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A finales de enero, Aurora Vergara, ministra de Educación, tuvo una reunión que llamó la atención de historiadores y docentes de Ciencias Sociales del país. Aunque del encuentro solo se conocieron algunas fotos, Vergara se comprometió ante la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia en Colombia (CAEHC) que la actualización de la hoja de ruta para enseñar ciencias sociales estará lista en octubre. (Puede leer: ¿Quiere estudiar un posgrado en Estados Unidos? Fulbright tiene becas disponibles)
La promesa de la ministra despertó interés por varias razones. En primer lugar, como explica Óscar Sánchez, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, esos lineamientos son fundamentales para la comunidad educativa, pues son una guía que, entre otras cosas, explica por qué es importante estudiar Historia. En ellos hay referentes temáticos, metodológicos y pedagógicos sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales en los colegios, que deben tenerlos en cuenta al elaborar el Proyecto Educativo Institucional.
Pero a los historiadores, docentes y licenciados en Ciencias Sociales les llamó la atención el anuncio de Vergara porque ese documento reemplazará los lineamientos que fueron emitidos hace 22 años.
La posibilidad de que eso suceda revivió un intenso debate que por más de una década han sostenido los historiadores y licenciados acerca del papel de la enseñanza de la Historia en los colegios. Para los primeros, quienes impulsaron una ley que llevó a la creación de la comisión que asesorará este proceso de actualización, la Historia desapareció de las escuelas hace 30 años. Para los segundos, la Historia nunca fue retirada de las aulas, pero creen que las recomendaciones de la CAEHC no son consistentes ni claras y siguen privilegiando solo una perspectiva. (Le puede interesar: Subsidio por estudiar en el SENA 2024: requisitos y cómo aplicar)
Pero para entender mejor esta discusión y qué puede cambiar con estos lineamientos es necesario, primero, retroceder unos cuantos años.
La historia enseñada en las escuelas y la Historia, ¿dos mundos distintos?
Entre diciembre de 2017 y enero de 2018, en los medios de comunicación del país empezaron a aparecer titulares como estos: “La Historia regresa a clases después de 23 años de inasistencia”, “por ley, se enseñará en el país la Historia de Colombia” o “vuelve la Historia al colegio: ¡ya era hora!”. “Regresan las clases de Historia a los colegios colombianos”, titulamos el 30 de diciembre de 2017 en El Espectador. Días antes, el presidente Juan Manuel Santos había sancionado la Ley 1874, cuyo objetivo fue restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada de las Ciencias Sociales.
La ley —iniciativa de Viviane Morales, entonces senadora del Partido Liberal— respondía a una propuesta del 2008 hecha por la Asociación Colombiana de Historiadores, recuerda Javier Guerrero Barón, sociólogo con doctorado en Historia. En 2016, la Academia Colombiana de Historia y algunos académicos se unieron para impulsar el proyecto.
Creían que la Historia se había dejado de enseñar a raíz de un decreto de 1984, ratificado por la Ley General de Educación de 1994. En él se incluía a la Historia en el área de Ciencias Sociales, acompañada de otras asignaturas como Geografía, Constitución Política y Democracia. “Desde 1984 desapareció, se subsumió y fue perdiendo espacio”, resume Guerrero, quien es profesor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
Sin embargo, no todos están de acuerdo con este análisis. Según Sandra Patricia Rodríguez, licenciada en Ciencias Sociales con doctorado en Historia, no es cierto que la Historia haya desaparecido de las aulas. Rodríguez, que lleva dos décadas investigando la enseñanza de Historia en el país, asegura que el área de las Ciencias Sociales existió durante todo el siglo XX, con algunas configuraciones y cambios de nombre, pero siempre conformada por la Historia y la Geografía, “en compañía de otros saberes”.
De hecho, en un texto publicado por la UPTC en 2020, el reconocido historiador Jorge Orlando Melo escribió: “Las ciencias sociales justamente, como antes (de la Ley General de Educación), eran ante todo la historia, la geografía y en vez de cívica, que empezaba a sonar arcaico, ‘constitución política y democracia’”. (También puede leer: Senatec: así se puede inscribir a los programas tecnológicos del Mintic)
La cuestión para Rodríguez es que, a pesar de que la enseñanza nunca desapareció de las aulas, la idea de que esta materia se había suprimido avanzó con firmeza, pues en el debate público se privilegió la voz de los historiadores. Para ella, no se les dio la misma participación a los docentes. Esa tensión entre historiadores y profesores, explica Melo en su texto de 2020, ha sido más bien una constante en la enseñanza de la Historia en el país. Aunque Melo no comparte la visión de que la Historia haya sido “suprimida” de la escuela, sí cree que “muchos colegios redujeron poco a poco, en los años siguientes (a la Ley de 1994), las horas dedicadas a las Ciencias Sociales”, como afirmó en su escrito de hace unos años.
A pesar de que no existió (ni existe) un consenso entre historiadores y licenciados sobre la supuesta desaparición de la Historia en los colegios, la Ley 1874 (del 2017) salió adelante, aunque no de la manera esperada por los primeros. Viviane Morales y las academias que la asesoraron buscaban que la Historia se restableciera como una “disciplina obligatoria, separada de todo el tutifruti de las Ciencias Sociales”, como le manifestó Morales a Semana. Por cuenta de un “mico” de última hora, como apunta ahora Guerrero, la Historia quedó integrada en los lineamientos curriculares de las Ciencias Sociales y no de manera independiente, como buscaban.
