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Colombia será la sede de la Primera Conferencia Ministerial Global para poner Fin a las Violencias contra la Niñez, que se realizará el 7 y 8 de noviembre en Bogotá. Allí, 193 países deberán llegar con una hoja de ruta y acciones concretas frente a los casos de violencia que viven los niños, niñas y adolescentes del mundo. La de Colombia, por ejemplo, cuenta en entrevista Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se centrará en reducir el tiempo de respuesta “entre el momento en el que se identifica algún riesgo o alguna alerta frente a un niño o una niña hasta el momento en el que se da respuesta para poder protegerlo”.
Esta conferencia llega luego de que en las últimas dos semanas el país registrara el asesinato de al menos cinco niños. Sin embargo, como muestran las cifras recopiladas por Medicina Legal, el panorama es crítico para la niñez del país: entre enero y agosto de este año, se ha reportado el asesinato de 375 niños, niñas y adolescentes. Además, cada día ingresan 141 niñas y niños al sistema de protección del ICBF, de los cuales el 66 % llega por violencia sexual, negligencia, condiciones especiales de los cuidadores o violencia física.
Cáceres cuenta que “el panorama de los riesgos a los que se exponen los niños y niñas en Colombia no ha cambiado mucho en los últimos años” y que, como Estado, incluyendo a todos los actores, “hemos naturalizado la violencia”.
¿Qué está pasando con la niñez en Colombia?
El panorama de los riesgos a los que se exponen los niños en Colombia no ha cambiado mucho en los últimos años. Uno ve las cifras de lo que ha venido pasando en cada uno de los diferentes riesgos o tipos de violencia a los que se exponen los niños y niñas y encuentra un panorama con una pequeña reducción en varios de esos escenarios. Sin embargo, en temas de cifras, uno solo ya es crítico. Es decir, no debería haber ni un niño, ni una niña maltratado, violentado o incluso sintiéndose desconocido en su ámbito familiar o en su ámbito escolar. Entonces cualquier cifra es de alto riesgo para la garantía de los derechos de los niños y las niñas.
Hablando de los tipos de violencia, ¿cuáles son los más comunes en Colombia?
Una de las más usuales que tenemos en Colombia es la negligencia y el abandono. Le sigue la violencia sexual. Estas son las más críticas. Después vienen otras que son también graves en términos de impacto, pero no en cifras, como el castigo físico o la violencia psicológica. En este último tipo de violencia tenemos 71.000 procesos de restablecimiento de derechos abiertos, que representan un número significativo. De este total, 40.000 entraron este año en el proceso. Aunque no estamos dentro del escalafón de los países más aterradores para ser niños y niñas, siempre decimos que cualquier cifra es grave.
En Colombia también se ejercen otras formas de violencia que quizás no son tan comunes, como el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina. En el Congreso se están adelantando unos proyectos de ley que buscan su prohibición. ¿Cómo ve el ambiente para estos temas de niñez? ¿Tienen previsto presentar más adelante otros proyectos?
Nosotros avalamos que haya iniciativas legislativas que ayuden a la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Aunque no todas están construidas bajo una base técnica, sí por lo menos consultan al ICBF para construirla. Estamos acompañando estos proyectos y otros que permitan hacer conciencia sobre los diferentes riesgos que tienen los niños y las niñas. Somos un país que cuenta con muchísima legislación, pero más allá de las leyes, necesitamos una conciencia de lo que implica la familia, la sociedad y el Estado como garantes y corresponsables de los derechos de los niños y las niñas.
Este panorama no es nuevo. ¿Cree que se deben fortalecer las leyes de protección infantil y cómo se puede garantizar su correcta implementación?
