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La Fundación de Educación Superior San José, cuya sede principal está ubicada en la Avenida Caracas con calle 63, en Bogotá, ha logrado en los últimos años lo que muchas universidades o instituciones soñarían: su número de estudiantes matriculados pasó de 301 en 2021 a 2.022 en 2022. Al año siguiente, duplicó esa cifra y, según las bases de datos del Ministerio de Educación, graduó a 5.700 alumnos de sus programas. En 2024, estas cifras se contrajeron un poco (2.970).
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En un escenario en el que las universidades han visto cómo se reducen los estudiantes en sus salones, la Fundación San José parece haber encontrado la fórmula del éxito. Quienes han estudiado el sector no se explican bien cuál es el secreto, pero les sorprende ese crecimiento en un tiempo tan corto. Por lo menos, dice Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), es algo atípico.
A Francisco Cajiao, magíster en Economía de la Universidad de los Andes y quien estuvo al frente de la Fundación Universitaria CAFAM, enfocada en la población de estratos dos y tres, también le sorprende. En su caso, lograron pasar de 600 estudiantes a 1.200 en seis años, y lo consiguieron haciendo un esfuerzo de inversión y por abrir programas nuevos. “Pero pasar de 300 a más de 2.000 estudiantes en un año no es nada fácil”, señala.
No es que la Fundación San José no haya hecho inversiones. De acuerdo con los documentos que reposan en su página web, entre 2021 y 2023 sus activos pasaron de COP 15.978 millones a COP 47.123 millones. Incluso, desde mucho antes (2007), funciona como una institución de carácter técnico profesional. Hoy está habilitada para ofrecer programas técnicos, tecnológicos y profesionales, y tiene un reconocimiento oficial del Ministerio de Educación que destaca su “experiencia significativa en Educación Superior”.
Sin embargo, no es fácil saber cómo consiguieron atraer a tantos estudiantes sin una explicación de sus directivas, a quienes hemos buscado para conversar desde el 10 de noviembre, pero ha sido imposible obtener una respuesta. Tampoco logramos dialogar con el equipo de sus abogados, liderado por Juan David Bazzani.
En todo caso, en ese crecimiento hay algunas señales que no le cuadran del todo al Ministerio de Educación, que, luego de que se hiciera popular el caso de los títulos fraudulentos de Juliana Guerrero, quien aspiraba a ser viceministra de Juventud, abrió una investigación preliminar en contra de la Fundación. La idea, detalló la cartera en un documento, es “verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”.
Pero las sospechas del Ministerio no comenzaron, en realidad, con el debate que desataron los “títulos” de Guerrero. Desde su oficina, Harold Hernández Molina, subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, cuenta que todo empezó meses antes. En marzo, cuando otra persona ocupaba el cargo (Nina Padrón), ya se había ordenado una primera visita.
¿El motivo? A sus registros habían llegado más quejas de las que usualmente recibían y quisieron dar un vistazo. Algunos de los reclamos que tenían sobre la mesa, asegura Hernández Molina, sugerían que los estudiantes que llegaban a la Fundación San José estaban obteniendo títulos de forma muy rápida.
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¿Derecho en 18 meses en la Fundación San José?
Tras realizar las primeras visitas, el Ministerio de Educación se llevó una sorpresa: detectaron que estaba circulando una publicidad presuntamente falsa sobre algunas carreras. En sus redes sociales, la Fundación San José ofrecía, por ejemplo, estudiar Derecho en 18 meses por COP 555.000 al mes. Pero el problema es que no contaba con el registro calificado para ofertar esa carrera. Lo que hacían, en verdad, era un convenio con una institución de Barranquilla que sí tenía este requisito.
Una de las razones que entregó en ese entonces la institución fue que había contratado a una empresa externa para realizar esa difusión. De acuerdo con la información que le habían entregado al Ministerio, le explicaron a la compañía que se trataba, precisamente, de un convenio con la institución de Barranquilla y no de una carrera que ellos fueran a ofrecer. Por eso, precisaron que, una vez fueron alertados de las irregularidades, cancelaron el contrato y retiraron la publicidad de todas sus redes sociales.
Otras cosas también llamaron la atención de los funcionarios del Mineducación: los programas de Tecnología en Gestión de Sistemas Informáticos habían sido autorizados por la cartera para ofrecerse de forma presencial, pero la Fundación, en la práctica, los estaba dictando de manera virtual.
