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El Gobierno Nacional, representado por la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció hoy oficialmente el lanzamiento de “Puedo Estudiar”, la política de gratuidad con la que el Estado pretende avanzar en la “universalización progresiva” del acceso a la educación superior. (Lea: Listas las reglas de juego para acceder a educación superior gratis: no será para todos)
“El país hoy se conecta con tendencias internacionales que tienen que ver con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que indican que toda la ciudadanía deberían tener acceso a educación de calidad”, dijo Vergara.
El Gobierno invertirá alrededor de $2,8 billones, dirigidos especialmente a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, 67 en particular. “En este momento el Ministerio de Educación y el Gobierno invita a todo el país a hablar de “Puedo estudiar” como el camino para que muchos jóvenes en todo el país encuentran una oportunidad de formación”, dijo Vergara. Para acceder, los estudiantes tendrán que dirigirse a la institución educativa pública de su preferencia, someterse a cada proceso de admisión y pasarlo. Posteriormente, la Institución deberá inscribir al estudiante en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior.
De los $2,8 billones, 1,6 se dirigirán directamente a la política pública (de ellos, alrededor de 30,000 millones serán dedicados a recursos de apoyo en sostenimiento para algunos estudiantes que demuestran tener ciertas características y condiciones). Los $1,2 billones restantes irán a los fondos que maneja el Icetex.
Algo importante es que a los estudiantes que sean beneficiarios de anteriores programas de acceso a la educación superior (como Generación E o Matrícula Cero) se les garantizará su continuidad en el programa, con las condiciones en las que accedieron (incluyendo los montos de sostenimiento).
Pero, ¿qué cambia “Yo puedo estudiar” respecto a políticas de educación anteriores? La ministra repasó algunas diferencias. “Esta política elimina barreras de acceso y flexibiliza requisitos para acceder a los programas”, comenzó diciendo la funcionaria. Se refiere a que anteriores programas determinaban condiciones para acceder al apoyo, como ser población de ciertos estratos. (Puede leer: Gobierno oficializa la creación de la seccional Pacífico de la Universidad de Nariño)
“Quienes estén en estrato 1, 2 y 3 tendrán la posibilidad de acceder a la educación superior y se va a reconocer el acceso de otros estratos según la autonomía universitaria. Se priorizan la pertenencia a los pueblos étnicos, personas víctimas de conflicto armado, pueblos campesinos, personas privadas de la libertad o en alguna situación de discapacidad. Además, se continúa con el requisito del sisbén 4 en sus subgrupos”, agregó la dependencia.
El gobierno espera que cerca del 95% de los estudiantes de educación superior en instituciones públicas hagan parte de esta política. Anteriores políticas limitaban el acceso de los estudiantes a una edad de 28 años. Esta nueva ley de gratuidad elimina ese requisito de edad. “Queremos abrirle la puerta a madres cabeza de familia que han estado buscando posibilidades de formación”, dijo Vergara.
También se eliminan condiciones anteriores como que todos los beneficiarios fueran colombianos y ya no habrá límites de semestres de aplazamiento (aunque el Gobierno detalla que financiará la matrícula hasta por un año posterior a lo que debe durar la carrera: es decir, carreras de 4 se financiarán hasta por cinco años).
También podrán acceder los estudiantes que ya hayan cursado programas de educación tecnológica o técnico e incluso especializaciones en esas áreas. “Ahora queremos abrirles las puestas para que puedan complementar esa educación en sus regiones”, aseguró Vergara.
Finalmente, y preguntados por si esta nueva política está financiada y no contribuye a poner en apuros a las instituciones de educación superior públicas, el Ministerio de Educación respondió que los recursos están garantizados “y alcanzan”, aunque reconoció que este programa no es el llamado a solucionar las dificultades en ese campo y que son históricas. (Le puede interesar: Universidad de La Salle abre becas para bachilleres que quieran estudiar pregrado)
Ahora, persisten algunas dudas alrededor de esta política. Como explicamos hace unos días en El Espectador, en la actualidad las universidades públicas no tienen una única fórmula para establecer el valor de sus matrículas. Existen tres tipos de cobro de matrícula. Uno es basado exclusivamente en características socioeconómicas de los estudiantes, como, por ejemplo, el estrato. En el otro grupo están los planteles que tienen un modelo de valores fijos por programa.
Y, finalmente, hay otras instituciones que cuentan con una combinación de ambas, es decir, que para los programas tienen valores fijos según algunas condiciones socioeconómicas de los alumnos. Preguntado sobre si el Gobierno está buscando unificar esa fórmula, la ministra Vergara confirmó que se han tenido discusiones en ese camino con las instituciones.
Además, analizaba Hernando Bayona, profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes hace unos días en El Espectador, no se tienen en cuenta otros costos que están asociados con el ingreso a estas instituciones. Bayona, quien también fue viceministro de Educación Preescolar Básica y Media en el Gobierno Petro, pone el ejemplo de la Universidad Nacional, donde el cupo cuesta $100.000.
“Para una persona de Vaupés, Vichada, Mitú (solo por nombrar algunos lugares) es una suma considerable y eso sin contar la dificultad que tienen para ir a presentar el examen”, añade. Por eso, asegura, las personas de las zonas más apartadas terminan tomando la decisión de no ir a la universidad. El Gobierno espera que esta política contribuya a que 100.000 nuevos estudiantes entren a la educación superior. (Lea ta)mbién: “Es una estrategia para desestabilizar al Gobierno”: Fecode rechaza allanamiento de Fiscalía
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