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La posesión de José Ismael Peña, rector designado de la Universidad Nacional, está prevista para este jueves 2 de mayo en la sede de Tumaco, pero por el momento está en duda. El acta que explica cómo fue la sesión de su elección no ha sido firmada por la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien preside el Consejo Superior Universitario (CSU), el organismo que lo eligió. Sin ese documento es imposible llevar a cabo la posesión.
Esa situación se suma a las semanas de tensión que ha vivido la comunidad universitaria que hoy se encuentra en paro indefinido. Mientras un sector ha respaldado la elección de Peña, otro la ha rechazado y ha pedido que no asuma el cargo que, hasta el 30 abril, estaba en manos de Dolly Montoya.
El acta que Vergara no ha firmado ha sido uno de los documentos más esperados en esta discusión, pues allí está consignado lo que sucedió durante las nueve horas que duró la sesión del CSU del 21 de marzo, en la que se designó a Peña como rector y que ha desatado una intensa controversia en la Universidad Nacional.
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Entre los motivos, como hemos contado en estas páginas, estuvo el hecho de que el voto de los integrantes fuera secreto (aunque después algunos lo revelaron en redes sociales) y que se hubiese realizado un particular método (el método Borda) para hacer la elección. Buena parte de la comunidad se mostró inconforme con ese camino que eligió el CSU. Algunos de sus integrantes, como Ignacio Mantilla, Humberto Rosanía, Verónica Botero y Diego Torres, han dicho en una carta, en respuesta, que tenían completa independencia para seleccionar el mecanismo de elección.
Pero, ¿por qué la ministra Aurora Vergara no ha firmado el acta? Desde su despacho señalaron a El Espectador que la primera versión que le enviaron desde la Universidad Nacional fue completamente anónima. Según cuentan, solo se limitaba a decir “un consejero dijo”, “una consejera votó” o “un consejero planteó”, lo que a los ojos del Mineducación no cumplía con la petición de transparencia realizada por la comunidad académica. Ante la situación, el 15 de abril, desde esa cartera respondieron a la institución pidiendo los nombres de las personas que intervenían y más detalles de la reunión.
La respuesta de la universidad llegó al despacho del Ministerio el domingo 21 de abril. Enviaron un nuevo documento, en el cual, según dicen desde la cartera de Vergara, solo identificaron las intervenciones de los tres representantes del Gobierno, que son Vergara, María Alejandra Rojas y Danna Garzón.
A partir de ese domingo el Ministerio de Educación tenía cinco días hábiles para responder a la universidad. Le contestó, como supo El Espectador, que la postura de la ministra se mantenía firme: solo firmaría el acta siempre y cuando se publicaran más detalles de la reunión. La Nacional volvió a contestar este martes 30 de abril, asegurando que el acta ya tenía el aval de cinco de los ocho miembros del CSU y que la respuesta del Ministerio había llegado después de lo acordado. Pero sin la firma de Vergara, el acta no puede ser aprobada.
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En respuesta, el abogado de uno de los consejeros, que prefirió reservar su nombre, aseguró a este diario que en esa reunión también se discutió si el acta iba a ser anónima o no, pues “no tenía ningún sentido que se votara de forma secreta y al mismo tiempo se revelara un documento con los nombres de cada una de las personas y si habían optado por X o Y opción”. Por eso, añade, se sobreentendió para muchos de los consejeros que el voto secreto implicaba también la reserva del acta.
No obstante, afirmó el abogado, la Secretaría General, por la petición del Ministerio optó por hacer públicas las intervenciones de las representantes del Gobierno y guardar el anonimato de los otros cinco consejeros. Desde el martes 30 de abril nos comunicamos con la Secretaría General de la U. Nacional para aclarar lo que está sucediendo, pero al cierre de esta edición no habíamos recibido respuesta.
¿Qué pasa si no se firma el documento?
En caso de que no se firme el acta, la principal consecuencia es que Peña no se pueda posesionar como rector este 2 de mayo en Tumaco. Sin embargo, explicó el abogado del representante del CSU, la ministra Vergara no puede “saltarse los acuerdos y las discusiones del Consejo. No puede retener el acta y la resolución de nombramiento porque estaría incurriendo en un posible prevaricato”.
