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Estos últimos días han sido complicados en la Universidad Nacional. El malestar se desató por la designación de los decanos y decanas de las 21 facultades a nivel nacional, un proceso que se realiza cada dos años. Después de la decisión, ocurrida el pasado 10 de septiembre, surgieron algunas inquietudes: la principal se centró en la razón de por qué no se respetaron los resultados de la consulta a la comunidad educativa en algunas de las designaciones que se oficializaron.
Pero, antes de explicar los detalles de la asamblea del Consejo Superior Universitario (CSU) donde designaron a los decanos y a las decanas, es importante comprender cómo se desarrolla este proceso. Es muy similar a la designación del rector: hay una inscripción de candidatos, luego se pasa a una fase de divulgación de las propuestas y, finalmente, se lleva a cabo una consulta a la comunidad universitaria. En esa consulta, los profesores tienen el 60 % de la participación, los estudiantes el 30 % y, los egresados, el restante 10 %.
El Consejo Superior Universitario puede tomar en cuenta los resultados de la consulta para la designación final, pero en última instancia es este órgano el que toma la decisión de quiénes ocuparán los 21 cargos. Durante una sesión, los miembros del consejo votan para seleccionar a los decanos, de manera similar al proceso de designación del rector. De los nueve integrantes del CSU, ocho tienen derecho a votar. Si bien el rector, en este caso el profesor Leopoldo Múnera, puede participar en la discusión y tiene voz, no tiene voto en la decisión final. En estas discusiones, los rectores pueden sugerir sus preferencias para las decanaturas.
Para la sesión del CSU que se llevó a cabo este 10 de septiembre, la fórmula se repitió, solo que tuvo algunas variaciones, según dice Múnera. Una de ellas, precisa, es que no usó esa “facultad excepcional” de proponer otros candidatos y, por el contrario, avaló a todos los aspirantes, incluidos a aquellos que buscaban una reelección en ese cargo. También propuso unos criterios que, a sus ojos, eran importantes para la designación, como valorar el resultado de la consulta a la comunidad, que la decisión final fuera un proceso transparente (se transmitió en vivo por YouTube), y que cada uno de los consejeros explicara los motivos de sus votos.
Un ejemplo, añade Múnera, es el de Laura Quevedo, representante estudiantil. Durante la sesión, planteó que, en primera instancia, iba a votar por la persona que había ganado entre la comunidad estudiantil. Otra de las consejeras, por su parte, puso sobre la mesa el tema de género y señaló que era fundamental tener en cuenta la paridad de género. Con esos factores, se llevó a cabo la votación. Al final, en 16 de las 21 decanaturas quedaron designados el y la ganadora de la consulta.
La polémica, entonces, se centró en por qué en las cinco decanaturas restantes quedó designada una persona que no ganó la votación en la consulta. Esta situación sucedió en la Facultad de Minas, de la sede de Medellín. Allí fue escogida Eva Cristina Manotas Rodríguez, quien obtuvo el 22 % de los votos. “No ganó en estudiantes, ni en egresados, ni en docentes y, sin embargo, fue la designada al final”, anota John W. Branch, profesor de la Facultad de Minas de Medellín, y quien justamente ganó la consulta con el 64 % de los votos.
Esta situación se repitió en la Facultad de Ingeniería de Bogotá, en la de Ciencias Agrarias de Palmira, en la de Odontología y Enfermería de Bogotá y en la de Arquitectura de Manizales. En esta última, el ganador de la consulta en los tres estamentos fue Jairo Andrés Paredes, pero, al final, no fue designado, una decisión que, según se dijo en un comunicado, “es contraria al discurso de defensa de la democracia universitaria que se viene promulgando desde la rectoría”.
Aunque este proceso, al igual que la designación de rector, es completamente legal, a ojos de varios de los integrantes de la comunidad educativa, es ilegítimo. “Lo legítimo era que se respetaran las consultas, a pesar de que su resultado no era vinculante. Lo pedía la comunidad, así como lo exigió el profesor Múnera en su momento, cuando eligieron a Ismael Peña como rector”, dice, por ejemplo, Branch.
