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En los últimos días, el programa Jóvenes a la U ha sido tendencia en Twitter (ahora X). Un debate de control, citado por Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la Coalición Colombia Humana-Unión Patriótica, despertó una conversación en torno a esa iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, que busca garantizar el acceso a la educación superior.
Entre las principales críticas que plantea Sánchez están los requisitos que se les exigen a las instituciones de educación superior (IES), pues, según cuenta, con el paso de las convocatorias la Secretaría de Educación ha sido más laxa. (Lea ¿Quiere estudiar en Estados Unidos? La Feria Education USA comenzará en Bogotá)
Además, plantea que los recursos del programa se están yendo a universidades privadas, dejando a un lado a las públicas, una situación que “podría desfinanciar aún más a los planteles oficiales”.
Para Sánchez, los recursos de este programa se podrían destinar mejor a instituciones públicas como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que recibe un rubro importante del Distrito para su financiación.
Según explica, si el dinero del programa entra directamente a la base presupuestal del plantel, permitiría que se garanticen 40 mil cupos, que es la apuesta de la alcaldesa Claudia López con Jóvenes a la U.
Pero, para tener un panorama más claro es fundamental, primero, entender en qué consiste el programa. Jóvenes a la U fue creado con el objetivo de fomentar el acceso y permanencia en la educación superior. Está enfocado en jóvenes que tengan hasta los 28 años para financiar el 100 % de sus estudios en programas técnicos profesionales, tecnológicos y profesionales universitarios.
Según explica la Secretaría de Educación de Bogotá, no funciona bajo la modalidad de crédito condonable. En este caso se trata de un esquema de gratuidad que financia el 100 % de los estudios de los jóvenes, es decir, si el estudiante deserta o abandona sus estudios, no le debe retribuir nada al Distrito. Además, entrega a cada beneficiario un apoyo económico de un salario mínimo mensual legal vigente durante cada semestre que estudie.
Los fondos de este programa sobrepasan los $1,67 billones. Para manejarlos, junto a los de otras iniciativas de educación, el Distrito creó la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea).
La creación de esta agencia, en opinión de Maximiliano Gómez, exviceministro de educación superior, mostró que la educación superior también es responsabilidad de la entidad territorial. El piloto de este fondo, añade, fue “Reto a la U”, que llevó a que los jóvenes se familiarizaran con el entorno universitario. Tras ver que funcionaba, lanzaron la primera convocatoria de Jóvenes a la U, para evitar la deserción y abandono de los estudiantes una vez obtuvieran un cupo en el programa. En el primer año benefició a 73.927 estudiantes.
Las críticas alrededor del programa
Una de las críticas que le han surgido al programa, cuenta Sergio Lancheros, del grupo de Investigación en Política Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, gira en torno a la focalización de los beneficiados. Esto, en palabras menos técnicas, explica, “nos dice que para resolver el problema del acceso, incluso de las inequidades, basta con focalizar el gasto público entregándoles incentivos o subsidios a los más necesitados”.
En el caso de Jóvenes a la U, cuenta con unos factores diferenciales para mujeres, personas que pertenecen a alguna comunidad étnica, con discapacidad, transgénero, que estén en condición de pobreza, reincorporados y reinsertados, víctimas de violencia de género y del conflicto armado. (Lea Universidad Eafit de Medellín lamenta la muerte de uno de sus egresados)
A los ojos de Lancheros, uno de los problemas de focalizar el gasto público es que termina excluyendo a otras personas. “Muchas veces esos criterios de focalización son restrictivos y limitan la posibilidad de que con esos mismos recursos se fortalezca la oferta institucional, en especial la de planteles públicos”, asegura.
Para algunos críticos hay otro punto que ha causado discordia: la posible desfinanciación a las instituciones públicas. El programa, dice Sánchez, “toma los recursos que hay para la educación en el Distrito y los dirige hacia las instituciones de educación superior privadas”, pues, según sus cuentas, de las 33 instituciones de educación superior (IES) que participan del programa, solo seis son oficiales (18,18 %) y 27 son privadas (81,82 %). Además, por lo menos el 60 % de los recursos de la iniciativa se van a los planteles privados. Esto, añade, “no satisface la demanda, sino a los negocios de las universidades privadas”. (Lea Becas para estudiar en España dirigidas a indígenas, afrocolombianos y mujeres rurales)
En este mismo punto coincide Ronald Vargas, exrepresentante estudiantil de la Universidad Nacional. Señala que se debe a que el programa financia la demanda y los recursos no ingresan directamente a las bases presupuestales. “No se crea cobertura en términos reales, sino una paulatina. Una vez que finaliza el convenio, el cupo deja de existir, porque no se creó uno nuevo y depende de que se financie la beca”, puntualiza. Para él, se repite la fórmula del programa Ser Pilo Paga: “darles un mayor porcentaje de recursos a las IES privadas, porque la matrícula suele ser más costosa”.
Lancheros, de la Nacional, coincide en ese punto, pues, según dice, es “una forma de canalizar el gasto público hacia instituciones privadas y son las que se terminan quedando con un mayor porcentaje de los recursos del programa”.
Por eso, añade, la pregunta clave en la discusión es ¿cuántos estudiantes se hubiesen podido beneficiar si con esos recursos se hubiera fortalecido la oferta pública de educación superior en el Distrito? Para él, también hay otra inquietud que tiene que ver con la calidad: “¿Qué tanto hubiéramos mejorado en condiciones de calidad en nuestros planteles?”.
Pero no todos están de acuerdo en comparar el programa de Claudia López con Ser Pilo Paga. Gómez, exviceministro de educación superior, es uno de ellos. Asegura, primero, que Jóvenes a la U es un subsidio y no un crédito condonable.
Además, argumenta, en caso de desertar, el estudiante no se queda con una deuda enorme, sino que debe seguir el reglamento de Atenea, que establece, básicamente que el joven pierde el beneficio, pero no tendrá que realizar ninguna devolución de los recursos destinados a su matrícula y sostenimiento. La sanción en este caso es que esa persona no podrá participar en futuras convocatorias destinadas a otorgar cupos en educación superior.
La Secretaría tiene otro argumento para refutar a quienes dicen que su programa beneficia más a las IES privadas. Sus cifras muestran que la mayor parte de beneficiados se han inscrito en IES públicas, como se puede observar en la infografía que acompaña esta nota.
De acuerdo con esa entidad, en el caso de las universidades oficiales, el programa cubre el costo de la canasta, mientras que los planteles privados deben aportar al menos el 30 % de la matrícula de cada joven inscrito. Además, aseguran que a la par que se ha ejecutado Jóvenes a la U han ido empleando otras estrategias enfocadas en fortalecer la oferta educativa pública.
Por ejemplo, muestran, en el caso de la Universidad Nacional, ampliaron la capacidad del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (Peama) al financiar el acceso a la educación superior de más de 200 bachilleres de las zonas rurales de Bogotá.
De hecho, dice la Secretaría de Educación, ya tienen recursos garantizados para las cohortes completas de los 36.000 cupos que se han ofrecido hasta el momento en las cinco convocatorias. En otras palabras, su funcionamiento está garantizado hasta 2030.
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