Una quinceañera no muy saludable

Parte de esa búsqueda se concretó en 1993, cuando el desaparecido ministro de Salud, Juan Luis Londoño, y el entonces senador Álvaro Uribe, encabezaron la reforma a la Seguridad Social, que terminaría ese mismo año con la promulgación de la conocida Ley 100.

La empresa que se inició entonces tenía como principal objetivo brindar acceso universal, equidad y mejorar la calidad de los servicios en materia de salud, además de erradicar la informalidad laboral en el país.

Y si bien hoy se puede decir que la meta en cuanto a acceso se cumplió, está claro que tras 15 años de funcionamiento, esta normativa necesita una revisión profunda y cambios significativos que permitan pasar de la mera cobertura, en el tema de salud, a la calidad de los servicios y, en pensiones, superar el índice del 30% de la población en edad de afiliación que está cobijada por este sistema actualmente.

A comienzos de la década de los 90, en Colombia sólo tres de cada diez colombianos contaba con aseguramiento en salud. Hoy esa proporción ha cambiado a nueve de cada 10, gracias al sistema que estableció dos regímenes: Contributivo (RC –quienes tienen capacidad de pago–) y Subsidiado (RS –los de mayores ingresos subsidian los servicios de la población de menores recursos–).

“Las principales ventajas de esta Ley están asociadas al incremento en la cobertura, la mejoría en la calidad de algunos indicadores de salud y la reducción de los impactos financieros de los costos de la salud sobre los hogares, en especial los más pobres”, sostiene Mauricio Santa María, director adjunto de Fedesarrollo.

Otros logros que ha obtenido la reforma durante 15 años son: un aumento de consultas preventivas y tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer; aumento en el nivel de vacunación de la población infantil, que, según cifras del Ministerio de Protección Social, alcanza el 96,3% de cobertura, y menores eventos de hospitalización.

También en todo este tiempo se resalta que, si bien varias enfermedades y medicamentos que hoy están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) no deberían hacer parte del mismo, desde 1993, cuando se creó el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), se han expedido cerca de 20 acuerdos que han permitido incluir tratamientos y medicamentos para enfermedades de alto costo como el sida. Mientras tanto, en el POS-S (subsidiado) se ha incluido el tratamiento de enfermedades de mediana complejidad.

Lo que está pendiente de reforma

Aún y con todo lo que el país ha avanzado en estos 15 años, la tarea no está ni cerca de ser terminada. Eso quedó claro con la sentencia T-760 que la Corte Constitucional dictó el pasado 31 de julio, donde el alto tribunal advierte que la salud es un derecho fundamental y, en consecuencia, el Gobierno está en la obligación de unificar los servicios del RS con el de RC; actualizar de manera permanente el contenido del POS y crear mecanismos para terminar con las demoras en la prestación de los servicios.

El pronunciamiento del organismo constitucional responde a quejas que desde hace años se venían escuchando en diferentes sectores, pero que sólo entonces comenzaron a ser tomadas en serio por quienes tienen en sus manos la directriz del sistema de salud colombiano.

Quienes están en el negocio de la salud tienen claro que para que los nuevos lineamientos sean efectivos, debe terminar de manera definitiva la “tutelitis” a la que se han visto obligados los usuarios, porque tratamientos, procedimientos y medicamentos de vital importancia no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS); ofrecer cobertura de calidad y permitir la estructuración de un perfil epidemiológico fiel a la realidad colombiana.

En concepto de Juan C. Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC),  “el sector debería tener una Superintendencia fuerte y con dientes, pero justa e imparcial, con funcionamiento nacional, es decir, que tenga oficinas departamentales que dependan de ella para protegerla de la corrupción e intereses diferentes. La disculpa no puede ser que es muy costoso, pues este sector, que representa el 8% del PIB, lo requiere”.

En esa medida también propone la creación de un sistema de identificación único, en el que cada persona tenga un número vitalicio de seguridad social y en el que se usen mecanismos modernos, como la huella digital.

Por su parte, Juan M. Díaz-Granados, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), considera que “los contenidos del POS pueden definirse como una lista explícita de servicios. Lo ideal es tener guías de atención en las cuales se detallen el proceso de atención, las condiciones específicas de los pacientes, procedimiento, dispositivo, insumo y las condiciones medias de calidad que ofrece el sistema”.

En esa medida, considera que el país necesita institucionalizar un análisis de las tecnologías que puedan ingresar al sistema y de aquellas que serán costeadas con recursos públicos, acompañado de un sistema robusto de fármaco y tecno-vigilancia.

Cuando la Ley 100 se implementó, contaba entre sus prioridades con que la población activa migrara de la informalidad a la formalidad, pero hoy esa meta está aún más lejos de conseguirse. “Para lograr ese objetivo, advierte Santa María, es necesario desligar el financiamiento de la seguridad social de la nómina. Sugiere abrir un debate alrededor de un nuevo esquema de financiación de la salud (y otros servicios sociales) en Colombia. Por ejemplo, sería deseable financiar el sistema a través de impuestos generales, por lo menos el componente subsidiado”.

Por ahora, y a la espera de que Colombia mejore su posición en la región, toda vez que entre los países latinoamericanos es uno de los que más invierte recursos, (7,8%) como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), pero al mismo tiempo es uno de los territorios donde mayor desigualdad entre ricos y pobres se evidencia en términos del acceso a servicios de salud de calidad, el próximo año el Gobierno presentará al Congreso una reforma al POS, que tendrá como principales puntos la inclusión de un renovado listado de enfermedades y patologías, así como tratamientos que respondan a las necesidades específicas de los pacientes y que, en consecuencia, permitan establecer un mapa epidemiológico que responda a la actualidad de la población colombiana.