Colombia es uno de los países más garantes para los derechos de los niños y las niñas. Tenemos normas para casi todas las circunstancias que pueden afectarlos, pero lo que necesitamos es un proceso de articulación y de implementación que va más allá de un sector de gobierno, sino que va también hacia toda la sociedad. Significa que cada uno de los servicios sean articulados de manera intersectorial en territorio y reducir los tiempos de respuesta frente a una alerta. En eso nos vamos a concentrar en los próximos periodos. No creemos que necesitemos una legislatura nueva para esto, sino la posibilidad de hacer una acción mancomunada con sociedad civil, entidades del Gobierno, entidad privada e incluso cooperación internacional para reducir los tiempos de respuesta, llegar de forma articulada a los 426 municipios donde identificamos mayores factores de riesgos para la violencia.
¿En qué cree que está fallando el Estado en la protección de niños, niñas y jóvenes?
El Estado, en la medida en que somos todos parte de este, ha naturalizado las violencias y que esa naturalización nos lleva a perder la capacidad de asombro, incluso cuando las violencias son evidentes. Situaciones de explotación sexual o comercial donde los niños y niñas se ven involucrados, incluso se pueden hacer en algunos sitios donde los adultos ven que la situación se está dando y la naturalizan. Esto es grave. No hay que naturalizar ninguna forma de violencia, hay que hacer las alertas y, por supuesto, que nuestra capacidad de asombro no se agote. Esta realidad no solo la estamos viendo en Colombia sino a nivel mundial. Todavía nos hace falta reaccionar a tiempo para salvar las vidas.
En algunos casos mediáticos hay celeridad, justo porque son mediáticos. ¿Por qué la justicia es tan demorada en resolver los crímenes contra los niños y niñas?
El país tenía una deuda que consideramos que empieza a saldar con las unidades especiales de investigación en la Fiscalía. Los delitos contra los niños y las niñas necesitan un diálogo más fluido y una respuesta inmediata y ya se está viendo en el último año. Esperamos que eso dé una reacción más fuerte. Estamos construyendo el sistema de justicia familiar, de manera que haya una trazabilidad de la situación del niño y la del presunto agresor, para que tengamos una respuesta mucho más efectiva. También es cierto que, a medida que se visibilizan ciertos casos en particular, se dejan de ver los otros que se salvan. Cada niño o niña que se salva para nosotros como Instituto es noticia.
¿Qué ha pasado en la Fiscalía con la orden de crear una unidad especializada en delitos contra los niños y niñas?
Ya las crearon y empezaron avanzar. Nos han planteado una propuesta que ya vienen desarrollando en 12 municipios y es empezar a trabajar en territorio juntos en el mismo sitio. Las casas de atención integral a reparación de las víctimas, que es un modelo que estuvimos en Bogotá Humana y consiste en trabajar juntos dentro de los mismos centros de atención a víctimas. Ya están creadas. La Fiscalía nos ha invitado a que no sea solamente en el momento de judicialización donde compartimos información, sino poder trabajar desde la atención a la víctima directa en territorio. Esperamos expandir ese modelo.
Hablando de prevención, que es la fase más importante, ¿cree que están fallando las estrategias o han pensado realizarle algunos ajustes?
La evaluación sobre las estrategias de prevención no nos deja insatisfechos. Estamos viendo una reducción en cada uno de los campos, pues cuando uno observa los boletines de atención de niños y niñas, ve que este año llegaron muchos menos casos que el año pasado. Hemos logrado un impacto. Por una parte, cambió la idea de trabajar por tipos de violencia y empezar a trabajar por territorios. Ahora tenemos dos programas muy fuertes. El primero está dirigido a niños y niñas, que les permita tener un diálogo y estar acompañados. Tenemos 250.000 niños en unos modelos que se llama Atrapasueños, donde focalizamos en los municipios en los que más violencias tenía la niñez. Ahí se hizo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) un indicador cruzado para poder focalizar esta atención dirigida. El otro programa que hemos redireccionado es el trabajo con familias. Se llama Somos Familia, Somos Comunidad y viene trabajando directamente en el acompañamiento a la familia que llega a buscar orientación. También se enfoca en barrios, en grupos, en encuentros familiares para crianza. No estamos cubriendo todo el país, sino aquellos lugares estratégicos donde hay más violencias.