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Lo que debería hacer Vergara, dijo, es firmar el documento, sacar la resolución de nombramiento de Peña y, si considera que la designación fue ilegal, enviar a los órganos correspondientes para que sea investigado el proceso, pues la ilegalidad de este la determina un juez. A sus ojos, una solución para que el acta sea pública es que Vergara, como presidenta del Consejo, convoque una reunión del CSU y allí solicite que se individualicen cada una de las intervenciones.
Pero, ¿qué sucede si Vergara no firma el documento? La Universidad Nacional pasaría a un escenario de interinidad, es decir, que no habría una persona en propiedad con las funciones de rector. Además, el CSU se tendría que reunir, una vez más, para nombrar a una persona encargada.
En cuanto a un escenario hipotético, en el que Peña no acepte la rectoría (aunque en entrevista con este diario señaló que no lo haría), el proceso de elección tendría que empezar de cero. Es decir, las personas interesadas tendrían que postularse, la Secretaria General avalar si son aptas o no para el cargo, realizar de nuevo la consulta a la comunidad y que el CSU elija entre los cinco finalistas.
Una designación que ha generado polémica
El CSU es el encargado de decidir entre las cinco personas finalistas, quién será el encargado de ocupar la rectoría de la institución. Aunque se realiza una consulta a la comunidad académica, sus resultados no son vinculantes, sino que son un índice de opinión. Sirven, además, para depurar los aspirantes.
Para ese entonces, estaba conformado por Aurora Vergara, ministra de Educación y quien lo preside; María Alejandra Rojas y Danna Garzón, delegadas del presidente; Humberto Rosanía, designado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU); Ignacio Mantilla, representante de los exrectores; Verónica Botero, designada por el Consejo Académico; Diego Torres, representante de los profesores; y Sara Jiménez, representante de los estudiantes. La rectora Montoya tenía voz, pero no voto.
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El primer disgusto de la comunidad universitaria fue porque no se respetó su voluntad, reflejada en los resultados de la consulta, donde el ganador, con el 34.3% de los votos, fue Leopoldo Múnera, docente en Ciencia Política de la Nacional. No obstante, esta no es la primera vez que el CSU no acata la opinión de la comunidad. De hecho, cuando Montoya fue reelegida, el voto en blanco la había sobrepasado en la consulta.
Aunque esta situación ha sido “normal” en los procesos de designación de rector, estas elecciones contaron con un ambiente atípico y tensionante. Por ejemplo, no se conoció la hora ni el lugar exacto donde iba a sesionar el CSU y, por decisión de la mayoría de sus miembros, se optó porque la votación fuera secreta. De acuerdo con uno de los consejeros que prefirió reservar su nombre, esto se decidió por temas de seguridad. “En una sesión anterior a la de la designación fuimos interrumpidos por manifestaciones. A uno de los consejos le rayaron su carro y a otro le enviaron mensajes intimidándolo”, añade.
Otra de las molestias se centró en el método Borda, que eligió el CSU. Para entenderlo mejor piense que tres personas (P1, P2 y P3) van a votar por cuatro candidatos (Ca, Cb, Cc y Cd) y deben elegir a la persona con más votos y además tienen que votar dos veces. De entrada los electores saben que los votos van a ser: P1 por Ca, P2 por Cb y P3 por Cc y, como tienen que votar dos veces, lo más probable es que en su primera elección lo hagan también por el D. Al final, Ca, Cb y Cc tendrán un voto, mientras que Cd obtendrá tres, siendo el ganador de la contienda.
Sara Jiménez, representante de los estudiantes, en un comunicado había señalado que en la sesión comentaron que “ese método fue el usado históricamente”. Pero, según las actas de la designación de Montoya y la de Ignacio Mantilla este no fue el método usado. Así lo hizo conocer un documento publicado por el Comité Nacional de Representantes Profesorales (CNRP) y el Comité Nacional de Representantes Estudiantiles (CNRE).
A pesar de que en la sesión del CSU se había acordado que tanto los votos, como algunas de las intervenciones, iban a ser secretas por temas de seguridad, la mayoría de los consejeros publicaron en sus cuentas de X cómo había sido su participación en la reunión. Desde entonces, el pedido de la comunidad se ha centrado en la transparencia y en conocer los detalles publicados en el acta, que fue enviada por primera a la ministra Vergara el 11 de abril.
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