Por esta razón, Melo calificó la ley de “una solución bastante deficiente”, pues se centraba en repetir la orden del decreto de 1984 y de la ley de 1994 a la que, precisamente, se le atribuía la desaparición de la Historia. Pese a este revés, la ley ordenó que se creara una comisión asesora para la enseñanza de la Historia que emitiera una serie de recomendaciones al Ministerio de Educación y así actualizar los lineamientos curriculares del área de las Ciencias Sociales.
Esta Comisión fue creada en 2019, conformada por representantes de los docentes que enseñan Ciencias Sociales, de las academias de Historia, de las asociaciones que agrupan historiadores, de las facultades de Educación y de las facultades que ofrecen programas de Historia. Los comisionados trabajaron hasta abril de 2022, cuando le entregaron a la entonces ministra de educación, María Victoria Angulo, un documento de poco más de 200 páginas. En seis capítulos indicaban las recomendaciones para actualizar los lineamientos curriculares de las Ciencias Sociales. (Puede interesarle: Becas para estudiar maestrías: así puede aplicar a las convocatorias de la OEA 2024)
La cuestión, para investigadores como Rodríguez, de la U. Pedagógica, o Juan Pablo Díaz, licenciado en Ciencias Sociales y doctor en Historia, quien integró la Comisión por poco más de un año, es que tanto la Comisión como las recomendaciones tienen problemas.
Un debate sobre la Comisión y sus recomendaciones
Javier Guerrero Barón, de la UPTC, fue el primer presidente de la Comisión, entre 2019 y 2020. Ahora, como comisionado permanente, considera que las recomendaciones entregadas en abril de 2022 podrían ser el punto de partida para una “pequeña ley general en la enseñanza de la historia”, haciendo el paralelo con la ley promulgada en 1994.
Para este sociólogo, el texto contiene todos los elementos que deben ser tenidos en cuenta en la actualización de los lineamientos curriculares. Sin embargo, Díaz, que estuvo en la Comisión representando a la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofade) hasta enero de este año, califica el documento como una “colcha de retazos” muy generales que serán difíciles de aterrizar.
Para el licenciado en Ciencias Sociales, también docente del Politécnico Grancolombiano, el origen del problema está en que el documento fue redactado a muchas manos “en donde se notan distintos estilos de escritura y de ideas”. Esto, a su vez, dificultará la traducibilidad de estas recomendaciones. “Es decir, ¿cómo las llevo a un colegio en Guapi o Riohacha?”, plantea. De esto depende, apunta Díaz, que los profesores realmente las adopten y no terminen “engavetadas” en las Secretarías de Educación, como admite el viceministro Sánchez.
Mientras tanto, a Rodríguez, de la Pedagógica, le preocupa que las recomendaciones no incluyan todas las perspectivas del problema. Para esta investigadora, el documento solo tiene en cuenta el enfoque de desarrollo cognitivo, que aborda los procesos de aprendizaje “desde la psicología, las ciencias cognitivas, las teorías del aprendizaje y los estudios históricos”, dejando por fuera otros abordajes sobre la enseñanza de la Historia que han sido ampliamente desarrollados en el país.
Algunos de ellos, apuntaba Rodríguez con su colega Wilson Acosta en un artículo publicado a inicios de año en la revista académica Folios, son el curricular (qué contenidos se están enseñando), el didáctico (el ejercicio profesional de los docentes) y la historia de los saberes escolares (cómo se han ido estableciendo las Ciencias Sociales y la Historia como disciplinas en el contexto colombiano). En otras palabras, estos investigadores consideran que la Comisión siguió privilegiando la mirada de los historiadores sobre la de los docentes. (Puede leer: Cursos gratis en la Universidad de los Andes: así puede inscribirse)
Otra muestra de esta exclusión, continúa la profesora, es que la Comisión no tuvo en cuenta un documento elaborado por la Universidad Pedagógica en diciembre de 2019, en el marco de un convenio con el Ministerio de Educación, donde se hacían recomendaciones para actualizar los lineamientos curriculares de las Ciencias Sociales. “Si la idea era que este documento sirviera de insumo inicial para esta Comisión, ¿por qué lo desecharon y no lo tuvieron en cuenta?, se pregunta Rodríguez al no encontrar ninguna referencia en el texto final de la Comisión.
Sobre los insumos considerados para la actualización de los lineamientos curriculares, el viceministro Sánchez aclara que las recomendaciones emitidas por la Comisión son solo uno de ellos, pues también tendrán en consideración los resultados de una serie de reuniones que se vienen adelantando en todo el territorio nacional desde el año pasado, así como los casos de éxito que han identificado en el país, aludiendo a entidades educativas que resaltan por su enseñanza de la Historia.
Al margen del contenido y enfoque de los lineamientos, todas las fuentes consultadas coinciden en otro aspecto: elaborarlas no es una tarea fácil. Para hacerse una idea, dice la profesora Rodríguez, los lineamientos de 2002 fueron construidos durante ocho años. ¿Cómo espera el ministerio hacerlo para octubre, cuando es un proceso que requiere un amplio despliegue logístico para hacer, por ejemplo, talleres en todas las regiones del país?, se pregunta Díaz. (También le puede interesar: Gobierno busca que 87 mil estudiantes entren a la educación superior pública en 2024)
El viceministro Sánchez, consciente del reto, explica que el proceso de actualización no comenzó en enero, cuando se hizo público el compromiso de la ministra Vergara, sino que “es un proceso continuo del país” y agrega que durante 2023 se hicieron más de 80 eventos con profesores de todas las áreas básicas y que en 2024 se tienen programados 140 más.
Por su parte, Guerrero, quien también reconoce este proceso como un “reto monumental”, comenta que de lograr la actualización para octubre, estaríamos ante una “proeza burocrática y educativa”.
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