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El 9 de octubre, Gustavo Petro, nueve días antes de anunciar que suspendía la licitación para elegir a los nuevos operadores del sistema de salud de los profesores, se reunió con el comité ejecutivo de Fecode en la Casa de Nariño. Allí señaló que su intención no era tocar el Fomag, el gran fondo de los maestros que maneja más de $14 billones anuales. También les dijo que no quería eliminar el régimen especial del magisterio. (Lea: La escuela colombiana que se ganó el premio a la mejor acción ambiental del mundo)
Sin embargo, mostró su preocupación por varios temas. El más importante era sobre unos vicios en el trámite de la licitación que se debía adjudicar antes del 1.° de noviembre. “Nos notificó que no permitiría nada que tuviera indicios de ningún tipo de corrupción”, dice Martha Alfonso, de la junta de Fecode, quien estuvo en esa reunión, junto al ministro de Trabajo, el viceministro de Hacienda, el viceministro de Salud, la ministra de Educación y el presidente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
El presidente no informó cuáles eran los supuestos vicios de la licitación, valorada en $13,4 billones, una de las más cuantiosas del Estado, cuya adjudicación era una prioridad para Fecode. Tampoco dio más pistas sobre lo que había escrito en X, donde se refirió a “una red de corrupción en la utilización de los recursos del Fomag para la atención en salud del magisterio”.
Ni Fecode, ni el viceministro de educación preescolar, básica y media, Óscar Sánchez, saben nada esa supuesta red. Tampoco entidades de control como la Contraloría, que envió un oficio a esta cartera el 19 de octubre para conocer más información de esas denuncias, pero no ha obtenido respuesta.
No es la primera vez que se generan dudas sobre el proceso de contratación del sistema de salud de los maestros, su operación y eficiencia. Para entenderlas es necesario explicar rápidamente cómo funciona ese sistema y cuáles son sus principales protagonistas. (Puede leer: Los niños en Colombia “se rajan” en lectura. ¿Por qué Manizales es la excepción?)
Un complejo sistema
En términos sencillos, el régimen especial de los maestros funciona a través de tres grandes actores: el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la Fiducia La Previsora (Fiduprevisora), y los “operadores”, encargados de prestar los servicios de salud en las regiones.
El flujo, en teoría, es simple: el Fomag es la gran bolsa de recursos que reúne dinero de pensión, cesantías y cotizaciones de salud de los docentes. Se rige por un consejo directivo de cinco personas con voto, en donde el Gobierno tiene tres puestos y Fecode (como principal sindicato del magisterio) los dos restantes.
El Fomag, sin embargo, no administra ese dinero. Para eso, contrata a la Fiduprevisora, una fiducia pública de la cual el Estado es socio mayoritario y responsable de abrir una licitación para contratar los servicios de salud con los operadores. Estos últimos, en su mayoría, son uniones temporales de hospitales y clínicas que se agrupan para participar de la licitación. Para organizar la gestión, el sistema divide al país en 10 regiones (por ejemplo, Huila-Tolima, Cauca-Valle del Cauca o Antioquia-Chocó).
La idea es contratar operadores por cada región que garanticen una red de salud a los maestros. Se supone que ese proceso se hace cada cuatro o cinco años, pero la última vez que se hizo fue hace seis. Desde entonces, los mismos operadores han seguido trabajando a través de prórrogas en la licitación (Petro ordenó una tercera), que comenzó el 24 de mayo. “Es un proceso complejo, incluso en el nivel de vigilancia fiscal, pues confluimos varios actores”, dice Andrey Rodríguez, contralor delegado en el sector educación.
A lo que se refiere Rodríguez es a que mientras el Fomag es vigilado por la Contraloría, la Fiduprevisora está en la órbita de la Procuraduría y la Superintendencia Financiera. Además, este es un proceso en el que intervienen varios sectores: los servicios que se contratan hacen parte del área de la salud, pero los recursos con los que se financia provienen de la educación. Por ese motivo, dice Rodríguez, la Fiduprevisora pidió un acompañamiento simultáneo de varias entidades.
