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En abril de 2024, se hizo viral en redes sociales la noticia de que en San Vicente del Caguán, Caquetá, se inauguraría una escuela en la vereda El Triunfo. Bajo el nombre “Gentil Duarte”, las disidencias de las Farc comandadas por alias “Calarcá Córdoba” estaban coordinando el evento de presentación de este colegio. Días más tarde, el Ministerio de Educación confirmó que se trataba de infraestructura que no se había construido con recursos públicos y que el plantel no contaba con ninguna autorización para operar.
Esta es una práctica “poco común” en los conflictos armados y que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha reportado como parte del repertorio de los grupos armados ilegales en Colombia. “Aunque aparentan ser gestos de apoyo, estas acciones podrían considerarse ataques a la educación, pues alteran la neutralidad civil de la escuela, la exponen a dinámicas de cooptación o adoctrinamiento, y a futuro tienen el potencial de convertirse en nichos de reclutamiento para las organizaciones armadas”, se lee en un informe publicado recientemente por la entidad.
Este no es el único tipo de ataque a la educación que se reporta en el marco del conflicto armado en el país. De acuerdo con la publicación, titulada “Ataques a la educación en Colombia (2017-2025)”, tras la firma del Acuerdo de Paz, las escuelas, los docentes y los estudiantes han sido víctimas de cientos de ataques que han afectado su derecho a la educación. En el último reporte global, que recoge la JEP en su informe, Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial dentro de los países en los que más ataques a la educación se presentan, superado únicamente por Palestina, Ucrania y República Democrática del Congo.
Un ataque cada dos días
Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, el país ha registrado 913 ataques a la educación, que han dejado 18.821 víctimas, la mayoría de ellas docentes, niños, niñas y adolescentes. Los eventos están reportados en seis categorías de violencia en contextos educativos, en el marco del conflicto armado: ataques a escuelas, ataques directos, violencia sexual, reclutamiento forzado, ataques a la educación superior y uso militar de escuelas.
Para llegar a esta cifra, el informe, realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, tomó la información disponible a nivel mundial, recopilada por al Global Coalition to Protect Education from Attack y la complementó con los datos del sistema de Monitoreo de Riesgos, con el fin de hacer una medición más precisa. Con bases de datos especializadas, información de entidades públicas, Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y revisión de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, detallan seis formas de atacar a las escuelas.
En su análisis, el grupo de investigadores detalla que los ataques se han presentado principalmente en las zonas del país en las que el conflicto armado sigue activo. En total, se han reportado en 312 municipios durante los últimos nueve años, entre enero de 2017 y septiembre de 2025. Algunas de las subregiones más afectadas, coinciden con zonas del país en las que se ha intensificado la actividad de grupos armados ilegales. “Destacan el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el nordeste de Antioquia, el Catatumbo, el norte del Cauca y la costa pacífica nariñense, junto con áreas del sur del Meta y el Guaviare. También se observan niveles elevados de riesgo en el Sarare, el Darién chocoano y el Alto Baudó”, dice el reporte.
El impacto que esto tiene en las comunidades va más allá de las afectaciones a las escuelas. “Los ataques a la educación no solo buscan destruir infraestructura, sino también desestructurar los lazos comunitarios, debilitar proyectos de vida y erosionar la confianza en las instituciones del Estado”, explican los investigadores. Uno de cada 10 casos reportados, por ejemplo, se presentan en zonas en las que los grupos armados establecen paros o confinamiento de comunidades. Esto vulnera el derecho a la educación “limitan severamente el derecho a la libre locomoción y la movilidad de estudiantes y profesores, impidiendo el acceso a las aulas y prolongando las interrupciones del calendario escolar”, agregan.
Aunque el Acuerdo de Paz representó un descenso en los niveles de violencia en el país, la “implementación frágil” de este tuvo como resultado un incremento progresivo en los ataques a la educación. La JEP reporta que durante 2017 se presentó un caso cada 15 días, mientras que para 2022, el peor año en el período medido por el informe, se presentó uno cada dos días. Pese a una leve mejora en 2023 y 2024, durante los primeros nueve meses de 2025 el indicador volvió a ser de un ataque a la educación cada dos días.
¿Cómo proteger el derecho a la educación?
Para la JEP, uno de los aspectos más difíciles de medir los actos violentos contra la educación en el conflicto armado es el reporte de los casos. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos se registran en zonas rurales o de difícil acceso, es difícil contar con reportes oficiales de todos los casos.
Por ejemplo, en el informe de Global Coalition to Protect Education from Attack, que reúne datos de 2022 y 2023, asegura que se registraron 137 ataques a la educación en Colombia. Sin embargo, en las cifras de la JEP hay 363 casos para el mismo período de tiempo. El ejercicio de la Unidad de Investigación y Acusación, afirman en el documento, busca complementar la información que se da a nivel global, utilizando más fuentes de información y haciendo un análisis más detallado del contexto en el que ocurren los ataques. A pesar de esto, es posible que haya un subregistro importante de eventos violentos.
Uno de los factores para que esto ocurra, es que en ocasiones se denuncian acciones violentas, pero no se reporta qué tipo de ataque fue ni en dónde ocurrió. Esto hace más difícil establecer si se trata de un caso relacionado con el contexto educativo o no. A esto se suma que el conflicto armado afecta principalmente a zonas rurales y de difícil acceso, en donde es más difícil denunciar por falta de presencia de las instituciones, control por parte de los actores armados y riesgos de seguridad.
“La violencia interrumpe las clases, destruye la infraestructura escolar y obliga a comunidades enteras a desplazarse o a suspender el calendario académico. A su vez, la falta de acceso a la educación debilita las capacidades comunitarias, limita las oportunidades de movilidad social de los niños, niñas y jóvenes, y perpetúa las condiciones de desigualdad que alimentan nuevas formas de violencia”, resumen los investigadores.
Ante este contexto, la JEP ve con preocupación que en el país no existan mecanismos enfocados en los ataques a la educación dentro de la justicia restaurativa, haciendo más difícil el manejo de esta problemática por parte del Estado. Entonces, los autores proponen un primer paso para afrontar esto: “Colombia puede convertirse en el primer país del mundo en tipificar penalmente los ataques contra la educación como delito autónomo dentro del Código Penal, articulando su tratamiento a un sistema de justicia restaurativa”.
Según el informe, de esta forma podría mejorarse la distinción de los ataques a la educación de otras acciones delictivas dentro del conflicto armado. También permitiría diseñar mecanismos de reparación y reconstrucción social hacia las víctimas y las regiones en las que se han registrado estos ataques, poniendo como prioridad del Estado la defensa del derecho a la educación.
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Por Andrés Mauricio Díaz Páez
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