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El 30 de junio de 1974, la Defensa Civil encontró una carta dirigida a la “Señora Zoila”, firmada por un hombre llamado Misael Osorno. Estaba dentro de un maletín amarillo a 100 metros de uno de los buses que quedó cubierto de tierra y piedras en la tragedia de Quebrada Blanca, dos días antes. Como lo reportó este diario en su edición del 1° de julio de ese año, la meseta de Los Curas se desplomó sobre un puente y más de 20 vehículos que con sus pasajeros se movilizaban de Villavicencio a Bogotá. El sobre que contenía la carta todavía estaba sellado.
Durante las labores de búsqueda, cada objeto en el lodo era inspeccionado para tratar de identificar a algunos de los cientos de personas que murieron en la vía al Llano.
Esta semana, casi 50 años después de esa tragedia, cerca de la misma carretera, pero esta vez a la altura de Quetame, Cundinamarca, una avalancha arrasó con la vereda El Naranjal y ha cobrado hasta ahora 26 vidas. En la lista de víctimas está Stefy Carolina Viracachá, de 14 años. Pocas horas antes de la tragedia ella le había avisado a su entrenador que haría una rifa para comprar los nuevos patines que necesitaba para un entrenamiento profesional. Su madre, padre y hermano de seis años también murieron.
La incertidumbre en Quetame no cesa, en la noche del jueves la Gobernación de Cundinamarca tuvo que desalojar a 100 familias por el riesgo de otra avalancha. El mayor problema es que, según los expertos, la vía siempre será un dolor de cabeza.
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Impactos en el transporte de carga
Los daños que causó la avalancha en dos puentes de la vía al Llano se traducen en pérdidas económicas. Para habilitar el corredor, el Ministerio de Transporte planteó la instalación de infraestructuras provisionales (dos puentes metálicos semipermanentes). El cronograma de la cartera, que podría cambiar por las condiciones climáticas en la zona, indica que el próximo viernes 28 de julio se habrá instalado el primer puente que permitirá habilitar el paso alterno en ambos sentidos y después se ubicará el segundo para retomar la operación normal, mientras se plantea una solución definitiva.
Por ahora hay dos rutas alternas, una para vehículos de hasta 30 toneladas y otra para vehículos de hasta 52 toneladas. Aun así, como dice Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, el cierre de la carretera es un golpe para el transporte de carga, para los productores y para todo el país porque implica sobrecostos. Eso sin contar que hay restricciones de paso en las rutas alternas.
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Entre los Llanos Orientales y Bogotá se transportan diariamente más de 800 toneladas de alimentos e hidrocarburos, según cifras de 2019 de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar). La presidenta ejecutiva de ese gremio, Nidia Hernández, cuenta que por las distancias los transportadores tendrán que asumir mayores costos en combustibles (un incremento del 475 %) y en peajes (40 %). El flete para una tractomula en la ruta Bogotá-Villavicencio antes de la emergencia era de $3 millones, por la vía alterna se estima en $5,5 millones. El sobrecosto para el sector, según cálculos de la Federación, sería de más de $2.700 millones diarios.
Es importante considerar que los Llanos son despensa del centro del país. Según datos de la Secretaría de Agricultura de Meta, cada día salen de ese departamento 2.900 toneladas de frutas, cereales y verduras con destino a Bogotá, así como 480.000 litros de leche, 43 toneladas de carne de cerdo, 1.130 de res y 155 de pollo. Del mismo modo, el 40 % de la carga que llega a Meta viene del centro del país, de acuerdo con Colfecar.
Los sobrecostos llegarán a los consumidores en un momento en el que la inflación por fin está cediendo. En junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó al 12,13 % en su variación anual, una cifra que representa un pequeño descenso frente a mayo (12,36 %). Aunque en el análisis anual los alimentos han subido 14,31 %, en junio se presentó la segunda caída mensual consecutiva en ese rubro que afecta, especialmente, a las personas de menores recursos.
Un golpe al bolsillo
Más de 10.000 pasajeros se movilizan cada día en transporte intermunicipal por la vía al Llano, según los datos del primer trimestre de 2023 recopilados por la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre (Aditt). Evidentemente, los bolsillos de los pasajeros también sufrirán las consecuencias del cierre.
