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Hace unos días, el presidente Gustavo Petro firmó varios decretos con las medidas que se emplearán para atender la emergencia en La Guajira. En uno de ellos (el 1274) había una decisión que sorprendió al sector educativo: ordenó la creación de la Universidad Indígena Wayuu, en La Guajira, que contará, inicialmente, con las facultades de Salud y Medicina, Ingeniería de Energías Limpias y de Aguas, y Turismo. (Lea: ¿Quién es Elizabeth Blandón, la nueva directora del Icfes?)
No es la primera vez que Petro asegura que creará nuevas Instituciones de Educación Superior (IES) o abrir nuevas sedes. En su viaje al Amazonas, en agosto de 2022, prometió una universidad pública para la región. Lo mismo hizo en su visita a San Andrés, el pasado julio, cuando señaló que la construcción de la Universidad Raizal del Caribe sería prioridad de su Gobierno.
Como comenta Maximiliano Gómez Torres, exviceministro de Educación superior, ninguna de estas nuevas IES están aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sin embargo, en ese documento sí hay una ambiciosa apuesta: construir o mejorar, de aquí a 2026, 26 universidades, en zonas como Catatumbo y La Mojana, 16 multicampus o complejos de educación superior públicos y 10 nuevas sedes del SENA.
El problema, en opinión de Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional, es que estas propuestas, que son muy aplaudidas en época electoral, terminan siendo un “grandísimo error porque irrigan al país de la mala calidad de la educación”. “Las problemáticas del sistema educativo no van a ser resueltas con la construcción de nuevas universidades”, añade Hernando Bayona, exviceministro de Educación básica y media.
Durante su período como alcalde de Bogotá, Petro había hecho promesas similares para ampliar la cobertura educativa con la construcción de nuevos planteles. Entre 2012 y 2015, prometió la construcción de tres universidades en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, pero, al final, solo se avanzó en la sede en Bosa de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, inaugurada en 2017.
Lo que sucedió en Bogotá muestra que, aunque la idea de tener nuevas universidades suena tentadora, no siempre es fácil cumplir esa promesa. Para algunos actores del sector educativo, tampoco sería útil en algunos casos. Tener una nueva IES, después de todo, no es soplar y hacer botellas, como reza el popular refrán. No basta, recuerda Natalia Ariza, exviceministra de Educación superior, con el deseo de un mandatario; pues si son instituciones públicas, deben ser creadas por ley para luego atravesar un largo camino burocrático en el que, en caso de no tener certeza de los propósitos, las buenas intenciones pueden resultar en un muy mal experimento.
Crear nuevas universidades, más allá de levantar ladrillos
La última institución pública que se creó en Colombia fue la del Pacífico, ubicada en Buenaventura y fundada en 1988. Pese a que generó muchas expectativas, no produjo los resultados que varios esperaban. Ese plantel, en palabras de Fabio Jurado Valencia, profesor especial de la maestría en Educación de la Universidad Nacional, ha sido la muestra del “abandono total”. Parte de las dificultades, dice, tuvieron que ver con problemas presupuestales. “Las universidades no siempre funcionan como queremos y como esperamos que impacten la región”, añade. (Puede leer: La educación, una bandera de Petro: varias promesas, pocos acuerdos)
La Universidad del Pacífico es un buen ejemplo para entender que crear una nueva universidad pública no consiste, únicamente, en conseguir un lote y adecuar salones y laboratorios. Requiere todo un proceso burocrático en el que hay que cerciorarse de cumplir una larga lista de requisitos. Es clave, por ejemplo, comprobar que la institución será sostenible en el tiempo y ofrecerá educación de calidad.
Para que una institución como la U. del Pacífico prospere, añade Ariza, también se requiere construir un tejido académico y demostrar fortalezas en investigación. Otro de los elementos esenciales es fabricar un andamiaje que garantice la llamada “autonomía universitaria”, una muestra de que hay un equilibrio de poderes en una universidad. Si no se logra, las decisiones pueden quedar solo en manos del rector.
Incluso, para conseguir el título de “universidad” hay que sobrepasar por un largo trámite institucional. En el caso de las universidades privadas, al no contar con recursos de la nación, deben entregar un documento detallado que justifique el objetivo del plantel, la forma en la que invertirán el presupuesto y los programas que van a ofrecer. Todo este proceso debe ser avalado por el Ministerio de Educación y, señala Gómez, puede tardar mínimo un año.
En el caso de las universidades públicas es mucho más engorroso, pues deben ser aprobadas por un proyecto de ley. Ahorrándonos el proceso técnico, deben certificar, entre otras cosas, qué recursos necesitarán para funcionar año tras año, su apuesta curricular y el perfil de loss docentes. El aval depende del visto bueno del mineducación.
Pero en el complejo mundo de la educación superior hay otro grupo del que poco se habla y que también ha estado en las promesas de Gustavo Petro: las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas. Hoy hay 30 en el país. Todas son públicas y su creación puede ser liderada por un alcalde, un gobernador o el Congreso, aunque es el MEN el que la aprueba.
Sin embargo, en este grupo no todas las experiencias han tenido el éxito esperado. La última institución de este tipo que apareció en el país, recuerda Gómez, fue el Politécnico de Santa Marta. Pero, como señala, ni siquiera en Google hay suficiente información sobre el plantel. “Hoy, año y medio después de esa aprobación, todavía no está la primera oferta de un programa”.
¿De dónde sacar profesores?