La Contraloría, en su caso, solo tiene un rol de observación, sin voz ni voto. Como explica Rodríguez, solo interviene cuando detectan algún riesgo fiscal, algo que nunca observaron en la licitación que suspendió Petro. Tampoco hallaron indicios de una “red de corrupción”, como dijo el presidente.
Eso no significa que no hayan ocurrido algunas cosas que levantaron sospechas y rechazo, incluso entre los oferentes. (Le puede interesar: El 60 % de los niños de 10 años en Colombia no entiende un texto simple)
¿Qué pasó con la licitación?
Uno de los cambios que más incomodó en este proceso fue la decisión de disminuir el valor del presupuesto de la licitación. Pasó de $15,1 billones a $13,4 billones. El consejo del Fomag había decidió replantear la metodología, aunque en las actas no quedaron muy claros los motivos.
El viceministro Sánchez, en más de una oportunidad, ha insistido en que el cálculo financiero de cuánto cuesta atender a cada maestro y beneficiario es información que la Fiduprevisora no entrega con la precisión necesaria. “Si no sé cuál es la población, de qué se enferma o cuánto vale atenderla, difícilmente puedo armar una propuesta competitiva. Hay falta de información o de confianza”, reitera.
En una de sus observaciones a la licitación, el representante legal de la Unión Temporal Salud Magistral dejó escrito su inconformismo. Una reducción del 12 % en el presupuesto, escribió, es sospechosa, pues “puede invalidar las propuestas de los competidores en el mercado”. Además, dice, los operadores actuales ya tienen conformada una red o contactos con las IPS y, si hay menos plata que ofrecerles, los nuevos oferentes tienen menor posibilidad de entrar a competir. En algunas regiones, además, esa red es “exclusiva”.
En otra observación se leía el caso registrado en el Caribe, donde la red actual firmó contratos de exclusividad, pues “no hay un oferente que pueda competir y limitan a los prestadores a elegir la red que ya está conformada”. En otro documento (sin firma ni nombre), señalan que es “evidente que está dirigido a los operadores actuales, los cuales en algunos casos llevan más de 16 años con estos contratos y cambian de razón social o crean diferentes UT (Uniones Temporales) para camuflar su participación”.
La pluralidad en oferentes es una de las discusiones de fondo en este enredo. El viceministro Sánchez reconoce que han detectado un riesgo de colusión: “No puedo certificarlo, pero está claro que si durante muchos años han venido funcionando los mismos operadores, el mercado no genera condiciones para que otros entren”. Cuenta que, incluso, se ha reunido con entidades como Asocajas (que reúne cajas de compensación que brindan servicios de salud) para invitarlas a participar.
En efecto, Asocajas hizo sugerencias al proceso el 29 de junio. En la carta pedía establecer un proceso claro de las exclusiones (lo que el sistema de salud no cubre) “de tal forma que no se convierta en una práctica perversa para prestar servicios por fuera de la cobertura”. También solicitaba cambios como la flexibilización de la regla que indica que solo podrá haber un contratista por región para promover la competencia y calidad en los servicios. La Fiduprevisora no aceptó ninguna de esas observaciones.
En medio de esas dudas, para la Contraloría se trata de un proceso que hay observar con lupa, pues, como dice Rodríguez, “es una de las entidades que vigilo con mayor riesgo fiscal”. En otras oportunidades han detectado algunos puntos inquietantes. En la última auditoría que hizo esa entidad en 2022, encontró hallazgos por más de $125.000 millones. (Lea también: El 60 % de los niños de 10 años en Colombia no entiende un texto simple)
Encontraron, por ejemplo, que ese año el operador de la región norte (Magdalena, La Guajira, Atlántico y San Andrés y Providencia) generó una factura por servicios de salud de $76.000 millones que el Fomag no pagó. Como no recibió el dinero, el operador inició un proceso jurídico que terminó ganando: los jueces ordenaron al Fomag pagar esa deuda, más de $116.000 millones por intereses moratorios.
