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Son días complejos para la Universidad Nacional de Colombia. Luego de que Ismael Peña se posesionara como rector en una notaría en Bogotá, sin contar con el aval de la ministra de Educación, Aurora Vergara, hay muchas preguntas en la comunidad universitaria. También tensiones. Para algunos críticos, el camino inédito por el que optó Peña pone en duda la legitimidad de su rectoría, en la que estará hasta el 2027.
“El rector no debería tomarse una universidad por asalto”, opinó con dureza la ministra Vergara en una entrevista con La W radio. La funcionaria se ha negado a firmar el acta de la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) del 21 de marzo pasado, en la que Peña salió designado rector. “Se le ha impuesto un velo de confidencialidad al máximo órgano de Gobierno de una Institución Educativa”, dijo.
Vergara está exigiendo, incluso a través de una tutela que presentó en las últimas horas, que la Secretaría Técnica del CSU remita el acta y las grabaciones de esa sesión, en la que se identifique, con nombre y apellido, quiénes participaron de la discusión que finalizó con Peña como rector, y qué posturas y decisiones defendieron, por ejemplo, alrededor de la metodología de votación. A esa petición se han unido la mayoría de los integrantes del CSU. En una carta pública, cuatro de ellos autorizan que “sea levantada la reserva que se ha guardado sobre los nombres” y a que se realicen los cambios que exige la ministra.
Nadie sabe con certeza qué sucederá en los próximos días. La jefe de la cartera de Educación señaló en La W que ha citado hasta en dos oportunidades al CSU para dialogar sobre lo que está viviendo la universidad; sin embargo, dijo, la mayoría de los miembros ha señalado que no puede atender los llamados. Mientras tanto, ella y Peña no han tenido la primera conversación privada.
“He solicitado reunión con usted desde el día de mi designación el 21 de marzo pasado”, le dijo el rector a Vergara en un mensaje en X. “De nuevo le extiendo una solicitud para que nos encontremos. Construyamos de manera conjunta caminos para la superación de la crisis en la Universidad desde la institucionalidad y la legalidad”, agregó.
Peña sabe que la decisión de posesionarse en una notaría fue controversial, pero se defiende diciendo que era su obligación como funcionario público y que lo hizo por acatar la ley. Asegura que si en algún momento se demuestra que hay razones para que abandone el cargo, dará un paso al costado. El Espectador conversó con él, mientras continúan las protestas en la universidad pública más importante del país.
¿Ha habido en la historia de la Universidad Nacional algún otro rector que se haya posesionado en una Notaría y sin el aval del Ministerio de Educación?
No, jamás. No tengo conocimiento de que algo así haya pasado.
¿Y por qué decidió hacerlo así y no esperar a obtener el aval de la ministra de Educación?
Porque no recibí ningún tipo de información, aun sabiendo que el acta había sido aprobada el 22 de abril. Los asesores jurídicos me manifestaron que era mi obligación como funcionario público tomar posesión del cargo desde el día en el que lo debía hacer. Yo tenía la obligación de hacerlo antes de los testigos. Por esa razón, yo acudí a una notaría para cumplir con mi obligación como servidor público.
¿Por qué no esperar un tiempo prudente a que se resolviera esa tensión con el Ministerio de Educación?
Según la misma ley, la ley 4 del año de 1913, me informaron el equipo jurídico, si yo no me posesionaba, inmediatamente sería sancionado por incumplimiento de mi deber constitucional.
Pero el profesor Rodrigo Uprimny dijo que usted se inventó un monstruo para justificar posesionarse ante testigos, pues, para él, es falso que la U. Nacional iba a quedar acéfala, ya que “conforme al artículo 291 de la Ley 4 de 1913, la rectora Montoya tenía que seguir en el cargo”…
El profesor Uprimny mencionaba justamente la ley que, que, en caso de que la persona que es dedicada como servidor público, no pudiera, por fuerza mayor, posesionarse, era obligación del rector, posesionarse en el cargo. Yo no tenía ninguna fuerza mayor que me impidiera posesionarme. Entonces, en cumplimiento de esta misma ley, fue que procedí a posesionarme.
Hay varios integrantes de la comunidad universitaria que han anunciado acciones para frenar este proceso. ¿Hay algún camino por el cual se pueda detener su posesión como rector?
Pues, estamos en un Estado de derecho y tenemos un aparato normativo muy sólido. Cualquier persona que considere que se hizo algo en contra de la normatividad, en contra de la constitución, puede interponer las demandas que considere pertinentes. Y si un, un juez de la República o el Consejo de Estado, quien es la autoridad para estas situaciones, determina que haya alguna razón que obligue a que yo deje de ser el rector, inmediatamente acataré las normas, porque, justamente, lo que yo estoy defendiendo es la institucionalidad y, por supuesto, la autonomía universitaria.
Más allá de la legalidad o no de esta decisión, hay varios críticos que dicen que haber tomado ese camino la convierte en una rectoría con poca legitimidad o ilegítima. ¿Usted qué opina?