Las dificultades, según el profesor Ignacio Mantilla, no dejan de aparecer luego de superar la burocracia estatal. Una universidad también “debe garantizar el buen funcionamiento del plantel y la calidad que va a ofrecer”. En otros términos, se requiere una gran cantidad de requisitos que pueden escapársele a cualquier estudiante. Entre ellos, la elaboración de una normativa interna, los estatutos, acuerdos, reglamentos, la conformación de consejos, los comités académicos y planes de desarrollo a largo plazo.
No es solo, repite Mantilla, adecuar y dotar una infraestructura de bibliotecas, oficinas, auditorios, laboratorios, cafeterías o espacios deportivos; también hay que adquirir bases de datos y garantizar conectividad para los estudiantes. (Le puede interesar: Las 10 universidades de Colombia con mayor cantidad de estudiantes en 2022)
Pero, en medio de todos esos desafíos, hay un pilar que requiere una planeación muy profunda: la planta de profesores. Como explica Jurado Valencia, hay que decidir si van a ser de cátedra o de planta, si le van a apostar a la investigación y qué herramientas de pedagogía emplearán en cada facultad, entre otros factores.
En el caso hipotético de que se pusieran en marcha las nuevas universidades que ha propuesto el presidente Gustavo Petro, advierte Andrés Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, hay que pensar en quiénes van a ser los profesores que irán a estas regiones, qué condiciones laborales tendrán y con qué incentivos van a contar.
Para mostrar el desafío que eso implica pone el ejemplo de la principal universidad pública de Colombia: la U. Nacional. “No muchos docentes están dispuestos a desplazarse a las sedes del Amazonas o de Tumaco para dictar clases allá”, asegura.
Supongamos, sin embargo, que una nueva universidad supera estos retos y crea facultades con los debidos registros calificados, un proceso que puede tardar otra buena cantidad de años. El siguiente gran desafío está relacionado con las personas que van a estudiar allá. En la Universidad de los Llanos, por ejemplo, señala Mora, cuentan con una infraestructura lista que está ubicada cerca al municipio de Granada, pero ha sido muy complejo lograr que los jóvenes lleguen a las aulas de clase. En términos un poco más técnicos, “el problema no es de acceso, sino de permanencia”.
Los riesgos de crear nuevas universidades
Entre las preocupaciones de Mantilla de que se sigan abriendo más universidades hay una que lo inquieta especialmente: seguir promoviendo la baja calidad en la educación superior, pues para él se está dejando de lado la investigación.
Esto, a los ojos de Bayona, quien también es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, puede suceder porque, al repartir los mismos recursos entre más instituciones, “puede generar menor alcance o menor calidad en las nuevas instituciones”. Si el Gobierno quiere impulsar el acceso a la educación, añade, una mejor apuesta es “llenar” las sillas vacías que ya tienen varias instituciones.
En sus cálculos, en la actualidad, en las universidades oficiales se registran cerca de 180.000 “sillas vacías”, lo que significa que existe la posibilidad de ampliar la matrícula de esas instituciones. Pero, en muchos casos, no lo han logrado por falta de presupuesto.
Como explica Gloria Bernal, del Laboratorio de la Educación LEE de la Universidad Javeriana, en la Nacional se ha reportado una alta demanda de estudiantes, pero se han enfrentado a un problema al ampliar el número de cupos: no tienen los suficientes recursos para hacerlo.
Otro de los riesgos a los que se podría enfrentar el Gobierno al crear nuevas universidades es que la oferta educativa podría ser muy precaria, pues las primeras promociones suelen llenar los cupos laborales. “Es como llenar a Tumaco de enfermeros; después de un tiempo, las promociones futuras no conseguirán un campo laboral”, explica Valencia.
La gran pregunta en este punto es ¿cómo llevar educación superior a las regiones? Una estrategia, propone Bernal, es hacer alianzas con universidades y otros centros educativos en donde ya están certificados los programas. “No necesariamente es construir la universidad, sino que puedes apalancarte de la infraestructura que ya está creada e inviertes en lo más importante, que es el talento humano”, puntualiza.
Para Mantilla hay un caso que puede servir de ejemplo para responder esa inquietud: la experiencia de la Universidad Nacional con el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA), que consiste en una serie de cupos para cursar la mayoría de las carreras que se ofertan en Bogotá, Medellín o Manizales, pero para estudiarlas en las sedes de Leticia, Tumaco, Arauca o San Andrés. Durante los dos primeros años, explica, los jóvenes reciben su formación en estos centros y, luego, son trasladados al punto central, donde culminan su profesión.
Este modelo, asegura, “desmonta la falsa creencia de que las universidades deben formar solo los profesionales que necesita una determinada región. Como si un joven que vive en Arauca no pudiera soñar con ser filósofo”. (Lea también: Tramitadores falsos de créditos Icetex: así va el caso de los 10.000 estudiantes)
Lo cierto es que, hasta el momento, no está muy claro qué camino optará el Gobierno para llevar a cabo sus planes de crear nuevas universidades, pues, al cierre de esta edición, no recibimos respuesta al comunicarnos con la subdirección de apoyo a la gestión de las IES en el MEN. Tampoco se sabe si le apostarán por instituciones virtuales. Mientras el país despeja esa duda, hay otro punto que inquieta a Gómez: se está elaborando un borrador para reformar la Ley 30 de 1992 y hay apartados que le dan “facultades excepcionales al presidente para que cree instituciones. Eso indica que tendremos facultades extraordinarias para crear universidades de forma exprés”.
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