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La Universidad de Antioquia atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. En medio de una profunda crisis financiera, el Ministerio de Educación removió, el pasado 30 de diciembre, a John Jairo Arboleda como rector en propiedad e impuso un esquema de inspección y vigilancia, una medida excepcional para la principal universidad pública del departamento.
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En su reemplazo, designó a Héctor Iván García, médico de formación y director del Instituto de Investigaciones Médicas, que llegó el pasado 20 de enero como rector encargado. Tendrá un período inicial de un año, pero puede ser prorrogable por uno adicional. Durante ese tiempo tiene una única misión: levantar la inspección y vigilancia lo antes posible.
En entrevista con El Espectador, asegura que, para cumplir con este objetivo, debe “entregar toda la información solicitada, establecer un plan financiero, diseñarlo conjuntamente con el ministerio y empezar a ejecutarlo”. También señala que ya se superó la “obstrucción a la información” que había reportado Angielly Paola Martínez, la inspectora designada para vigilar a la institución, y que es una de las razones por las que la cartera pidió el reemplazo del rector Arboleda y de la vicerrectora.
Usted asume como rector encargado en un momento de alta tensión institucional en la Universidad de Antioquia. ¿En qué estado recibe la institución?
Conocía del año pasado la situación de crisis y cómo estaba el ambiente universitario. Y, en estas tres semanas que he estado al frente de la rectoría, creo que hemos logrado apaciguar un poco los ánimos, poner a los estamentos (profesores, empleados, estudiantes) en una perspectiva de futuro y de tranquilidad. Creo que no hemos salido todavía de esta crisis.
¿Y desde el punto de vista financiero?
El asunto financiero tiene dos componentes. Uno se centra en un déficit estructural, que ha ido creciendo año a año y que es producto de la forma como se ha financiado la universidad pública en el país luego de la Ley 30. El segundo es el déficit coyuntural, cuya máxima expresión ha sido la falta de recursos de tesorería para cumplir con las obligaciones laborales y de los proveedores. Esa es la crisis actual y estamos haciendo el análisis completo de cómo recibimos financieramente a la universidad.
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Uno de los puntos del informe de la inspectora que designó el Mineducación habla de una “obstrucción sistemática y deliberada” en la entrega de información por parte de la universidad. ¿Qué ocurrió? ¿Ya se superó esa obstrucción?
Cuando acepté la rectoría, no conocía el informe de la inspectora, porque no fue un documento oficial, sino un comunicado entregado al Ministerio de Educación. En las conversaciones que hemos tenido con la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio y con la inspectora, hemos definido cuál es el alcance de los hallazgos de ella. En el tema puntual sobre la obstrucción a la entrega de la información, hemos definido una ruta de trabajo interna para que la información de las dependencias académicas y administrativas sea consolidada. Hay toda la voluntad de todas las dependencias, de la Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) y de la Fundación Universidad de Antioquia de entregar la información solicitada de manera oportuna.
Usted llega designado por el Ministerio de Educación. Cuando asumió el cargo, ¿le dieron órdenes que debe seguir y cumplir?
La única meta que tengo es levantar la inspección y vigilancia lo antes posible. Eso pasa por dar cabal cumplimiento a entregar toda la información solicitada, establecer un plan financiero, diseñarlo conjuntamente con el ministerio y empezar a ejecutarlo.
¿Y en qué tiempo debe levantar la inspección y vigilancia?
Lo antes posible (risas). Esa ya se volvió mi frase de cajón. La resolución habla de hasta un año y prorrogable otro año. Pero no podemos mantener la principal universidad pública de esta región bajo esta condición de inspección y vigilancia.
La universidad ha dicho que los recursos solo alcanzan hasta noviembre. ¿Cuánto dinero falta hoy para operar sin poner en riesgo docencia, investigación y bienestar?
En esta discusión es clave separar el déficit estructural del coyuntural. El déficit estructural esperamos que, con la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, logre cerrar esa brecha. Ahora, en lo coyuntural, hay un presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de COP 2 billones y la orden es que debo cumplirlo. Con ese panorama, hay total tranquilidad, porque vamos a cumplir con las obligaciones laborales y con los proveedores, pues tenemos la disponibilidad de recursos. El presupuesto aprobado por el CSU tiene dos supuestos para poder terminar el año. Uno es que debemos garantizar la venta de unos inmuebles de la universidad durante este periodo, y el otro es que, para poder terminar el año, tendríamos que hacer un crédito de tesorería.