Ante todo, es mi obligación como ciudadano cumplir con la ley. Yo no puedo tomar decisiones distintas a la del cumplimiento de la ley. Como funcionario público soy respetuoso de la ley y tengo la obligación de defenderla.
El profesor Leopoldo Múnera, que fue el candidato que más tuvo votos en la consulta universitaria, también se pronunció y dijo que “quienes se consideran los baluartes de la institucionalidad y la autonomía están llevando a la Universidad Nacional de Colombia por el camino de la ilegalidad y la profundización de la crisis sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos”. ¿Qué le responde?
La autonomía universitaria para la institución universitaria, desde la Edad Media, es un asunto sagrado, que tenemos que defender. El filósofo Kant, alrededor de 1700, afirmó en uno de sus escritos, refiriéndose a las universidades, que los cuerpos académicos deben garantizar la no injerencia de los gobiernos en las decisiones internas de la universidad. Por esta razón, la constitución colombiana consagra la autonomía universitaria y define qué significa esa autonomía. Y esa autonomía en este momento está determinada por una decisión que tomó el consejo superior universitario en esa reunión y en esa acta aprobada el 22 de abril
Pero, ¿no fue una decisión arriesgada teniendo en cuenta las tensiones que vive la Universidad Nacional?
No. No tengo que medir los riesgos para mí, sino que tengo que medir los riesgos para la institución. Dejar a una universidad sin rector, sin ninguna fuerza mayor que lo obligara, determinaba que yo debía actuar de la manera en que lo hice.
Para la ministra de educación, Aurora Vergara, el acta de designación del rector que publicó la Universidad Nacional no es transparente, pues omite nombres de quienes tomaron esa decisión. ¿Usted qué opina?
Yo no sé realmente si el Consejo Superior Universitario (CSU) determina que esos nombres deben publicarse. Son ellos los que deben concluir y modificar la manera como se presenta el acta ante la comunidad. El mismo reglamento les permitirá a ellos publicar el acta de la manera como ellos consideren que se debe publicitar. Pero eso no es válida la aprobación de la misma.
Pero, ¿está de acuerdo con que esos nombres se mantengan aún en el anonimato, en el acta?
Yo no puedo determinarlo, porque eso es un asunto de los miembros del CSU. Ellos deciden si se publica o no se publica, y ellos deben determinar el curso que tenga el acta.
¿Ya ha tenido alguna comunicación con la ministra de educación, Aurora Vergara, que ayer rechazó ese camino por el que usted optó?
Aún no, no. Aún no hemos ninguna comunicación.
Va a estar un poco difícil asumir la rectoría de la universidad pública más importante de Colombia con la relación que habrá con el Ministerio de Educación…
Yo espero que ese momento difícil, como en toda discrepancia de opinión o de argumentación, pueda ser superada porque tenemos muchísimo trabajo en común con el Ministerio de Educación. La Universidad Nacional tiene un compromiso muy fuerte con muchas políticas del ministerio, como el aumento de la cobertura, como garantizar que muchas personas y poblaciones de comunidades vulnerables puedan tener mejores oportunidades para acceder a educación superior de calidad. Además, la universidad puede colaborar con el Gobierno. Tenemos muchos proyectos y un gran equipo técnico; tenemos antropólogos, sociólogos, ingenieros, arquitectos, etc., para poder responder a las necesidades de las comunidades. Eso debe hacerse en total armonía. Mi camino siempre será el diálogo, la conversación, la discusión, la argumentación para que podamos encontrar los caminos adecuados para salir adelante.
La ministra de Educación, dijo que convocaba públicamente una reunión del Consejo Superior Universitario. ¿Usted está invitado a esa reunión?
Aún no he recibido la convocatoria del Consejo Superior universitario, pero tan pronto la reciba, allí estaré. Es mi obligación.
¿Cuál es la situación en este momento de orden público en la Universidad Nacional?
Hay algunas personas que no pertenecen a la universidad, que están dentro de un edificio. Hay algunos estudiantes con ellos. La mayor preocupación es que estos estudiantes no tengan ningún riesgo para su integridad personal, su integridad física, su integridad psicológica. Esperamos que los campus de la universidad estén en un escenario pacífico. Ayer tuvimos una situación desafortunada. Esas personas encapuchadas, que seguro no pertenecen a la universidad, amenazaron con quemar estaciones de Transmilenio y edificaciones de la universidad. Esos hechos no deben presentarse en una comunidad inteligente, en una comunidad racional.
¿Qué va a pasar con el semestre y los estudios de pregrado y de posgrado?
En este momento, hay actividades académicas que se están realizando mediante modalidades híbridas, es decir, algunas de manera presencial, otras de manera virtual; otras mezclando la virtualidad con la presencialidad. Entonces, esperamos que el semestre pueda salvarte para todas y para los 57.000 estudiantes de la universidad. Adicionalmente, esperamos que, por ningún motivo, esta situación afecte a los cerca de 8.000 estudiantes que fueron admitidos que inicien clases en el próximo mes de agosto.
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Por Sergio Silva Numa
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