El Fomag es también una de las entidades con mayor número de demandas del Estado. Según la Agencia Nacional de Defensa del Estado, tiene más de 70.000 procesos activos, por un valor de $5,3 billones. Eso es más del 20 % de todos los procesos de litigio que hoy cursan contra la nación.
Fue en medio de este escenario que Petro paró la licitación y ordenó la nueva prórroga de seis meses. “Pero las prórrogas generan un problema mayor, porque los proveedores de salud se van a tratar de ahorrar la mayor cantidad de recursos hasta que tengan un contrato en firme. La atención y la calidad del servicio tiende a disminuir”, dice Hernando Bayona, exviceministro de Educación.
Las divisiones en Fecode
Tras conocerse la decisión del presidente Gustavo Petro, el Gobierno convocó a una reunión al comité directivo del sindicato y a representantes del Ministerio de Educación, Trabajo y Hacienda. Pero, por votación interna, los maestros decidieron no asistir. Alfonso, quien fue como docente en Antioquia, opina que fue una mala opción, pues, anota, esa reunión era un “escenario ideal para conseguir mayor información del proceso y entender mejor las razones del porqué se tomó esa medida”.
Desde ese día han sido varios los comunicados emitidos por Fecode en los que se plantea una posición clara: finalizar el proceso de licitación, celebrar los nuevos contratos y luego investigar a los nuevos operadores que entrarían en el proceso.
Aunque esa es la elección de la mayoría y está consignada en las actas, no es la única postura interna de Fecode. “Hay una serie de comunicados oficiales, pero solo recoge la posición de la mayoría de personas que conforman el comité directivo, no la del sindicato”, advierte Alfonso.
La otra propuesta, la cual apoya Alfonso, es la de intervenir el fondo y detener el proceso de contratación, pues, en su opinión, “si no se hace ahora, se van a repetir los problemas de cada licitación y no se van a presentar cambios”.
El cambio al que Alfonso se refiere apunta a los operadores. Para entenderlo, pone el ejemplo de la región del Eje Cafetero, pues cómo les explicarían a los docentes de esta zona que su salud quedará, de nuevo, en manos del operador que en los últimos años lleva ofreciendo un mal servicio. En varias zonas se repite el panorama”.
Es el mismo temor del viceministro Sánchez: “Me preocupa que ahora que se adjudique la licitación no cambien las cosas. Espero que, por ningún motivo, se cancele el servicio a los maestros. Eso depende de que los operadores que tienen la capacidad de prestarlo lo sigan haciendo”. (Le podría interesar: Crear una universidad para los wayuus, la idea que le tumbó la Corte a Petro)
Uno de esos puntos donde se replica las críticas es en Cauca. En esta región, los docentes de Asoinca —filial de Fecode que agremia a docentes y trabajadores en Popayán y Cauca— han realizado marchas, paros, huelgas e incluso cerca de 600 maestros trataron de ingresar por la fuerza al Congreso, en enero de 2023, para llamar la atención sobre el panorama tan crítico del sistema de salud. Esa vez señalaron que “buscaban una salud digna para el magisterio del Cauca y no una vendida, como lo ha hecho Fecode en el consejo directivo del Fomag”.
En ese mismo plantón advirtieron, además, lo que para ellos era la “doble moral que tenía el comité ejecutivo de Fecode: mientras apoyan la reforma a la salud del presidente (…) defienden la intermediación, el negocio, la corrupción y las coimas en el régimen de salud del magisterio”. José Guzmán, secretario general de Asoinca, explica que en la organización creen que la propuesta del comité ejecutivo de Fecode es equivocada porque defiende la intermediación y la integración vertical, y favorecería la corrupción.
