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Fecode, que reúne a los sindicatos de trabajadores de la educación, vuelve a paro. Las razones, como explica Rut Mariela Fernández, su secretaria general, se centran en los problemas que persisten en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, que se encarga de la atención de más de 800.000 personas en todo el país. “Llevamos 18 meses, pero aún no se estabiliza. Seguimos con algunas deficiencias en el sistema, especialmente en las regiones más alejadas”, dice, y agrega que el objetivo es realizar un paro de 24 horas este miércoles 15 de abril para “reclamar la estabilización y consolidación de ese modelo de salud contenido en el Acuerdo 03”.
Esta decisión se tomó durante la Junta Directiva Nacional de Fecode, que tiene representación de los 34 sindicatos de trabajadores de la educación. Allí, recuerda Martha Alfonso, integrante del Comité Ejecutivo del magisterio, la Fiduprevisora, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario, presentó una serie de informes que muestran cómo se ha venido avanzando en la solución de unas denuncias que se habían reportado. Entre ellas, añade, están la “doble facturación de servicios no prestados y una serie de eventos que correspondían a otros niveles. Eso llevó a exigir la auditoría saliente”.
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A lo que se refiere Alfonso es a una auditoría que pagaron y que, entre octubre y noviembre, finalizó, pero dejó algunos asuntos sin resolver. “Quedaron unas deudas anteriores porque la firma auditora no lo hizo. No entregó informes; sin embargo, sí pagó a los grandes prestadores. Autorizó pagos significativos”, comenta. Esto se traduce en la obligación de hacer una nueva auditoría y cruzar información porque tiene que haber recobros. “Es algo que estamos exigiendo”, sentencia.
Si bien este proceso viene avanzando, Alfonso cuenta que ha generado unas tensiones intensas con varias instituciones prestadoras de salud (IPS). Por eso, una de las exigencias que hacen desde Fecode es que entidades como la Superintendencia de Salud o la Defensoría no permiten que las IPS suspendan los servicios. En Antioquia, por ejemplo, ya se están viendo las consecuencias de esas presiones. Sumimedical, uno de los prestadores de salud autorizados por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), anunció a comienzos de este año que cancelaría consultas especializadas, procedimientos y cirugías a los usuarios del Fomag.
Los líos con la Fiduprevisora
A esto se le suma otra exigencia: Fecode le pide a la presidencia de la Fiduprevisora, encabezada en este momento por Vanessa Gallego Peláez, presidenta suplente, que respalde las denuncias que están llevando a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Alfonso explica que, desde el Fomag, le desembolsan a la Fiduprevisora un monto para que administre y, entre otras funciones, contrate la defensa jurídica. Un paso que, dice, no lo han hecho o es mínimo, lo que, a sus ojos, ha permitido que se “pierdan los procesos, que ganen los abogados, los operadores. Eso nos ha generado problemas en el fondo”.
En este punto, agrega Fernández, el llamado es urgente. “Pedimos llevar a cabo las acciones que haya que hacer para que, de la manera más rápida, se proceda a elaborar una red nacional que nos permita contar con un derecho digno a la salud”.
Además, piden que se respete el presupuesto del Fomag y se les exige “a las entidades prestadoras que cumplan y no suspendan injustificadamente los servicios, poniendo en riesgo la salud y la vida del magisterio y sus beneficiarios”.
Todas estas peticiones tienen un origen: desde el 1.° de mayo de 2024, el Gobierno de Gustavo Petro y el sindicato de Fecode acordaron apostarle a un nuevo modelo de salud. Aunque en el Acuerdo 03 de 2024 quedó establecido que se implementaría una red nacional de servicios, en la que los docentes puedan acceder a la atención sin depender de las limitaciones de contratación de cada región, su implementación se ha convertido en un verdadero “dolor de cabeza” para el magisterio.
Este modelo eliminó a un actor que había sido cuestionado por Fecode durante años porque, a su juicio, terminó generando barreras de acceso: los operadores, encargados de contratar a las clínicas y hospitales que prestaban los servicios de salud a los docentes.
