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Los buenos deseos del Gobierno por aumentar el portafolio de servicios en la telefonía celular pueden estar enfrentando sus primeros problemas. Se trata de la subasta del espectro electromagnético, con la que el Ministerio de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) busca que el país desarrolle la infraestructura de servicios de cuarta generación (4G).
El proceso, presentado al público en abril pasado, contempla otorgar una franja de 30 megahertz (Mhz) dentro de la banda de 1.900 Mhz; por él, el Estado espera recibir alrededor de US$94 millones. Sin embargo, las empresas interesadas (entre las que se encuentran los cuatro operadores móviles) expresaron su descontento por los términos de la subasta.
Sucedió el pasado 27 de mayo, cuando el Ministerio convocó a los interesados para escuchar sus opiniones al respecto, en una reunión liderada por la viceministra Carolina Hoyos Turbay. Y de inmediato comenzaron las críticas.
La primera fue realizada por Nextel, firma que cuenta con 9 millones de usuarios en América Latina y que considera que, tal como está planteado el proceso, es imposible que un nuevo operador entre al mercado colombiano. “Esos 30 Mhz son una concesión modesta para el panorama actual y, de hecho, se convierten en una barrera de entrada”, afirmó Gustavo Cantú, su vicepresidente corporativo.
Una postura que fue compartida por Une Comunicaciones, empresa que cuestionó requisitos de calificación como garantizar la cobertura a 106 municipios y 3.004 kilómetros de carreteras; en su concepto, los únicos con capacidad de cumplir este requerimiento son los operadores móviles actuales (Comcel, Movistar, Tigo y Avantel), los cuales, a diferencia de un nuevo concesionario, se evitarían grandes desembolsos en infraestructura porque, simplemente, ya la han desarrollado.
Pero fueron ellos mismos quienes hicieron los señalamientos más delicados. En diálogo con El Espectador, Raúl Amaya, vicepresidente de Servicio y Tecnología de Avantel, manifestó que los cálculos de precio realizados por el Ministerio se hicieron con datos equivocados. “Se contempla un valor de US$317.000 por Mhz cada año, pero las cuentas no nos dieron. Preguntamos la base de este cálculo y nos informaron que se hizo con el PIB per cápita de 2009 que calculó el Banco Mundial para Colombia, de US$2.900. Sin embargo, cuando consultamos la fuente, encontramos que el PIB para ese año fue de US$5.126”.
En su concepto, este desajuste convierte el espectro colombiano en el más caro de la región, pues con los cálculos actualizados ascendería a más de US$400.000 por Mhz al año, un impacto delicado para los planes de desarrollo de todo operador móvil.
Por su parte, Comcel también manifestó su descontento porque el tope para el uso del espectro contemplado en el proceso impediría la mejor prestación de servicios. “Comparado con el número de usuarios, el espectro que tenemos como operador es el más bajo de América Latina”, le dijo a este diario un vocero de la compañía, quien cree que esta condición puede ser decisiva para el futuro del proceso: “Vemos necesario que el Estado tenga en cuenta a los más de 30 millones de personas que nos escogieron y revise con atención este tema, pues el tope fijado de 55 Mhz perjudica enormemente a los usuarios que merecen un servicio de calidad”.
El Espectador consultó al Ministerio de las TIC sobre estos interrogantes y la entidad explicó que se encuentra evaluando cada una de las quejas. Asimismo, prometió una respuesta para la próxima semana.
Este proceso es una de las piedras angulares del Gobierno para modernizar al sector de la telefonía móvil y permitir que los colombianos gocen de mejores servicios, como el de la televisión en el celular. Hasta el momento, más de ocho empresas han manifestado su interés por hacerse con la franja de 30 MHz, pero los expertos creen que eso no garantiza su éxito.
“Las empresas adquieren los pliegos no necesariamente para hacerse con la subasta, sino para evaluar sus planes de negocio y desarrollo en la región”, dice José Otero, presidente de la consultora Signals.