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El primer resultado de las investigaciones contra las empresas de gas natural se conoció este miércoles. La Superintendencia de Servicios Públicos ordenó a Vanti, empresa que presta el servicio de distribución y comercialización, devolver o compensar a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca por los montos cobrados “indebidamente” en las facturas.
Según la entidad, los aumentos de 4,95 % en enero y de 35,5 % en febrero no estaban justificados porque la empresa tenía gas nacional suficiente para atender la demanda esencial, pero habría reportado de forma irregular una disponibilidad menor para justificar la importación y así incrementar las tarifas.
Vanti dijo en un comunicado que recibió “con sorpresa” y al mismo tiempo que el resto del país (cuando se publicó el comunicado de prensa) la notificación de la Superservicios. La empresa sostiene que la medida es injustificada y que se violó el debido proceso.
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Los antecedentes de la pelea por el gas en Colombia
La pelea por los precios del gas se avivó a principios de este año, cuando Vanti advirtió que las facturas subirían considerablemente en diferentes zonas del país. En febrero, el presidente Gustavo Petro acusó a las empresas de especulación y el Ministerio de Minas y Energía, entonces en cabeza de Andrés Camacho, les pidió a la Superservicios y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigar el aumento en los precios del gas.
Poco después, la SIC visitó a más de 10 empresas e incluso a Naturgás, el gremio que reúne a 29 compañías productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras. En lo corrido del año, la Superservicios ha visitado, de acuerdo con información entregada a este diario por la entidad, a Vanti y Alcanos; se ha reunido con Cusianagas y Llanogas y realizó una evaluación integral al Grupo Energético de las Américas.
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Vanti se mantiene en el mismo argumento que las empresas del sector y Naturgás han expresado desde el año pasado: se importó gas porque era necesario. Este miércoles, la empresa argumentó que la Superservicios tiene acceso a los sistemas de información oficiales de disponibilidad, “donde está la evidencia que desde el año 2023 se venían anunciando faltantes de producción de gas nacional, como lo han ratificado los informes del gestor del mercado del 2024 y 2025”.
Estos hechos, agrega Vanti, se le notificaron a la Superintendencia y también se le solicitaron medidas para minimizar el impacto para los usuarios. La empresa aclaró que las tarifas de gas ya se han reducido, del pico de 36 % anunciado en febrero, a un 20 % en marzo, entre otras cosas, por el trabajo entre el sector y el Gobierno: “Las tarifas altas de gas no le convienen a nadie: ni a los usuarios, ni al Estado, ni a las empresas”.
El programa de gestión
Por medio de una resolución (20251000201245), con fecha del 6 de mayo y firmada por Yanod Márquez, superintendente de Servicios Públicos, la entidad impuso un programa de gestión que deberá cumplir y ejecutar la empresa.
La orden incluye recalcular y ajustar las tarifas para los usuarios del sector regulado, principalmente residenciales y pequeños usuarios comerciales, y devolver o compensar las sumas que se cobraron “en exceso y sin justificación”. Los montos, dice el documento, deberán contar con la verificación de la Superintendencia. La empresa, además, tendrá que presentar mensualmente un informe de cumplimiento.
El expediente administrativo se remitirá a la SIC, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.
La Superintendencia aclaró que esta es la primera vez que impone un plan de gestión, aunque la figura está vigente desde 2015. Julián López Murcia, director de Nalanda Analytica y exsuperintendende delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, explica que la medida ya se ha usado antes, pero como un acuerdo entre la entidad y la empresa (como en el caso de Doña Juana, en 2018), no como una imposición.
La ley, explica López Murcia, dice que la Superservicios “podrá imponer programas de gestión para las empresas que amenacen de forma grave la prestación continúa y eficiente de un servicio”. Así las cosas, la entidad tendría la facultad para imponer, pero para hacerlo tiene que demostrar que se cumplen las condiciones, es decir, debe probar que la empresa, en este caso Vanti, está amenazando de forma grave la prestación continúa y eficiente del servicio, teniendo en cuenta los indicadores que señala la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El objetivo del programa de gestión es que la empresa cumpla con la prestación del servicio como lo indica la ley. Aunque se haya tomado esta medida, la Superservicios igual puede imponer sanciones administrativas después del proceso pertinente (que en general suele ser más demorado).
De todas formas, Vanti puede interponer recursos y ya anunció que así lo hará: “Ante la decisión anunciada, que aún no está en firme, se interpondrán todas las acciones legales contra dicha entidad y se solicitará el acompañamiento de la Procuraduría para la vigilancia del proceso”.
Por ahora, no todo está dicho.
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Los argumentos de la Superservicios
La entidad asegura que el incremento de 5 % en las facturas de enero (correspondientes al consumo de diciembre) y de 36 % en febrero (correspondiente al consumo de enero) no se justificaban.
En primer lugar, la entidad encontró que la empresa tenía contratos de largo plazo desde 2020 con Ecopetrol y con otras empresas que le permitían tener gas suficiente para atender a los usuarios residenciales. Para enero de este año, dice la resolución, los contratos de la empresa representaban 75,62 giga BTU por día, cantidad suficiente para cubrir la demanda residencial estimada en 67,06 giga BTU por día.
Si bien la Superintendencia reconoce que en diciembre de 2024 y enero de 2025 Vanti tuvo un déficit de 3,33 y 0,02 giga BTU por día, respectivamente, su argumento es que el faltante debía afectar la demanda de gas vehicular y no a los hogares. Básicamente, porque la ley establece que hay prioridad al atender la demanda esencial: primero están los usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales y después la demanda vehicular y la no regulada.