Esta función quedó en manos de la Fiduprevisora, que pasó de contratar con operadores, que podían ser entre nueve y 13 en todo el país, a suscribir convenios directamente con miles de clínicas y hospitales. Es un rol que ha sido criticado por varios actores.
Frente a todas las solicitudes, desde el Ministerio de Educación responden que han venido implementando una serie de medidas para que el nuevo modelo de salud del magisterio pueda estabilizarse. Entre esas apuestas está el fortalecimiento de los espacios de seguimiento y control.
“Hemos consolidado más de 400 espacios participativos, entre mesas técnicas, comités fiduciarios y comisiones de salud, para garantizar transparencia, estabilizar el modelo y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Fomag”, indican. Dentro de esos escenarios están las Comisiones Nacionales de Salud, donde el magisterio dialoga directamente con la Fiduprevisora.
Las otras peticiones de Fecode
Otra de las peticiones de Fecode para salir a marchar este miércoles es el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que también están a cargo del Fomag, en las que está incluida una prima de mitad de año para aquellos maestros pensionados. Fernández señala que esta prima se estableció en la Ley 91 de 1989 pensando en “quienes no tuvieron acceso a disfrutar de la pensión gracia, pero que hoy no se reconoce de oficio a las personas que tienen ese requisito”.
En esta discusión, además de la Fiduprevisora, que maneja estos fondos, entra el Ministerio de Educación. Fernández dice que “la cartera ha dilatado el reconocimiento de este derecho”. Esto sin perder de vista que han salido a flote algunas denuncias. A comienzos de este año, el periodista Daniel Coronell publicó una investigación en la que revelaba que el Fomag había desembolsado indebidamente una suma superior a los COP 260.000 millones destinada a pensionados que carecían del respaldo legal para recibir esos fondos.
Por esta situación, el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia ordenó investigar al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, a Magda Lorena Giraldo, expresidenta de la Fiduprevisora, y al abogado Yobanni Alberto López, quien defendió la legitimidad de pago de prima a maestros. Cuando se conoció la noticia, Rojas insistió en que la responsabilidad directa de estos giros no recaía sobre su despacho, sino sobre la Fiduprevisora.
La cartera asegura que otra de las medidas que han empleado para vigilar estos recursos es la vigilancia contractual, la cual, indica, se ha reforzado mediante análisis técnicos, requerimientos formales y alertas a los entes de control cuando se detectan fallas en la operación. Incluso, anota, se han aplicado descuentos a la comisión fiduciaria cuando la Fiduprevisora no cumple con los acuerdos de servicio establecidos. Desde la cartera han insistido en más de una oportunidad en que el manejo del presupuesto del Fomag sigue las reglas del sistema presupuestal colombiano.
Fecode también pide garantías sindicales, que, según explicó en un comunicado, varias entidades territoriales estarían negando y, según Fernández, le hacen un llamado al ministro Rojas para concretar los acuerdos firmados con los sindicatos. “Estamos cerca de cumplir un año de haber firmado un acuerdo colectivo. Es un pliego unificado entre nueve organizaciones sindicales y el balance de cumplimientos del acuerdo es muy pobre; podemos decir que no llega ni a un 20 %”, indica. Sobre este punto, Alfonso tiene otra opinión, pues su balance es del 70 % cumplido. Entre los que le debería dar prioridad el Gobierno, a juicio de Alfonso, están los que están relacionados con el número de estudiantes por aula. “Eso para nosotros es vital”.
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Contrario a lo que dicen desde Fecode, en el Ministerio de Educación cuentan que han tenido varios avances en los acuerdos firmados con el sindicato. “De los compromisos suscritos en 2023 ya se han cumplido 30 de 47 puntos, mientras que otros continúan en implementación (…) Los acuerdos pendientes no están incumplidos, sino en curso de ejecución”, puntualiza el MEN.
El 21 de abril, la Junta Nacional tiene nuevamente programada una sesión que se llevará a cabo en Bogotá. El único punto a tratarse es el balance del paro de este 15 de abril y analizar qué otros mecanismos pueden emplear para buscar una salida a la situación de la salud de los maestros.
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