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El Ministerio de Educación publicó dos meses antes de lo habitual la resolución que fija el techo para el aumento de las matrículas de los colegios privados en 2027 y la dejó firmada antes de que terminara el gobierno de Gustavo Petro. La decisión, que según la cartera busca dar más tiempo a las instituciones y secretarías de Educación para planear el siguiente año escolar, abrió un debate con el sector privado, que considera que adelantar el calendario los obliga a elaborar antes sus presupuestos, los cuales podrían no ajustarse a su realidad financiera. “Nos causa sorpresa ver cómo este año les dio una especie de afán de dejar la resolución firmada”, comenta Martha Yaneth Castillo, representante de la Mesa Nacional de Educación Privada.
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La principal preocupación, explica Óscar Sánchez, representante de los colegios privados de la localidad de Kennedy, es el momento en que quedó definido el aumento de las matrículas de 2027. Al tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, dice, las instituciones deben elaborar el presupuesto del siguiente año cuando todavía desconocen variables clave, como el aumento del salario mínimo, si habrá un incremento en los servicios de alimentación o en los contratos de alimentación y vigilancia o, incluso, si sube la inflación durante el segundo semestre.
“Nos afectaría en nuestros cálculos para poder proyectar de dónde vamos a sacar el dinero (…) podrían seguir teniendo un déficit en la proyección de costos”, agrega. Es decir, terminan elaborando todo su presupuesto sin tener un panorama relativamente claro de cómo cerrará la economía del año.
La explicación del Ministerio es distinta. Para Mauricio Katz, director de Cobertura y Equidad, el IPC es apenas uno de los componentes de la fórmula para calcular el incremento de las matrículas. Además, dice que no se fija un mismo aumento para todos los colegios privados. Si bien el punto de partida sí es el IPC, que en junio fue de 6,14 %, el Mineducación tiene en cuenta otros factores, como el régimen en el que esté clasificado el colegio, si es de libertad vigilada o de régimen controlado, por ejemplo, y una serie de incentivos relacionados con aspectos como la inclusión, la permanencia escolar o el reconocimiento a la labor docente. Al final, la suma de esas variables puede hacer que sea mayor el incremento, cuyo máximo autorizado es del 11,24 % sobre las tarifas que regían en el año anterior.
La fórmula funciona como una suma de puntos. Todos los colegios privados parten de una misma base: el IPC, que este año corresponde al de junio. A partir de ahí, las instituciones que cumplan ciertos requisitos (como pertenecer a determinados regímenes o acreditar programas de inclusión) pueden ir sumando puntos adicionales. Estos incrementos no son automáticos, pues cada institución debe demostrar ante el Ministerio que cumple con las condiciones para obtenerlos. En el mejor de los casos, un plantel podría alcanzar el aumento máximo autorizado, del 11,24 %. Eso significa que, si hoy cobra una matrícula de COP 2.000.000, podría cobrar hasta COP 2.224.800 en 2027.
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Los riesgos para los colegios privados
El problema, a los ojos de Martha Castillo, aparece cuando esa fórmula se cruza con los costos reales de operar una institución educativa. Para ella, si bien el incremento suena alto, no todos los colegios privados del país pueden acceder a ese 11,24 % del tope máximo. Entre sus cálculos estima que los que pueden llegar a ese valor son cerca del 7 u 8 % del total de planteles que tienen registrados en la Mesa Nacional de Educación Privada.
“Ni siquiera muchos colegios de estrato cuatro lo pueden hacer”, advierte. De hecho, como recuerda Carlos Ramos, rector del Colegio San Alejo, en Bogotá, este año ya fueron afectados “entre el 23 y el 25 % de los ingresos de los colegios privados con el alza del salario mínimo, que fue después de que tuviéramos la resolución del alza de matrículas”. Esta medida, agrega Sánchez, rector del colegio Liceo Carmelita, en Bogotá, “golpeó tremendamente” a los colegios de los estratos dos y tres, pues “subieron sus matrículas entre el 7 y el 9 %; y el salario mínimo incrementó el 23 %”.
Ese desbalance, advierte Ramos, podría repetirse en 2027. A su juicio, mientras los ingresos quedarían “amarrados” al IPC de junio, los gastos seguirían aumentando y, si los valores de otros indicadores cambian, los colegios deberán asumir esa diferencia. “Menos ingresos y más gastos”, resume. Por eso, considera que muchos colegios tomarían la decisión de que, en medio de un momento de incertidumbre financiera, “hagan una masiva solicitud para terminar sus licencias de funcionamiento, como ha venido ocurriendo en los últimos cinco años (…) no contamos con recursos estatales, dependemos del pago de las pensiones”.
Además del riesgo de un desbalance financiero, Ramos señala que la incertidumbre también se reflejaría en la planeación del siguiente año escolar, porque los colegios suelen cerrar las matrículas y contratar a sus docentes en diciembre. Pero, “si el presupuesto está construido sobre ingresos definidos varios meses antes, la planeación de la nómina se vuelve más incierta. Los colegios no podrían proyectar la contratación del personal para el siguiente año”, agrega.