Por otro lado, Vanti compró 17 giga BTU por día de gas importado para diciembre de 2024 y 12,5 giga BTU por día para enero de este año. Para la Superintendencia, “lo más notorio de esta transacción es que, sin justificación alguna, Vanti, de manera unilateral, determinó que el gas tendría como destino el mercado residencial”.
Según la entidad, Vanti le solicitó a Ecopetrol, por medio de un oficio, un acuerdo para poder modificar la destinación de algunos de los contratos, el objetivo era reorientar el destino del suministro desde el mercado regulado (para hogares y pequeños consumidores; los precios, negociaciones y condiciones de suministro están regulados por la CREG) hacia el mercado no regulado (para grandes consumidores, los precios se negocian libremente). Es decir, la Superintendencia sostiene que aunque el contrato se suscribió para atender a los sectores residencial y comercial, Vanti también incluyó al industrial.
Como al principio la petrolera no respondió, Vanti asumió, según la entidad, que tenía el derecho a cambiar el mercado. Pero, más adelante, Ecopetrol negó la solicitud. Según la Superintendencia, que la comercializadora de gas haya modificado el destinatario del suministro es una violación a los acuerdos contractuales y a la normativa que regula el orden de prioridad del suministro (primero se debe atender la demanda regulada esencial y priorizar usuarios residenciales y pequeños usuarios comerciales, como ya se dijo).
Para la entidad, con este cambio se generó un incremento injustificado en el cobro de la tarifa, especialmente para los usuarios residenciales, y también un incremento injustificado en los subsidios indirectos. Cada mes, usuarios de gas natural de estratos 1 y 2 reciben un subsidio (de hasta 60 y 50 % respectivamente) en la factura: esos recursos se financian con los aportes de los suscriptores de estratos más altos y el faltante con recursos de la Nación.
Por todo lo anterior, el argumento de la Superservicios es, palabras más palabras menos, que Vanti trasladó a los usuarios del mercado regulado, como los hogares, los costos del gas natural importado, aunque tenía disponible gas nacional para cubrir esa demanda. Por eso, defiende la entidad, afectó de forma grave la prestación continua y eficiente del servicio de gas y se justifica imponer el programa de gestión.
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“Dicho comportamiento ha derivado en sobrecostos evitables para los usuarios, afectando el diseño y la aplicación del modelo tarifario y afectando la confianza institucional y ciudadana en la regulación; por tanto, se configura una amenaza grave a la prestación continua y eficiente del servicio público domiciliario de gas combustible”, dice la resolución.
Para Vanti, la decisión se tomó con “desconocimiento de la regulación vigente, errores de cálculo y extralimitación de funciones, donde además hay prejuzgamiento y otras violaciones al debido proceso”. La confrontación entre la empresa y la Superservicios por el gas apenas empieza.
La importación de gas en Colombia
Colombia importa desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, es decir, para que tengan el gas necesario para producir energía en los momentos que el país lo requiere, como las sequías. Aunque van nueve años de importación, sólo hasta diciembre de 2024 se empezó a usar gas importado para atender la demanda más allá de la generación de electricidad.
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En Cartagena hay una terminal de importación y regasificación, SPEC LNG, con una capacidad de 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día; de esa cifra, 40 millones de pies cúbicos están disponibles, pues las térmicas no los necesitan, y esa es la cantidad que se ha comercializado.
Cerca del 4 % de la demanda nacional se está supliendo con gas importado. Aunque el volumen es pequeño, los expertos y las empresas han explicado que los precios suben de manera considerable porque la molécula cuesta mucho más (pasa de unos US$6 a más de US$17) y el transporte también: para traer el gas desde la fuente, que puede ser Estados Unidos o Trinidad y Tobago, es necesario comprimirlo para que sea líquido (se conoce como GNL) y así transportarlo en buques especializados. Luego hay que regasificarlo para inyectarlo a la red nacional. A esto se suma el transporte en el país, en casos como el de Bogotá, pasamos de llevarlo de los campos del piedemonte llanero, que era lo usual, a transportarlo desde Cartagena, donde está la regasificadora.
Tampoco se puede olvidar que el gas subió en varias zonas, no solo en Bogotá y Cundinamarca, por lo menos así lo indican los datos de inflación que presentó el DANE: entre enero y febrero el aumento a nivel nacional fue del 14 %, pero en algunas de las 22 ciudades que reporta el DANE superó el 30 %, como en Ibagué (35,15 %), Neiva (34,9 %) y Popayán (32,25 %). En marzo y abril se evidenció una caída, a nivel nacional y en la mayoría de las ciudades.
Como el mismo Gobierno lo ha reconocido, en los próximos años se seguirá necesitando importar, al menos, hasta que entre al mercado el gas del pozo Sirius. Para poder atender la demanda se han planteado varias opciones, por ejemplo, Ecopetrol ya firmó un contrato de servicio de regasificación en el Pacífico.
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¿Se importó más gas del necesario?, ¿los cobros de Vanti a los usuarios fueron injustificados, como asegura la Superservicios?, ¿las empresas especularon, como ha dicho el presidente Petro? Estas y otras preguntas se irán aclarando en los próximos meses. Por ahora, el panorama sigue siendo confuso, en especial para los usuarios. Y en la mitad de todo continúa la confrontación entre el Gobierno y las empresas del sector energético.
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