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El camino en el Senado de la ley estatutaria de educación, una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro, parece estar despejándose poco a poco. El proyecto, que tiene como objetivo que la educación sea un derecho fundamental y garantizarla en todos los niveles, fue aprobado este miércoles en tercer debate en la Comisión Primera del Senado. Sus 44 artículos tuvieron luz verde con una votación arrolladora: 19 votos a favor y ninguno en contra. Ahora su reto será superar la plenaria del Senado, en donde le depara el cuarto y último debate antes de ser ley.
Tras el éxito logrado en la Comisión Primera, la ministra de Educación, Aurora Vergara, agradeció al Senado su acompañamiento al “escribir este nuevo capítulo de la educación en Colombia” y señaló que todavía quedan múltiples “voces por escuchar y múltiples voces por integrar”. Eso, prometió, se buscará en la plenaria de Senado, con un texto de ponencia que el Gobierno presentará en los próximos días.
La votación positiva que logró desenredar este proyecto en su tercer debate no fue fácil de conseguir para el Gobierno. El camino lucía complicado hace unos días debido a que “la oposición planteó una estrategia muy hábil”, según explica un senador de la Comisión Primera que prefiere no ser citado. A diferencia de lo que sucedió con otras reformas como la de salud, los partidos de oposición no presentaron en esta ocasión una ponencia de archivo o una negativa para buscar hundir el proyecto.
En contraste, lo que hicieron fue proponer dos ponencias positivas alternativas a la del Gobierno, una de ellas liderada por el senador David Luna, de Cambio Radical, y otra por Paloma Valencia, del Centro Democrático. Los ponentes del proyecto, a su vez, radicaron una más. “En total eran tres ponencias positivas”, dice el senador consultado. Lo que esto quiere decir es que en la Comisión Primera nunca se consideró una ponencia que hundiera el proyecto. La oposición optó por presentar articulados diferentes al oficial, impulsado por el Ministerio de Educación.
La de Valencia, del Centro Democrático, por ejemplo, planteaba la necesidad de conocer el impacto fiscal de la ley y buscaba modificar el inciso que ordenaba repartir los recursos, para que no fueran solo para las instituciones públicas, sino que también pudieran destinarse para fortalecer las privadas. Mientras la de Luna, de Cambio Radical, se centraba en blindar el sistema mixto de educación; proteger la autonomía universitaria; fortalecer la educación terciaria, técnica y tecnológica, e impulsar la educación para toda la vida por medio de programas flexibles.
Al final, la de Valencia terminó hundiéndose y la de Luna y la del Gobierno empataron con 10 votos a favor. Esto, básicamente, implicaba que ambas terminarían hundiéndose, porque, al ser ley estatutaria, las ponencias requieren mayoría absoluta, que son 11 votos. La Comisión, puntualiza Valencia, estaba rota y “el Gobierno entendió que iba a perder, y finalmente decidió concertar”.
La estrategia que desenredó el camino de la ley estatutaria
Para desenredar el camino, los delegados del Gobierno, en cabeza de la ministra Vergara, los ponentes y los senadores de oposición, establecieron una mesa de trabajo en horas de la tarde del martes 4 de junio para llegar a un acuerdo y así acelerar la votación durante el debate del miércoles 5 de junio. “El Gobierno, al final, fue el que terminó cediendo más”, anota el senador que prefirió reservar su nombre y que estuvo cerca de esas discusiones.
El Gobierno habría cedido en tres puntos. Uno de ellos está relacionado con la educación terciaria, la cual, explica Andrés Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, consiste en la educación “posterior a la secundaria, en la cual se incluyen distintas vías de formación, llevando la posibilidad de incluir educación no formal y educación para el trabajo”. Es decir, este nivel terciario les permite a los estudiantes certificarse en ciclos cortos de formación, que no son un pregrado.
La oposición, dicen desde el equipo del senador Luna, defendió desde el principio el fortalecimiento de la educación terciaria, técnica y tecnológica. Sin embargo, la ponencia de la ley estatutaria que impulsó en un principio el Gobierno buscaba reconocer la educación terciaria, pero no igualarla a la educación superior.
En el documento final que irá a plenaria, quedó establecido que se garantizará “la educación durante toda la vida en sus diferentes niveles: inicial, básica, media y terciaria que incluye la educación superior, educación para el trabajo, formación profesional integral del Sena y las demás vías, ciclos o modalidades de educación”, en una redacción que se acerca más a lo que pedían los partidos de oposición.