Además, agrega Hernández Molina, encontraron que había convenios que no tenían su reglamentación al día y que, aparentemente, no contaban con las licencias de funcionamiento. La plataforma educativa “Aprueba Xtreme”, al parecer, era una muestra de ello. Su representante legal, según los datos de la matrícula en la Cámara de Comercio de Bogotá, es Francisco Pareja, que también es el fundador y actual representante legal de la San José.
No son las únicas instituciones en las que Pareja, exconcejal de Bogotá (1995 – 2000) y exrepresentante a la Cámara por el Partido de La U (2002 – 2006), figura como representante legal y cofundador. Además de la Fundación San José, que ofrece títulos profesionales en 10, 15 o 20 meses por medio de homologaciones, se suman el Instituto Triángulo (que ofrece bachillerato por ciclos y carreras técnicas laborales) y el Springfield Language Center (un centro de lenguas por el que deben pasar los estudiantes de la San José para graduarse).
Como se puede ver en varios de los comunicados publicados por la Fundación, “Aprueba Xtreme” se promocionaba como una plataforma para impulsar la llamada neoeducación, una palabra que ahora usan algunos planteles para describir enfoques que pretenden ser innovadores. De hecho, la San José se presenta como la “primera NeoUniversidad de Latinoamérica”.
Pero, aquellos programas, entre los que había educación para el trabajo y el desarrollo humano, no hacen parte de los que supervisa o inspecciona el Mineducación, comenta Hernández Molina. Su licencia está en manos de las secretarías de Educación y la Fundación San José no tenía esos permisos ni en Bogotá ni en Nariño, según el funcionario.
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Todos estos elementos estaban siendo recopilados en un informe por el Mineducación, hasta que, en los primeros días de septiembre, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero no habría presentado su examen Saber Pro, uno de los requisitos legales para graduarse como profesional, en este caso de Contaduría. Cuando se hizo pública esa denuncia, recuerda Hernández Molina, enviaron requerimientos a la institución y se programó una segunda visita, esta vez liderada por él. “Fuimos para hacer una revisión de los títulos y de los procedimientos académico-administrativos que tienen ellos para poder egresar a sus estudiantes”, puntualiza.
Durante la visita, los funcionarios de la institución, encabezados por Stefanny Camacho Galindo, vicerrectora académica y directora de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, denunciaron que, al parecer, había irregularidades en la obtención de los títulos de tres exalumnos, entre ellos Guerrero. Las otras dos personas eran Laura Julieth Martínez Morales y Carlos Alberto Mendoza Siachoque.
De acuerdo con la entidad, solo una persona podía ingresar a las plataformas donde se almacenan los requisitos clave para graduarse, como las notas, las pruebas Saber Pro o los exámenes exigidos. Era Luis Carlos Gutiérrez, el secretario general, a quien buscamos por diversos caminos, pero fue imposible contactarlo.
Tras los casos de títulos fraudulentos, Gutiérrez fue destituido y denunciado por los delitos de obtención de documento público falso y daño informático. También fue el gestor del programa “Hazte Profesional”, que ha sido clave en el incremento de matrículas que ha tenido la Fundación en los últimos años. En abril de este año había recibido en el Congreso de la República, de manos de la senadora Lorena Ríos Cuéllar, la Orden Caballero por “haber desarrollado obras con impacto en numerosos estudiantes”.
En medio de ese panorama, además, han comenzado a conocerse otras denuncias que apuntan a prácticas igualmente inquietantes dentro de la institución. Una de ellas es la de Maestro Amigo, un anuncio que le aparece a los estudiantes al momento de ingresar a la plataforma de la universidad.
Allí se despliega un mensaje: “¿Necesitas ayuda con tus parciales? Maestro Amigo los realiza por ti desde COP 48.000. Confía tus parciales a profesionales que te garantizarán excelentes notas. Además, nos encargamos de los entregables de seminarios o diplomados, y también ayudamos a obtener tu certificado de inglés A2 o B1”. Este tema ya está bajo la lupa del ministerio.
¿Qué viene para la San José?