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Justamente sobre el tema de créditos, algunos integrantes de la comunidad dicen que la universidad abre un hueco para tapar otro. ¿Cuál es el plan de corto plazo? ¿Hay otra estrategia para no usar el crédito?
Esa es la tarea: lograr que incrementemos los ingresos más allá de los aportes de la nación y del departamento. Será vía contratación, convenios, etcétera. Lo que llamamos incrementar los fondos especiales, sin vulnerar ningún derecho de quienes estamos contratados en la universidad. Los créditos no deberían ser la forma de financiación y esperamos no tener que llegar a esa instancia.
Los docentes ocasionales y catedráticos fueron los más afectados por el plan de austeridad. ¿Qué garantías les ofrece?
En lo que se llamó el plan de austeridad, los más sacrificados fueron los docentes de cátedra. Ahí estamos cumpliendo y haciéndole seguimiento a lo que se aprobó en ese plan; la universidad está funcionando, los contratos ya están elaborados y la meta es que durante el segundo semestre se realice un plan de priorización con un análisis claro de las necesidades y de las obligaciones que tienen las dependencias.
La universidad también ha sido cuestionada por problemas administrativos. ¿Cuáles son esas fallas?
Esa es la pregunta del millón. Esta universidad es supremamente compleja en términos de la diversidad que tiene y de verdad sí hay procesos administrativos muy complejos. Eso pasa por sacar adelante una reforma académico-administrativa de las dependencias. Eso no está en el resorte de esta rectoría en el corto plazo, pero debería ser una tarea que emprenda esta institución.
También hay cuestionamientos sobre contratación, el manejo de recursos y los controles internos. ¿Qué se hará al respecto?
Sí existen y hay que identificarlos. Hemos hecho un cambio en la dirección de control interno y con la tarea fundamental de que se convierta de verdad en el auditor de lo que estamos haciendo.
En esta discusión hay dos actores clave. El primero es la Fundación Universidad de Antioquia, que, según el informe, se negó a entregar información, amparándose en su carácter de entidad privada y que es usada por la UdeA como una especie de “caja externa” para ejecutar proyectos de mayor cuantía. ¿Por qué no han entregado los estados financieros?
Fui integrante del consejo directivo de la fundación durante cuatro años. Me sorprendió muchísimo cuando encontré que no habían entregado la información y rápidamente me reuní con el director y con el equipo directivo. Hay una total disposición de parte de ellos de entregar toda la información y, de hecho, ya se reunieron con la inspectora in situ.
¿Cuándo se publicarían esos estados financieros?
Los estados financieros de la fundación, al igual que los de todas las entidades, deben ser aprobados por los consejos y, una vez se cumplen los trámites, deben ser públicos. Esta semana estaremos presentándolos ante el Consejo Superior Universitario y, una vez tengamos la aprobación, los publicaríamos.
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La Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS) también ha sido centro de este debate, porque el informe sugiere la existencia de una “nómina paralela”, basada en la tercerización a través de esta corporación.
Habría que precisar si eso es tercerización, intermediación o qué es. También está bajo el análisis de la información que fue entregada a la inspectora. El deber ser es que no existiera la contratación con terceros, pero eso también es un asunto de mediano plazo, pues la universidad tendría que tener la capacidad de gestión para la contratación de estas personas.
¿Hay proyectos en riesgo por la falta de recursos?
No identifico proyectos en riesgo en este momento. La universidad está funcionando normalmente. Lo más afectado ha sido el pago oportuno de prestaciones y obligaciones, situación que estamos corrigiendo.
¿Cómo está la relación con la Gobernación y la Alcaldía?
La prioridad compartida es sacar adelante la universidad y levantar la inspección. Tengo pendiente reunirme con el gobernador de Antioquia y con el alcalde de Medellín para conversar sobre el futuro de la institución.
Después de todo este panorama, que es bastante complejo, ¿por qué aceptar este “chicharrón”?
Porque la universidad ha sido fundamental en mi vida profesional. Llevo 30 años aquí, me formé como médico y realicé mis posgrados en la Universidad de Antioquia. Se lo debo a esta institución.
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