Guzmán también cuenta que en el departamento han enterrado en el último año a 170 maestros por negligencia médica. Uno de los casos, recuerda, es el de una profesora de 35 años, a quien no se le controló una hipertensión arterial y murió por un aneurisma cerebral. Señala la situación de un docente de 28 años que murió de un paro cardiorrespiratorio. “Se accidentó yendo a trabajar, se fracturó el dedo gordo del pie y lo operaron. En la cirugía no le hicieron una buena asepsia y se infectó”, apunta.
Si bien hay dos posiciones en Fecode, Alfonso aclara que hay una unidad en un punto en concreto y es el de la defensa del Fomag. Un punto en el que coincide Guzmán, pues resalta que para ellos, como agremiación sindical, es muy importante “haber conquistado la creación del fondo de prestaciones sociales. Fue una conquista política”. Cuenta que antes de la ley 91 de 1989 los maestros del país estaban dispersos respecto al reconocimiento y pago de las prestaciones.
Si bien la creación de Fomag y el haber unificado el pago de las prestaciones del magisterio fue un logro importante, la arquitectura de este ha presentado una serie de problemas, como no tener una personería jurídica. Para ellos, la Fiduprevisora, encargada de contratar a los operadores, se ha convertido en un botín burocrático por los partidos políticos tradicionales.
El caso más recordado es la investigación que le abrió la Corte Suprema en 2021 a Armando Benedetti, entonces senador del partido de La U, por presunto enriquecimiento ilícito. Entre los hechos hay una denuncia en su contra por supuesta corrupción en la Fiduprevisora. Recientemente, en una investigación realizada por la periodista Laura Ardila se comprobó que el actual presidente de la Fiduprevisora, Jhon Marín, llegó al cargo por recomendación de este partido.
La agudización de la crisis
Aunque hoy el Fomag es la entidad con más denuncias ante la Superintendencia de Salud, algunos profesores señalan que la situación no fue tan crítica como se ve ahora. El exviceministro Bayona recuerda que cuando era docente, entre 1998 y 2006, el servicio era muy bueno. “La salud que tuve en esa época es mejor que la que tengo hoy con mi prepagada. Pedía citas con el especialista sin tanta vuelta”, añade. (Puede leer: En los colegios públicos hay un profesional psicosocial por cada 820 estudiantes)
El declive del servicio, en su opinión, comenzó hace un poco más de 15 años ¿La razón? Una de las hipótesis que plantea es que ha aumentado la edad de quienes integran el magisterio, lo que ha hecho que mantener este sistema de salud sea cada vez más costoso, porque tendrá más demanda. Esto se traduce en que con el mismo presupuesto se atiende a más profesores y más viejos.
Bayona admite que es una hipótesis que habría que corroborar con una investigación, pero hay otro problema: la Fiduprevisora no tiene un sistema de información sólido. Víctor Saavedra, exviceministro de educación preescolar, básica y media del gobierno Santos, lo explica en una frase: “La entidad va proporcionando elementos para discutir y votar, pero no siempre con toda la información, el análisis de las implicaciones financieras o estudios que se requieren para tomar decisiones”.
Sin embargo, algunos estudios han dado algunas señales de la situación. En un análisis publicado en el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), se estableció que los maestros admitidos en la carrera docente oficial se enferman más que sus pares que no ingresaron al sistema.
Lo cierto es que mientras se desenreda todo este lío, desde el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, están generando las condiciones para otro tipo de modelo de prestación de servicio. En teoría, desde el 1° de noviembre arrancó la nueva prórroga con los operadores actuales, que duraría seis meses. Los maestros, por su parte, están a la expectativa de qué pasará con su sistema de salud y de que el presidente Gustavo Petro revele cuáles fueron los hechos de corrupción que detectó y que Colombia aún no conoce.
* El Espectador se comunicó con Fomag y la Fiduprevisora, pero prefirieron no hacer un pronunciamiento oficial.
Nota del editor 27/11/2023: en una primera versión de este artículo se señalaba erroneamente que Andrey Geovanny Rodríguez era el contralor delegado del sector salud. En realidad, es el del sector educación.
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