El precio promedio del pasaje por la vía normal es de $35.000, y el viaje dura aproximadamente tres horas. José Yesid Rodríguez, presidente de la Aditt, explica que después de la emergencia, para la ruta Bogotá-Villavicencio, los microbuses y las camionetas pueden tomar la vía alterna para vehículos medianos (por la Transversal del Sisga). Por este camino el pasaje sube a $75.000, y el tiempo de recorrido es de unas ocho horas. La avalancha en Quetame es una duplicación automática de costos y tiempo, y algo más.
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Los buses deben tomar la vía Sogamoso-Aguazul, en ese caso el pasaje sube a $120.000, y el tiempo de viaje es de cerca de 12 horas o más, si hay paso restringido. Rodríguez sostiene que el incremento no es arbitrario, pues cada empresa fija la tarifa con base en una estructura de costos “que debe tener a disposición de la Superintendencia de Transporte para la vigilancia del servicio”. Por ahora, la Asociación indica que el flujo de pasajeros bajará estas semanas.
En este contexto, los gremios de Meta estiman que cada día de cierre se traduce en $48.000 millones en pérdidas, un 40 % del PIB diario de Meta. Jorge Arango, director ejecutivo de Fenalco en el departamento, dice que solo los sectores de comercio y alojamiento pierden cada día $10.000 millones y, según la Secretaría de Agricultura, los productores ven esfumarse unos $11.000 millones en alimentos.
“El efecto se puede mitigar, pero las rutas alternas implican recorrer tres y cinco veces más distancia y esto afecta los productos perecederos y el ganado. Preocupa el sector agropecuario, el segundo renglón de la economía del Meta; el turismo, el comercio y el alojamiento, que generan el 25 % de los empleos; la inflación y que nuestros productos tendrán precios poco competitivos”, afirma.
Ante la emergencia, la Gobernación decidió aplazar el Festival Internacional del Joropo que se iba a realizar en Villavicencio entre el 17 y el 21 de agosto. Los cálculos de la administración departamental indican que el impacto de suspender este evento es de $120.000 millones.
Gremios y autoridades piden que la situación se resuelva en el menor tiempo posible y que existan medidas para mitigar los impactos, como promover la llegada de más aerolíneas y bajar el valor de los peajes (una idea que el Ministerio de Transporte dijo estar analizando). Hernández, de Colfecar, pide estrategias sólidas para mitigar estas emergencias.
La vía al Llano “siempre será un dolor de cabeza”
La carretera está construida en la cordillera Oriental. Gabriel París, máster de ciencias en geología, con más de 50 años de experiencia, explica que esta es una de las cordilleras más jóvenes en el país (se formó hace relativamente poco), pero está conformada por rocas muy antiguas (de más de 100 millones de años) que se encuentran fracturadas, laminadas y descompuestas. En la zona, además, hay numerosas fallas geológicas activas que pueden generar sismos (como el de Quetame en 2008), y estos a su vez hacen más vulnerable el terreno.
Con las lluvias de larga duración, afirma París, se generan deslizamientos en las cabeceras de las quebradas, estos se “acumulan” en las cuencas fluviales pequeñas y laderas, hasta que todo ese material, que contiene fragmentos de roca, cae aguas abajo en forma de avalancha. Este fenómeno se produce por una suma de factores en los que también influye notablemente la deforestación, teniendo en cuenta que el follaje atenúa el impacto de la lluvia en el terreno, pero sin árboles, “las gotas impactan con violencia el suelo” y este se satura y desliza más fácilmente.
Considerando que el terreno es vulnerable, París señala que “la vía al Llano siempre será un dolor de cabeza”. De hecho, cree muy probable que avalanchas como la que se presentó en Quetame se generen en otras zonas. Su conclusión es que los estudios geológicos e hidrológicos han sido insuficientes para asegurar la estabilidad de las cuencas hidrográficas, laderas y taludes.
Con este panorama, asevera que es necesario hacer investigaciones más detalladas, aunque sean complejas y costosas, para determinar cuáles son las zonas más sensibles y así reubicar a las familias que están cerca de la vía y tomar decisiones técnicas para estabilizar, controlar o atenuar el problema. La misma recomendación hace Alfonso Mariano Ramos, profesor de la Universidad Javeriana.
Tomar en serio las medidas de mitigación podría evitar futuras tragedias, que mueran los sueños de niñas como Stefy Carolina Viracachá y que las cartas queden sin leer en un sobre sellado.
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