Esto último no dejó contento a todo el mundo. Algunos expertos en educación opinan que los sistemas de educación terciarios tienen como finalidad ajustar el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral y el mercado productivo, lo que, piensa Mora, podría hacer que las universidades pierdan protagonismo como instituciones que ofrecen educación. Además, según dice, “con la educación terciaria aparece la posibilidad de que la gente no se titule, sino que se certifique”.
El segundo punto en el que el Gobierno cedió es en la definición del sistema educativo. En el documento final fue aprobada la proposición de la oposición de un sistema educativo mixto, público y privado. La apuesta del Gobierno era priorizar una noción pública de la educación, buscando garantizar su financiación y que, solo en caso de que “sobraran” recursos y se necesitaran más cupos, se acudiera al sistema de educación privado. El articulado final, señala Valencia, terminó defendiendo “la noción del modelo mixto de educación que ha tenido Colombia y la necesidad de que el Estado también pueda invertir en las instituciones privadas y participen en el subsidio a la demanda”.
La autonomía universitaria fue el tercer punto modificado con las variables propuestas por la oposición y que terminó abriendo el camino para que el proyecto fuera aprobado por toda la Comisión Primera. En el documento inicial, el Gobierno planteaba un cambio en el principio de democracia y gobernanza de las universidades, con el objetivo de incentivar un “gobierno directo”. Básicamente, lo que buscaban era que los rectores, por ejemplo, fueran elegidos directamente por el voto de profesores y estudiantes. Ahora, anota Valencia, “se estableció que se garantizará la autonomía de las instituciones con lo que está dispuesto en la ley”.
Lo que eso significa es que en el articulado aprobado se plantea que cada institución determinará “de manera autónoma en sus estatutos la forma en que serán aplicados estos principios de manera acorde con su naturaleza, su forma de organización y su misión. Ninguna autoridad administrativa, so pretexto de promover, apoyar o garantizar la democratización del Gobierno y gestión de las universidades, podrá invadir esa autonomía”, se puede leer en el documento.
En cuanto a los puntos innegociables en los que el Gobierno no cedió, se incluyen el de establecer a la educación como un derecho fundamental, rechazando la idea de la oposición que planteaba una definición como “derecho humano y esencial”. También se mantuvo intacto el inciso de reconocimiento de la diversidad sexual.
La apuesta en la plenaria
Aunque se logró un consenso entre Gobierno y oposición, algunas personas no lo ven con buenos ojos. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, por ejemplo, aseguró en una publicación en X “que no hay nada que celebrar en educación, pues este proyecto terminó siendo un retroceso para las luchas del movimiento por la educación como derecho fundamental en todos sus niveles y la fantasía de todos los Gobiernos anteriores”. Pedraza pidió al Gobierno retirarlo.
La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, y quien fungió como ponente del proyecto, se refirió a esas críticas. Pizarro defendió que no “existen acuerdos perfectos cuando los hacemos con quienes piensan distinto, pero sin duda avanzamos”. Entregó lo que considera un parte de tranquilidad y señaló que se planteará “el debate necesario en plenaria del Senado”, el siguiente reto de la ley.
El Gobierno tiene menos de 15 días para debatir, conciliar y aprobar la ley en su último debate en la plenaria antes de que se acabe la legislatura. Tiene en contra que, por ser una ley estatutaria, no puede discutirse en sesiones extraordinarias.
Aún, reitera Valencia, del Centro Democrático, falta que se conozca el aval fiscal del proyecto, pues en caso de que se apruebe y es no esté establecido, “se va a perder todo el esfuerzo, porque la Corte Constitucional, cuando sacó la sentencia del Ministerio de la Igualdad, fue muy clara al señalar que el aval fiscal para los proyectos de gobierno tiene que ser estricto y tener una estimación de los costos y un análisis de dónde vienen los recursos”, dice.
La apuesta ahora, añade Ariel Ávila, senador del Partido Verde, es debatir la ley en un solo día. Ávila sabe que varios senadores están proponiendo proposiciones para modificar algunos de los artículos acordados en esta ocasión, sin embargo, advierte que deben privilegiar el texto aprobado en la Comisión Primera para que no se hunda. Eso, apunta, significa que “el Gobierno tiene que escoger si aprueba una reforma como salió de Comisión Primera o si prefiere que todo se hunda”. Una prueba que, según los cálculos del senador, está prevista para el 17 de junio.
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