con una resolución. En la práctica, se concentra en el Ministerio la definición del momento en que se requiera ajustar los topes, sin que sea necesario pasar por la revisión del presidente de la República.
En entrevista con El Espectador, la viceministra Gloria Patricia Perdomo afirmó que lo que se busca es agilizar estos procesos para responder a los cambios acelerados que está experimentando la tecnología.
Detalla que si eventualmente se aumenta la capacidad de espectro, eso no necesariamente implica que un operador vaya a ocuparlo, ya que para ello se requiere un proceso de asignación, que en Colombia se da con las subastas.
La viceministra también da un parte de tranquilidad al puntualizar que se continuará con el rigor técnico para realizar los cambios en los topes, es decir, se seguirán haciendo los análisis técnicos en el sector, así como los estudios de mercado.
Las dudas
Fuentes inmersas en el sector de las telecomunicaciones, quienes pidieron la reserva de su identidad, señalan que hay motivos para sospechar de este ajuste. Por ejemplo, cuestionan por qué se hace a pocos meses de que finalice el gobierno de Gustavo Petro.
Uno de los expertos consultados sostiene que el hecho de que este tipo de actuaciones se expidan por decreto, y no por otro mecanismo, es porque brinda cierta estabilidad jurídica. Es decir, si se hace por ley se vuelve demasiado complejo, mientras que si se hace por resolución concentraría en el Ministerio la definición del momento en que se requiera ajustar los topes, dentro del marco de la política pública y los criterios técnicos del sector.
Que tal responsabilidad quede solo en quien encabeza la cartera de las TIC también genera preocupación, pues no hay que perder de vista que el mercado de las telecomunicaciones en Colombia está altamente concentrado, ya que hay pocos jugadores y el 50 % de los usuarios en la categoría de telefonía móvil, según las cifras de la CRC, están en un solo operador: Claro. En suma, cualquier decisión podría aumentar este desequilibrio.
Esa, de hecho, es una alerta que emitió recientemente el excongresista Mauricio Toro, al señalar en su cuenta de X que este proyecto podría beneficiar exclusivamente a Claro.
Las fuentes consultadas coinciden en un escenario que, aunque todavía se considera demasiado especulativo, es probable: el Ministerio podría elevar los topes de espectro para permitir que Claro incremente su capacidad. Desde esta premisa, el operador dominante adquiriría el recurso de la mano de Telecall (que sigue sin darle un uso activo al espectro que le fue asignado, por el pleito jurídico que tiene con el Estado derivado de sus incumplimientos) y así se quedaría con más de este recurso.
La viceministra Perdomo aclara que esto no es algo que se esté haciendo de forma improvisada, o de la noche a la mañana, sino que es parte de la Política Pública de Gestión del Espectro Radioeléctrico (2026-2029), que publicó el Mintic, juntamente con la Agencia Nacional del Espectro (ANE), en marzo del presente año.
En ese documento también se aclara que la nueva normativa respetará los parámetros técnicos para el aprovechamiento de este recurso, promoviendo su utilización eficiente y flexible de cara a las necesidades cambiantes del ecosistema digital.
En suma, lo que asegura buscar el Ministerio es un mecanismo que brinde una mayor agilidad a la gestión del espectro, pero los críticos sostienen que con esto se abre la puerta a un mayor nivel de discrecionalidad en decisiones claves para la estructura de competencia del sector, en un mercado altamente concentrado y sensible a cualquier cambio regulatorio.
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