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Dos temas han acaparado los titulares de las noticias de educación en las últimas semanas. Uno es la reforma a la Ley 30, principalmente a los dos artículos (el 86 y 87) que se encargan de definir el monto de dinero que destina año a año el Estado a las universidades públicas. El otro es la ambiciosa meta del gobierno de Gustavo Petro de conseguir la creación de 500 mil nuevos cupos en la educación superior. Ambas propuestas han generado una serie de comentarios, inquietudes e incluso debates entre expertos. (Puede leer: Los cambios que empleará la UdeA para tratar las violencias basadas en género)
José Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar durante más de 30 años y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), que reúne a 93 instituciones de educación superior públicas y privadas de Colombia, en entrevista señala el apoyo a esta meta de ampliación de cobertura. Sin embargo, es muy enfático en insistir en que aún falta más claridad del Gobierno sobre cómo se va a llevar a cabo este objetivo. Además, dice que la Ley 30 de 1992 es una norma que ya ha cumplido con un período de 30 años y, por eso, “es necesario actualizar toda la normatividad que rige a la educación superior”.
Lleva 30 años al frente de la Universidad Simón Bolívar, ¿cómo se ha mantenido en el cargo?
Suena a que es un montón de tiempo, casi una generación, pero no lo he sentido así. Cuando asumí este cargo éramos la Corporación Universitaria Simón Bolívar y con el paso del tiempo hemos logrado consolidarnos para mejorar en la educación que ofrecemos, hemos incrementado en cobertura, tenemos un mayor número de programas de pregrados y posgrados, se ha incrementado el número de estudiantes inscritos y hemos logrado consolidar un sello en la investigación científica que realizamos.
Uno de los retos más grandes en la educación en los últimos tiempos fue la pandemia. ¿Qué le dejó a usted ese aprendizaje?
Esta etapa nos dejó un sinnúmero de enseñanzas y, por supuesto, nos llevó a entender la importancia de emplear las herramientas tecnológicas. Nosotros ya habíamos buscado la forma de integrarlos a nuestros programas académicos, y lo que hizo la pandemia fue acelerar este proceso. Ahora contamos con plataformas que están disponibles las 24 horas, en las que están las clases de los profesores grabadas, por ejemplo. También conseguimos mejorar la dotación de los laboratorios para ser utilizados con virtualidad: qué bonito que el estudiante pueda utilizar equipamientos de laboratorio desde su casa. También conseguimos tener wifi en 90 % del campus.
Justo hablando de la pandemia, dos de los temas que cobraron relevancia fue la deserción y el abandono. En su caso, ¿cómo ha sorteado ese desafío?
El 93 % de nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 y 3. En este tiempo hemos implementado unas matrículas asequibles, además promovimos un sistema de oportunidad crediticia para los estudiantes. Contamos con unos que son internos, es decir, que los ofrecemos desde la universidad, y otros que son con entidades financieras, como Icetex, cooperativas, cajas de compensación y fondos sindicales, con todas estas instituciones tenemos convenios. (Lea también: “Tenemos un déficit estructural que nos está asfixiando”, rector U. Pedagógica)
La permanencia para nosotros es esencial, por eso desde Bienestar Universitario contamos con un grupo de psicólogos y trabajadoras sociales que están atentos de la situación de los estudiantes, brindándoles un acompañamiento permanente.
Este Gobierno ha anunciado varias decisiones claves para la educación superior. Empecemos por la reforma a la Ley 30, ¿cuál es su opinión?
Sin duda, la Ley 30 de 1992 es una norma que ya ha cumplido con un tiempo de 30 años. Las dinámicas en lo social, en lo político y en lo económico de nuestro país hacen necesario el hecho de actualizar toda la normatividad que rige a la educación superior. Principalmente, los artículos 86 y 87 son trascendentes en el tema del financiamiento de la educación superior pública. Lo importante de este reto de reforma es que sea lo más participativo posible.
Creo que es importante que en este proyecto de ley se dé una participación activa al sector de la educación superior, en todos sus niveles, técnicos, tecnológicos, instituciones universitarias y universidades. Todo este proceso garantizará que quede lo más a tono y con la mayor pertinencia para los momentos actuales que vive el país y la educación superior. La actualización de esta ley podría influir o aportar en esa meta que propuso el ministro Alejandro Gaviria de ampliar los cupos en educación superior. (Lea: PND: rectores de las universidades del país apoyan la meta de 500 mil nuevos cupos)
Esa es una meta ambiciosa que ha desatado una serie de comentarios en el sector. Como director de Ascún y rector, ¿cómo ve este objetivo?
Cuando se define la posibilidad de 500 mil nuevos jóvenes en el sistema de educación superior, sin duda, es un paso trascendental y de avanzada para lograr uno de los mayores anhelos que puede tener una sociedad, que es el acceso equitativo de los jóvenes o de los ciudadanos a la educación superior. Así que en el caso particular mío, en cuanto a este proyecto, estoy de acuerdo. Cada vez que una sociedad logra mayor facilidad de acceso de sus integrantes a la educación superior, sin duda está promoviendo su derecho.
¿Qué retos implica esta meta y qué le han dicho otros rectores?
Cumplir este objetivo significa importantes recursos económicos, ya sea para universidades públicas o privadas. Para la institución donde se dirijan los jóvenes se necesitarán recursos. Estoy de acuerdo, y en lo que no he podido recabar información de los rectores de las otras universidades, tanto públicas como privadas, el tema de mayor acceso o de facilitarlo, todos están de acuerdo.
Pero, todos han hecho énfasis en que aquí lo importante es construir los espacios en los cuales se logre mayor claridad y consenso sobre esta meta, quiénes son los estudiantes que van a acceder a este beneficio; cuáles serían las carreras que tendrían prelación de acuerdo a los intereses; los recursos que se requieren; la planta docente o la infraestructura; o si será modelo híbrido, solo virtual o presencial, por ejemplo. Aún son varias las inquietudes que rondan sobre esta meta.
Una de las principales barreras es la meritocracia con los exámenes de admisión. ¿Esto impedirá cumplir la meta?
Estos 500 mil nuevos cupos significan que habrá un marco más amplio de oportunidades y que podemos superar esa cifra, que hoy tenemos de un más o menos un 53 % de cobertura, pues ampliarlo casi al llegar a un 66 % con recursos nuevos. El tema de las meritocracias para ingresar a la educación superior está relacionado con la limitación de la oferta de cupos para acceder a ella, pero cada vez que se abran más oportunidades, tendrá más razón de ser estos exámenes para ingresar. No significa que estos exámenes no sean necesarios, son esenciales para canalizar las competencias y los intereses de los jóvenes por ciertas áreas determinadas del saber o de las profesiones.
Otra de las propuestas que se ha escuchado en el sector es la creación de la Superintendencia de Educación. ¿Qué expectativas tienen de esta idea?
En este momento las prioridades deben orientarse a reformas estructurales que consoliden el sistema de educación en temas como cobertura, calidad, pertinencia, permanencia, graduación, emprendimiento y empleabilidad. La creación de una Superintendencia de Educación no genera expectativas favorables, puesto que no aporta a propósitos que fortalezcan el sistema y, por el contrario, crea burocracia, lo cual no corresponde con los esfuerzos del Ministerio de Educación por reducir trámites y ser más expeditos para garantizar que las instituciones presten un servicio educativo acorde con lo que necesita el país. (Puede leer: Las dudas sobre los 500 mil nuevos cupos en educación superior)
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