Luego de esa segunda visita, el MEN abrió una investigación sancionatoria, una medida que puede involucrar a la institución o a sus directivos. En caso de hallar irregularidades, las sanciones para los directivos pueden ir desde una amonestación o multas de hasta 500 salarios mínimos, hasta una inhabilidad para ejercer cargos en instituciones de educación superior por 10 años.
Por el momento, el Ministerio de Educación designó a un funcionario investigador para verificar si, efectivamente, como ha señalado la institución, el responsable de los problemas con los títulos fue Gutiérrez o si ha habido una práctica repetitiva por parte de la San José. Su misión es revisar la información de las personas que han ejercido como directivos desde 2023 y determinar quiénes podrían tener una responsabilidad.
Las sanciones para las universidades, por otra parte, son diferentes. Si hay hallazgos, explica Hernández Molina, se toman medidas preventivas, como el ordenamiento de un plan de mejoramiento o la vigilancia especial, que permite designar un inspector in situ o reemplazar a cualquier directivo, incluyendo al rector o a los consejeros. En el caso de la San José, anota Hernández, se podría llegar a implementar esta medida si ven “que el servicio educativo en condiciones de calidad puede resultar afectado”.
Para determinarlo, el Ministerio ya designó a una funcionaria encargada de validar y verificar la información de la Fundación San José. Por ahora, revisará la base de datos de los egresados desde 2023 hasta 2025 y corroborará, uno por uno, que cada estudiante cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley para obtener su título.
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Desde el Ministerio esperan tener el informe con los principales hallazgos a comienzos de diciembre. Si detectan algo irregular, le notificarán a la universidad, que tiene 10 días para apelar.
Los riesgos de una educación muy flexible
Maximiliano Gómez Torres, quien se desempeñó como viceministro de Educación Superior en el gobierno de Iván Duque, explica que hoy, buena parte de las instituciones está peleando por tener ingresos. Entre sus estrategias, están adecuando su oferta a las necesidades de los jóvenes y se están volviendo “más flexibles”. En algunas, están proliferando los programas de homologación, que, además, ofrecen un periodo de formación muy corto.
A sus ojos, eso genera varios riesgos, pues hay instituciones que “no se ciñan a los estándares rigurosos de calidad. Desafortunadamente, las instituciones de educación superior utilizan la autonomía universitaria para darse licencias que atentan contra la calidad educativa y terminan montando una fábrica de titulación”.
El problema de que eso suceda, detalla Bernal, de la Universidad Javeriana, es que está en juego la calidad, un elemento que se sostiene en varios pilares como contratación de profesores, la construcción de edificios, el ajuste de los programas o la promoción de la investigación. Y eso, añade Bernal, toma tiempo si se quiere hacer bien. Otro de los caminos que están tomando las universidades es expandir sus programas virtuales. Pero, esta transformación, señala, implica mantener unos estándares de calidad.
La Fundación San José también ha transitado por ambos caminos: la homologación y las clases virtuales. Entre los beneficios que ofrece está graduarse en pocos meses. En algunos programas prometen titularse como profesional entre 10 y 24 meses. Así mismo, permiten que haya doble titulación, clases grabadas, estudios sábados y domingos y hasta tres períodos al año. Una de sus estrategias claves es llamada “Bluhartmann”, creada en 2021 por Andrés David Méndez, quien fue destacado en junio por la revista Forbes como uno de los “mejores emprendedores de 2025”.
Desde el Ministerio de Educación indican que si bien este modelo no incumple las normas colombianas, sí deja en entredicho la calidad educativa y que este es un tema que se debe revisar con cautela. Gómez Torres, por su parte, dice que, al final, se termina convirtiendo en un “escenario de competencia desleal: matrícula baja, titulación rápida, que afecta a las universidades que sí batallan por cumplir estándares”.
De repetirse esa fórmula con frecuencia en el país, “podría significar un escenario donde las instituciones comiencen a tener una docencia débil, contratados con muy poca experiencia o poca formación; planes de estudio precarios y sin estándares académicos”, cree Cajiao.
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Bernal pone sobre la mesa un factor más: las dificultades que pueden enfrentar egresados para encontrar empleos, porque no están suficientemente bien preparados. “Los retornos pueden ser negativos, como los llamamos en economía. Es decir, yo invertí una plata en mi educación y no tengo un retorno porque no logro ubicar unos ingresos que me permitan pagar de vuelta esa inversión”.
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