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Los niños, niñas y adolescentes necesitan mayor inversión en educación. Así lo confirmó un informe entregado este 29 de junio por Save the Children Colombia (SCC) y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. El documento estimó la inversión que debería hacerse en la implementación de la Política Integral de la Infancia y la Adolescencia, aprobada por el Congreso de la República para ser Política de Estado. ¿La suma? Un total anual promedio de $18,5 billones hasta el 2030, pasando de una inversión inicial en 2023 de $10.9 billones, hasta alcanzar una de $25.5 billones en 2030 (Lea también: Más de 300.000 niños y adolescentes han abandonado el sistema educativo en el último año).
De manera más puntual, el LEE y SCC prevén que un niño, niña y adolescente en zonas urbanas requeriría, en promedio, una inversión de $12,3 millones de pesos anuales, mientras que en una zona rural el estimado sería mayor, con $14,2 millones. Esos datos, sin embargo, no incluyen las necesidades ni los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), para el cual se prevé una inversión anual, en promedio, de $37 billones para atender necesidades en educación y salud pública (No se pierda: Falta de presupuesto para el PAE pondría en riesgo a 800 mil niños: Procuraduría).
Pero ¿en qué se destinaría la plata? Los autores de la investigación mencionan que los enfoques de los recursos serían cinco: el primero, educación y formación para la vida, que tendría un 56,3 % de la inversión de la política pública. Este trata sobre el fortalecimiento de la calidad y cobertura de programas como el Plan de Alimentación Escolar (PAE). “Analizamos, por ejemplo, cuánto costaría entregarle a cada niño, niña y adolescente un plato de comida caliente”, dijo Gloria Bernal, codirectora del LEE Javeriana (Le podría interesar: ¿Qué ha pasado con las denuncias de homofobia en colegio privado de Medellín?).
Esto tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que el PAE continúa sin llegar a varios estudiantes del país. Esa carencia está demostrada en cifras del Laboratorio durante 2022, que afirman que el 16 % de la niñez en las zonas rurales no recibió esa alimentación, mientras que en los colegios públicos de todo el país esa cifra alcanzó el 19 %. Dentro de ese primer punto de inversión también se analizaron las propuestas de jornada única, bilingüismo en los docentes, y el desarrollo de habilidades transversales en los estudiantes.
El segundo punto, que aborda la salud y bienestar, tendría un 17,5 % del recurso de la política pública. Habla del fortalecimiento de servicios de afiliación y atención por medio del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), junto a la implementación de protocolos de prevención y atención a las violencias intrafamiliares. Los datos sobre esto también son preocupantes: en 2022, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 85 % de los casos de restablecimiento de derechos relacionados con violencia a niñas, niños y adolescentes fueron por violencia sexual; el 9% correspondió a violencia física y el 5 % psicológica. La mayoría de víctimas fueron mujeres, con el 82 % del total.
Ese mismo enfoque también aborda la atención en salud mental, desnutrición y salud sexual y reproductiva. En 2021, por ejemplo, 4.732 de los nacimientos fueron de niñas que tenían entre 10 y 14 años según el DANE. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, por ley, todos los embarazos en menores de 14 años se consideran violencia sexual.
En esos dos primeros enfoques, el de educación y salud, se iría el 70 % del dinero que el SCC y LEE prevén para la implementación de la Política Integral de la Infancia y la Adolescencia. El 30 % restante sería destinado a los tres últimos puntos: vinculación afectiva y relaciones del cuidado, la construcción de identidad y, por último, el ejercicio de la ciudadanía.
“Es fundamental aterrizar la política, del papel a la práctica. Es decir, es importante tener claridad sobre las acciones concretas para su implementación y saber cuánto cuesta. Hay una deuda pendiente con la niñez y la adolescencia que esperamos esta ley pueda suplir”, afirma Gloria Bernal, codirectora del LEE Javeriana.
Estos estimativos fueron socializados con actores del Gobierno y la sociedad civil, entre ellos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerios de Hacienda, de Salud y de Educación, Congreso, Departamento Nacional de Planeación, Vicepresidencia, y Unidad de Alimentos para Aprender.
“Este proyecto nació de la preocupación frente al contexto actual que vive la niñez y adolescencia más vulnerable del país. Si bien la atención brindada a niñas, niños y adolescentes por medio de diferentes programas y estrategias del Estado y la sociedad civil ha aumentado durante los años, aún se presentan rezagos en la atención integral que la Política en mención debe intervenir”, se lee en el informe final de ambas entidades.
Por Luisa Fernanda Orozco
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