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El Ministerio de Educación lleva un par de meses elaborando el decreto con el que busca formalizar a los docentes ocasionales y al personal administrativo en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. El Espectador conoció el documento final que firmará el presidente Gustavo Petro en los próximos días y, aunque es una decisión que la ha pedido el sector en durante los últimos años, no ha sido vista con buenos ojos por todos los actores. Entre las preocupaciones que han manifestado está que el documento no solucionaría de fondo los problemas de los maestros ocasionales y que podría representar una carga económica para las universidades públicas, pues muchas de ellas atraviesan serios problemas financieros.
Actualmente, como explica el ministro de Educación, Daniel Rojas, del 100 % de los docentes que están en el sector público, que son casi 80.000, el 76 % están bajo la modalidad de contratación de profesor ocasional. Esta figura se emplea para suplir las vacantes de los maestros de carrera que salieron a un cargo público, que están en comisión o que enfrentan algún tipo dea investigación. Hernando Bayona, exviceministro de Educación Preescolar, Básica y Medio, explica que esta figura empezó a tener relevancia en las universidades porque el aumento de la planta docente se dio a un ritmo más lento que el de los estudiantes inscritos en las instituciones de educación superior. Ante este panorama, estas últimas optaron por contratar a profesores ocasionales.
Para que se haga una idea: en la década de los 80, la Facultad de Minas de una universidad pública habilitó 45 cupos para contratar a docentes de planta. Con los años, pasó de recibir 1.800 estudiantes a 3.200, sin embargo, el número de profesores siguió siendo el mismo. La solución fue acudir a los profesores ocasionales, pero acarreó una precarización en la labor docente. La principal razón, de acuerdo con Bayona, quien también es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, es que los contratos duran pocos meses y tienen unos salarios menores que los de planta y, en su opinión, esto ha llevado a que “las universidades crecieran a punta de profesores ocasionales, lo que ha generado que muchas de ellas no progresen en su calidad a la velocidad que se quisiera”.
Abrir cupos para profesores de planta en las universidades públicas no es un proceso sencillo. De acuerdo con Bayona, estos quedan libres cuando los maestros se jubilan, se retiran o fallecen. Aunque este es un problema que ha aquejado al sector durante varios años y ha sido de las principales peticiones de los movimientos estudiantiles y profesorales, el ministro de Educación, en el marco de la reforma laboral, que se hundió el pasado 18 de marzo, decidió traerlo una vez más a discusión. Para tener un panorama más amplio y actualizado, Rojas se reunió con varios de los actores del sector y, según dice, la iniciativa tiene como objetivo empezar a cerrar la brecha que se ha abierto desde 1992, con la Ley 30, que regula la educación superior en el país.
Ante el hundimiento del proyecto del Gobierno, agrega Rojas, avanzaron con un ‘Plan B’ en el que venían trabajando desde hace varios meses: la formalización de los docentes a través de un decreto, que sería sancionado por el presidente de la República antes de que finalice esta semana. En el documento, se establece que las universidades deberán elaborar un plan que garantice que se cumpla esta medida en un 100 % para el 31 de diciembre de 2027.
Helberth Augusto Choachí, rector de la Universidad Pedagógica, participó en estas mesas y cuenta que allí se planteó la forma de garantizar que estos docentes puedan permanecer en las universidades, generarles una estabilidad económica y asegurar que accedan a las prestaciones sociales, sobre todo en aquellas instituciones donde la mayoría de la planta docente es ocasional o catedráticos, como es el caso de la Pedagógica, donde el 80 % son ocasionales.
¿Qué plantea el decreto?
Este documento, en palabras técnicas, busca ser una adición del Capítulo 5 del Decreto 1075 de 2015. Es decir, pretende que las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas formalicen su personal que esté por fuera de la carrera docente —ocasionales— y para ello deberán “desarrollar actividades misionales y tener vocación de permanencia”. Los planteles deberán realizar un estudio para tener claras las necesidades del personal docente y administrativo y, basados en su autonomía universitaria, contarán con 12 meses para elaborar el Plan de Formalización, que incluirá un cronograma proyectado, un análisis del impacto financiero de la propuesta y un plan de implementación.
Después de esos 12 meses, las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas presentarán los planes a los Consejos Superiores. Luego, junto con los sindicatos de profesores, trabajadores y personal administrativo, ajustarán los últimos detalles y empezarán inmediatamente los procesos de vinculación del personal. Para el 31 de diciembre de 2026, deberán tener asegurado como mínimo un avance del 40 % del Plan de Formalización Laboral y, el restante, lo deberán completar para diciembre de 2027. El encargado de hacer el seguimiento al diseño e implementación de este plan será el Gobierno, en cabeza de los ministerios de Trabajo y de Educación.
