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En los pasillos y en las aulas de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), en donde estudian más de 18 mil estudiantes, se siente cierta zozobra sobre el futuro de la institución educativa, pues podría cambiar de mando luego de 13 años bajo la dirección de Luis Fernando Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria, actual director del Partido Liberal.
El pasado 8 de mayo el Consejo Superior Universitario (CSU) se reunió para votar, por sexta vez, para intentar designar al rector para próximo periodo. En la pugna se enfrenta Gaviria, que cuenta con el apoyo de los administrativos, los gremios y la gobernación, contra la propuesta alternativa para este periodo, el profesor Alexander Molina, que ganó la consulta previa y cuenta con el apoyo de los profesores y de los estudiantes de la universidad.
Como venía ocurriendo en los últimos meses, los representantes del CSU emitieron sus votos, y sin mayor novedad, la votación quedó en tablas con cinco votos para Gaviria y cuatro votos para Molina. Falta solo un voto para que la balanza permita la cuarta reelección de Gaviria, mientras que Molina, a quien el Gobierno Nacional le mostró su apoyo, necesita dos para lograr una victoria.
“Le solicito a las autoridades locales que las decisiones de las bases se tengan en cuenta. Hoy tenemos a la principal universidad del país, la más poderosa, parada en este momento, y el Gobierno Nacional va a tomar decisiones”, expresó en Pereira el presidente Gustavo Petro, en su intervención durante las jornadas de Gobierno al Barrio.
Ante la falta de decisión, la universidad está a cargo del rector (e) Francisco Gómez, un hombre cercano a candidato Gaviria que ha sorteado diferentes obstáculos para llegar de nuevo al puesto.
¿Un concepto liberal?
Una de las principales controversias en torno a la designación del nuevo rector es si Gaviria, que ya ha completado tres periodos, pero renunció a finales del año pasado, está habilitado para asumir el cargo. Esto se debe a que, a finales de 2023, se cambiaron los estatutos de la universidad en que se determinó que la rectoría solo podrá reelegirse una vez.
Ante esto, a principios de año, se interpuso una acción de tutela para que la universidad respondiera si Gaviria estaba inhabilitado para participar en la designación. Para resolver la controversia, la UTP contrató al exmagistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas.
Días antes de que Rojas emitiera su concepto sobre el futuro de la candidatura del exrector, el jurista fue nombrado por César Gaviria como nuevo director del Instituto de Pensamiento Liberal (IPL), un centro académico de formación de este partido.
“Es imposible encontrar a una persona con más calidades que las que tiene el doctor Alberto para ser el director del Instituto de Pensamiento Liberal”, mencionó entonces el expresidente.
Pocos días después, Rojas presentó su opinión favorable, lo que allanó el camino para la candidatura de Luis Fernando Gaviria. Argumentó, con base a varios antecedentes de la de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que “la Reforma Estatutaria no puede retroactivamente afectar situaciones ya consolidadas, como las elecciones previas del ocupante del cargo de Rector hasta el 6 de diciembre de 2023. En el momento de su promulgación, no existía ninguna prohibición estatutaria con respecto a la reelección de este cargo”.
Es decir, la norma no sería aplicable, ya que entró en vigor después de que Fernando Gaviria asumiera el cargo, en un momento en que dicha restricción no estaba en vigor. Si resulta elegido este año, este sería su último mandato como rector.
Ante el presunto conflicto de interés que significaría este concepto, el exmagistrado Rojas le respondió a El Espectador que su relación con “el Instituto de Pensamiento Liberal no va más allá de un contrato de prestación de servicios, respecto del cual actúo sin subordinación alguna, con independencia y con plena autonomía. Igualmente, hay que tener presente que como asesor eventual del Consejo Superior Universitario de la UTP no tengo competencia para tomar decisiones de ninguna naturaleza en el proceso de elección de Rector; tampoco obro como conciliador, ni como árbitro, ni mucho menos como juez, simplemente rindió su opinión profesional”.
Con este concepto, se dio vía libre a la candidatura de Fernando Gaviria, quien le aseguró a este diario que jamás acudiría a su hermano para hacerse reelegir. “Es innegable que somos una familia política, pero no voy a ponerme a exigirle que incida en este proceso. En este proceso, nos han apoyado diferentes actores que defienden nuestro proyecto. Si no se da mi designación, no voy a forzarlo”, afirmó.
Para defender su gestión, Gaviria asegura que ha logrado mantener las finanzas de la institución, con una calificación AAA por cumplimiento financiero. Además, dice con orgullo que el 48 % de universidad se construyó bajo su dirección, con 37 nuevos escenarios deportivos y con la nueva facultad de Ciencias Agrarias.
A pesar de estos resultados, entre los estudiantes y los egresados parece no existir el deseo de la reelección de Gaviria (como lo confirmó la consulta previa) y, en cambio, desean la designación de una nueva alternativa, el actual decano de la facultad de Ingenierías, Alexander Molina.
Tensión en el campus
En diferentes protestas o escenarios públicos, cierto sector de la UTP ha expresado su apoyo al profesor Molina, quien es oriundo de Florencia (Caquetá), investigador senior en el sistema CvLAC del Ministerio de Ciencias y adscrito a la universidad desde el 2003. No obstante, como el mismo lo relata, no ha sido un proceso sin sobresaltos.
“Hay una estrategia de cierto grupo que busca difamarme, en particular, en un audio o varias publicaciones en redes sociales se ha expedido la mentira de que a mi papá lo mataron por ser guerrillero, solo porque somos del sur del país. Él, gracias a dios, está vivo y pensionado del Ministerio de Salud y es una persona muy conocida en su barrio”, relata Molina
Desde entonces, Molina asegura que ha sido agredido verbalmente en sus clases y en espacio públicos por estos mensajes, por lo que ha sido catalogado como ‘bandido’, ‘insurgente’, o que está vinculado con los encapuchados de la universidad.
“Todo esto venía ocurriendo hasta que se atrevieron a llamarme. Indicaron que iban a acabar con mi vida, hablar incluso de un destripamiento y que me tenían ubicado. Además, hablaron de las mujeres de mi hogar. La denuncia ya está en la Fiscalía, pero, por el momento, no se sabe nada”, indica Molina.
Un elemento en común que ambos candidatos le indicaron a este diario es que esperan que se mantengan la paz en el campus universitario, en particular en medio del caldeado las elecciones de las instituciones de educación superior en el país.
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Por Fernán Fortich
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