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Sánchez aterriza esa preocupación con un ejemplo: imagine que un colegio tiene menos de 100 estudiantes y que apenas recauda lo suficiente para cubrir la nómina de sus docentes. Entonces, si tiene diez profesores que ganan un salario mínimo, gran parte de esos ingresos se destina al pago de este sueldo, dejando un margen pequeño para asumir otros gastos de funcionamiento, como el mantenimiento de la infraestructura o la seguridad. “Con esa matrícula no le queda ni para pagar el agua, la luz y el teléfono”, asegura.
Con ese panorama, cuenta Castillo, los colegios privados llevaron una serie de propuestas al Ministerio de Educación durante las mesas técnicas. Una de ellas es que se incrementara a 1,5 el porcentaje destinado a inclusión. En su opinión, se deben tener en cuenta las inversiones que debe “hacer un establecimiento educativo en docentes, personal especializado, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y todo el personal que se requiere para esta atención”. Sin embargo, sostiene que la cartera no lo tuvo en cuenta y que el valor quedó establecido en 0,4 %.
Por eso dice que, a pesar de que asistieron a las mesas de trabajo y reuniones con el Ministerio de Educación, la resolución que fue publicada el pasado 31 de julio no fue acordada y que “fue una decisión unilateral del ministerio. Asistimos a reuniones, se firmaron unas actas de asistencia, no de acuerdos”.
Los tiempos que no cuadran
Katz, director de Cobertura y Equidad en el Ministerio de Educación, responde a las críticas asegurando que la decisión de publicar y adoptar la resolución con anticipación se debe a dos situaciones puntuales. La primera de ellas es por una solicitud que hicieron las entidades territoriales certificadas, que en este caso son las 97 secretarías de educación, con el objetivo de tener más margen de tiempo y poder cumplir el calendario, pues, después de que se fija el techo de las tarifas, todavía quedan varios pasos administrativos: cada colegio debe definir sus tarifas en el consejo directivo; luego, reportarlas a la secretaría de Educación; y, finalmente, informar esos valores a las familias.
La Ley General de Educación, expedida en 1994, establece que los colegios deben informar a las familias, al menos 60 días antes de terminar el año escolar, cuánto costará la matrícula del siguiente. Es decir, más o menos en octubre, las instituciones ya deben tener claros esos valores. Para llegar a este punto, sin embargo, el Ministerio de Educación debe llevar a cabo unas mesas técnicas con la representación de la educación privada y sus agremiaciones, las cuales se deben instalar más o menos en junio, una vez las instituciones salen a vacaciones de mitad de año.
Después, en septiembre, los colegios privados comienzan a cargar la información en la plataforma de autoevaluación, que es la encargada de definir los porcentajes a los que puede acceder cada institución educativa y, una vez se establece esa información, se firma la resolución de costos.
“Por eso era normal conocer el documento final en octubre, con el IPC de agosto”, comenta Ramos. Aunque reconoce que es cierto que le solicitaron a la cartera que se conociera el valor antes de terminar septiembre, asegura que no saben “qué pasó y lo que hicieron fue que publicaron el 9 de junio un borrador de resolución donde informan que el IPC que será tenido en cuenta es el de junio”.
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La respuesta, sostiene Katz, se debe a la otra variable que tuvieron en cuenta para adelantarse y es evitar que el cambio de gobierno dejara sin tiempo para expedir la resolución. El Gobierno de Abelardo De la Espriella se posesiona el 7 de agosto y, aunque la resolución podía dejarse para la nueva administración, a juicio de Katz, el tiempo no alcanzaría para elaborar los estudios técnicos, publicar el proyecto para comentarios y expedirla antes de que iniciaran los procesos de matrícula. “Lo que hicimos fue anticiparnos. No es un acto arbitrario del ministerio”, sentencia.
Sobre los porcentajes establecidos, explica que, si bien el tope máximo de incremento es de 11,24 %, hay una tarifa mínima que puede incrementar los colegios, que es de 9,90 %. A sus ojos no pueden subir más los valores porque su responsabilidad como director de cobertura y equidad del Ministerio de Educación “es garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera de una actividad importante para el país, que es la educación privada, y la capacidad de pago de las familias”.
Katz reconoce, sin embargo, que existe la posibilidad de que el nuevo gobierno tumbe esta resolución. De hecho, después de que se conoció la resolución final, la Mesa Nacional de Educación Privada le envió un comunicado al Ministerio de Educación. “Le dijimos que estaba haciendo afirmaciones que faltaban a la verdad y que no había tenido en cuenta ninguna de las exposiciones que habíamos hecho en las reuniones que tuvimos”, indica Castillo. Frente a esta situación, agrega, le pidieron al equipo de la ministra de Educación designada, Viviane Morales, una reunión para analizar el documento final.
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