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La reforma a la Ley 30 de 1992, la norma más importante de la educación superior en el país, ha sido el tema más relevante esta semana en el sector educativo. Varios rectores de las principales Instituciones de Educación Superior Públicas (IES) han insistido en que, aunque se debe tener una reforma integral de esta ley, se deben dar prioridad a los artículos 86 y 87, los cuales establecen la fórmula que le determina al gobierno cuánto dinero le debe girar cada año a estos planteles. (Lea: Semana clave para la educación: ¿Qué debería tener la reforma del Gobierno Petro?)
Hasta ahora, no se tenía clara cuál iba a ser la ruta que tomaría el Gobierno en cabeza de la ministra de Educación, Aurora Vergara. Sin embargo, este jueves, 20 de julio, desde San Andrés, Vergara presentó dos proyectos de ley con los que espera transformar la educación colombiana. Uno busca regular el derecho fundamental a la educación y el segundo reformar la Ley 30 de 1992.
Los temas centrales que tendrá la reforma a la Ley 30 son las siguientes:
– La educación superior como derecho fundamental y bien común.
– La ampliación del acceso a la educación superior con criterios de vulnerabilidad socioeconómica, equidad territorial y poblacional.
– El fortalecimiento financiero de las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES).
– El fortalecimiento y revalorización de la formación técnica y tecnológica.
– Las Instituciones de Educación Superior al servicio de la Nación y los territorios.
– La defensa y respeto de la autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
– El fortalecimiento del bienestar de la comunidad universitaria y permanencia.
Con los documentos públicos, dijo Vergara, el Ministerio abre la conversación nacional para que los diferentes actores del sector educativo continúen promoviendo espacios de diálogo y se logre una concertación sobre estas dos iniciativas. (Puede leer: “La U. Nacional apenas tiene un docente por cada 20 estudiantes”, rectora Montoya)
De acuerdo con la ministra, “para lograr sacar adelante los proyectos de ley es necesario escuchar a todas y todos los colombianos y construir de manera participativa un nuevo modelo educativo para el país, en especial con los jóvenes”.
¿Qué esperaban los rectores de Colombia?
De hecho, como lo habíamos contado esta semana, los rectores de las universidades de Colombia estaban a la expectativa por la presentación de ese documento. Una de las principales peticiones era que, antes de que se radicara el proyecto en el Congreso, se discutiera con los actores del sector educativo.
Por ejemplo, desde la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) le habían entregado al Ministerio un documento con 10 puntos esenciales, que, a sus ojos, debería contemplar la reforma: el sistema de educación superior y la gobernanza; la autonomía; el aseguramiento de la calidad; el financiamiento del sistema; la cobertura, el acceso y la permanencia; el enfoque territorial, el bienestar universitario, la innovación y la transformación productiva, los temas relacionados con la internacionalización, y la equidad, inclusión e interculturalidad.
Mejorar la financiación de las universidades, reformar el Icetex y el Icfes, y buscar caminos para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, eran algunos de los puntos esenciales que, para los rectores, debería tener la reforma.
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