¿Cuáles son esos lugares donde han identificado que hay mayor cantidad de violencia?
Tenemos 426 municipios donde se cruzan varios factores de violencia, desde embarazo adolescente, violencia física hasta violencia psicológica. Estos son nuestro foco central de prevención de violencias.
En Bogotá, la violencia intrafamiliar ha crecido en un 79 %. ¿Qué están haciendo la capital para reducir esas cifras de violencia?
En Bogotá tenemos unas condiciones particulares al resto del país. Aquí tenemos una inversión del distrito fuerte en el tema de violencia y una articulación. Es la ciudad donde más defensorías tenemos, tenemos más de 2.000 defensores y las comisarías de familia están articuladas. Es un panorama donde seguramente tenemos también más denuncias por la cantidad de población. Estamos trabajando con los programas Somos Familia y Atrapasueños. Además, la articulación con el distrito nos permite dar una respuesta más inmediata. Creo que la posibilidad de denuncia en Bogotá es más alta que en otras ciudades y también la capacidad de respuesta.
Además, la ciudad es uno de los puntos donde más violencia hay en contra de los niños, niñas y jóvenes, ¿qué han identificado en la capital?
Lo que hemos identificado dentro de ese panorama es que sigue punteando la violencia física, la negligencia y la violencia sexual. La cantidad de población que tiene concentrada Bogotá es proporcional también a lo que estamos identificando y nuestras defensorías, que están funcionando 24 horas, reciben casos de manera permanente. La articulación con comisarías de familia también es muy importante, la toma de decisiones y también la alta concentración de servicios del Estado logran canalizar un poco más la respuesta. Algunas de las zonas críticas son El Amparo, barrios de Kennedy o el área metropolitana.
Esta semana se lleva a cabo la Primera Conferencia Ministerial Global para poner Fin a las Violencias contra la Niñez y, en Colombia, más de 60 organizaciones presentarán un documento para sumarse a esta conferencia. ¿En qué consiste este documento?
La Conferencia Ministerial Mundial es realmente una oportunidad que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), que acompaña al Gobierno de Colombia y el de Suecia, para poner un primer escenario en el mundo donde se dialogue sobre cómo ponerle fin a las violencias que afectan a los niños y las niñas. Esas violencias están contempladas dentro de los planes de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y lo que estamos haciendo en esta conferencia las diferentes organizaciones, es poner a todos estos países a construir una hoja de ruta común. Previo a la conferencia cada país tuvo unos eventos preparatorios y de ahí recogimos lo que cada uno considera relevante para ser asociados en una red que nos va a permitir monitorear la respuesta articulada del Estado. La situación de Colombia no dista de la de muchos otros países latinoamericanos y la preocupación mundial se ha centrado un poco por los diferentes tipos de conflictos armados que están afectando a los niños y niñas y cómo la sociedad no está reaccionando sobre ellos.
¿Qué plantea Colombia en esa hoja de ruta?
Nos enfocamos en reducir los tiempos de respuesta, entre el momento en el que se identifica algún riesgo o alguna alerta frente a un niño o una niña, hasta el momento en el que se da respuesta para poder protegerlo. Esta meta iría en articulación con la sociedad civil, con comunidades indígenas, con los territorios concretos y nos entregará lo que llamamos un sistema transsectorial. Esto lo que básicamente quiere decir es que un sistema no responda solo desde un sector del Estado, sino que lo haga de manera articulada, dependiendo de los tipos de afectación y de los territorios. Aparte hay otras acciones, como una campaña nacional masiva que permita alertar sobre los diferentes riesgos.También hay una toma de decisiones frente a riesgos digitales, que es un escenario que todavía no se ha profundizado. Y está la posibilidad de hacer una red de familias que pueda apoyar a familias que han vivido situaciones similares y el fortalecimiento de lo que son los hogares de acogida para los niños y niñas en situación de violencia.
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