Otros integrantes de la comunidad, como el profesor y exrector Ignacio Mantilla, opinan que esta situación mostró una “incoherencia”, sobre todo, dice, porque los consejeros del CSU defendían la tesis de que había que respetar los resultados de las consultas y, mucho más, cuando fueran mayoritarias. “En este caso, no lo hicieron. Cambian su criterio de acuerdo con lo que les convenga o no”, agrega.
La incomodidad se incrementó en algunas de las facultades porque, por petición de Múnera, los consejeros del CSU debían explicar las razones de su voto. Branch asegura que no fue así y que, por el contrario, “no ha habido argumentos técnicos para decir por qué no fuimos designados”. Sin embargo, el rector Múnera tiene otra lectura. En su opinión, solo en una de las cinco decanaturas en las que no se respetó al ganador de la consulta, “no hubo una explicación suficientemente clara de por qué se había seleccionado a otro candidato”. Fue en la sede de Manizales.
Los resultados de esas consultas, como ya se ha explicado en otras oportunidades, no son vinculantes. A pesar de ser un índice de opinión, en la más reciente designación de decanos, que estuvo a cargo de la exrectora Dolly Montoya, “se dejaron a todas las personas que ganaron en la consulta”, asegura Ronald Vargas, exrepresentante estudiantil de la Universidad Nacional, y quien participó de este proceso. Múnera responde a quienes lo han criticado y señala que, por el contrario, el proceso reivindica la democracia universitaria. En todo caso, agrega: “He sido totalmente coherente, pero no puedo determinar la decisión del CSU”.
Las decanaturas: unos puestos clave
Pero, ¿por qué este cargo es tan importante para la universidad y para el mandato de los rectores? A los ojos de Branch, de la sede de Medellín, las decanaturas son el centro de la dinámica institucional de la Universidad Nacional, pues son los encargados de hablar con su comunidad directamente (administrativos, docentes y estudiantes), y son fundamentales en el tema de la gestión. Es decir, los decanos y las decanas, al final, terminan ejerciendo el poder administrativo diario dentro de la institución.
Según Vargas, hay facultades que son estratégicas, como la de Medicina, que, añade, mueve muchos temas políticos e investigativos a nivel nacional. También lo son la Facultad de Minas de la sede de Medellín, y la Facultad de Ingeniería y Administración de la sede de Manizales, porque, agrega, son las que concentran más docentes y más recursos en proyectos de extensión.
Los decanos y las decanas, además, son piezas clave en la gobernabilidad de la Universidad, pues integran en su mayoría los consejos (que son los órganos que aprueban cada una de las iniciativas de la rectoría). Por ejemplo, el Consejo Académico está integrado por las 21 decanaturas, esto quiere decir que representan 21 de los 32 votos de este órgano. Otro caso es el del Consejo de la sede de Bogotá, el cual está integrado por cerca de 20 personas, de las cuales 11 son decanos o decanas.
También son una pieza fundamental en los proyectos estratégicos, pues todos deben pasar por sus manos. Si el rector, por ejemplo, quiere implementar proyectos de extensión con las Fuerzas Militares, será importante contar como un aliado con la decanatura de la Facultad de Ingeniería. En resumen, apunta Vargas, tener decanaturas aliadas es clave para que pasen las propuestas del rector y, por eso, no es muy común que sean opositoras a la rectoría. “Lo que había pasado es que recién se posesionó el rector Múnera, había decanaturas muy renuentes a trabajar con la rectoría”, sugiere.
Hay que recordar que Múnera está impulsando iniciativas como el proceso constituyente universitario, que debe contar con el apoyo de los decanos. Esta propuesta, según explica el rector, gira en torno a la transformación del gobierno de la Universidad. “Hay un problema con la consulta en la institución y crea ambigüedad, porque esa consulta no es vinculante. Es indicativa y la consulta debe ser valorada”, adelanta. También pretende modificar cómo van a estar conformados los cuerpos colegiados.
Múnera asegura que buscará que esta iniciativa, que no es nueva en la Universidad, prospere a través de la pedagogía y el debate con los diferentes integrantes de la comunidad universitaria, un enfoque que comenzará a implementar el próximo año. Por el momento, los estudiantes y los docentes se centran en finalizar este año académico, que se retrasó por el paro estudiantil de cuatro meses.
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