Pero, ¿qué pasaría si una universidad no presenta el plan y no comienza el proceso de formalización? Rojas aclara que el Gobierno, por medio de la ley, le otorga una serie de facultades al Ministerio de Educación para que, vía inspección y vigilancia, tome determinaciones frente a las instituciones que no presenten el plan. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupaciones entre las universidades públicas, principalmente porque en el decreto no hay claridad sobre la financiación necesaria para llevar a cabo la formalización.
Desde la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), su director ejecutivo, Óscar Domínguez, asegura que las universidades públicas han manifestado su preocupación sobre la sostenibilidad financiera del sistema de educación superior, pues para ellas este decreto representa un desafío adicional en el tema económico. De acuerdo con los reportes del Sistema Universitario Estatal (SUE), el desfinanciamiento estructural de las IES Públicas asciende a $19 billones y, dice, este decreto implica un “nuevo esfuerzo para los planteles, pero sin recursos. Esta medida de la formalización, no favorece, sino que agravaría la situación de las IES”.
Una opinión similar comparte Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), a quien le sorprende que un decreto que busca la mejora de condiciones laborales, no venga acompañado de un plan concreto de implementación y de una evaluación realista del modelo de financiación. Sin este componente que, en su opinión es clave, la iniciativa podría naufragar. En los cálculos del LEE estiman que esta medida implicaría cerca de $0.4 billones anuales, bajo los cálculos más conservadores.
Frente a este tema, el ministro Rojas señala que los planes de formalización serán financiados con los recursos adicionales que el Gobierno ha asignado por medio de los artículos 86 y 87, de la Ley 30. También contarán con los recursos a la base presupuestal de funcionamiento adicionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC) asignados por el Gobierno. En el documento, el Gobierno resalta que es obligatorio que, antes de que comience el proceso de vinculación, las universidades emitan un concepto de viabilidad financiera que permita asegurar la cobertura de los planes de formalización presentados.
Otras críticas que desató el decreto
Además del tema financiero, a Hugo Flórez, secretario de Relaciones Laborales de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) y miembro de la Junta Directiva de ASPU seccional Universidad Distrital Francisco José de Caldas, le preocupa que las inquietudes que se le hicieron a ese decreto durante la fase de consulta pública, no fueron tenidas en cuenta, pues si bien ASPU, uno de los principales sindicatos de maestros, participó de la mayoría de mesas, tienen una opinión dividida en cuanto al decreto.
Entre los puntos de la discordia está que, a los ojos de Flórez, el decreto va a perpetuar la informalidad de los docentes ocasionales, pues, si antes no podían acceder a un doctorado por el tema económico o de tiempo, con el decreto la posibilidad de que lo hagan se reducirá mucho más. Las razones que expone es que las universidades, principalmente aquellas que atraviesan un complejo panorama económico, reducirán el número de contratos. Esto, en su opinión, “es un engaño para el profesorado precarizado”.
Otra de las inquietudes que genera el decreto, si llega a ser publicado tal cual como está, es que, si bien trata de mejorar las condiciones laborales de la labor docente, a los ojos de varios actores, podría abrir la posibilidad de que se cree una carrera paralela. Este punto lo explica Bayona con un ejemplo: es como si tuviéramos médicos contratados de planta y especializados e hiciéramos otra nómina al lado de médicos que son ocasionales y generales. Ambos grupos tienen las mismas condiciones laborales. La medida puede ser negativa en el mediano y largo plazo porque no va a mostrar incentivos para que estos médicos se especialicen.
Una situación similar, anota, podría pasar con los docentes y presentaría “un gran riesgo de dañar, de alguna manera, lo poco que funciona en las universidades con base en la carrera docente”. También se podría poner en riesgo la calidad de la educación, porque, como dice Bernal, si no se garantiza un esquema que incluya criterios de mérito y evaluación docente, cualquier docente podría ingresar como ocasional y afectaría a las universidades, que han trabajado mucho en consolidar sus cuerpos profesorados.
A pesar de la inconformidad que ha generado el sector, Rojas le apuesta a que esta semana el decreto sea firmado por el presidente Petro. Asegura que, la principal demora ha sido que no se han podido poner de acuerdo por temas de agenda y aclara que, en estos meses, dispondrá de unos espacios para orientar a las IES. Las universidades, por su parte, dicen desde ASCUN, piden que en este proceso se les garantice su autonomía universitaria.
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